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El pasado jueves, 27 angurrientos senadores dieron curso a la aprobación del Presupuesto General de la Nación con las modificaciones introducidas por las comisiones bicamerales para asegurarse un autoaumento de 6 millones de guaraníes que ingresarían como gastos rígidos para incrementar sus ya inflados salarios.
El texto final pasa nuevamente a la Cámara de Diputados, donde nos encontraremos con otros angurrientos similares, y como si fuera poca la desvergüenza, el presidente Santiago Peña ya adelantó que no vetará la ley una vez sancionada, es decir, el “aumentazo de la vergüenza” lastimosamente va camino a concretarse, a costa de los reclamos populares de todos los sectores de la sociedad.
Es decir, nuestros legisladores pasarán a ganar casi 39 millones de guaraníes mensuales, cuando el salario mínimo de los trabajadores en Paraguay, quienes trabajan a brazo partido durante 8 horas por día, no alcanza los 3 millones de guaraníes.
Este hecho no solo genera impotencia en una sociedad que no tiene cubiertas sus necesidades básicas, sino que produce indignación y promueve la crispación social. Hospitales sin medicamentos y cayéndose a pedazos, médicos que cobran un salario muy por debajo de la responsabilidad que implica cada cirugía, niños sin acceso a una escuela cercana en muchos lugares del país, comunidades indígenas sin acceso a agua potable o a un camino que los traslade a una ruta de acceso a servicios básicos, personas con discapacidad suplicando por una pensión que les permita equilibrar las barreras de acceso a derechos y oportunidades que enfrentan día a día y otras tantas miles de necesidades básicas que parecieran ser completamente desconocidas en el mundo paralelo en el que viven estos 27 senadores.
Sin embargo, cuando alguno de ellos o sus familiares necesite un trasplante de urgencia, probablemente sea ese médico que no cobra horas extras y que percibe un salario muy por debajo a la calidad del trabajo que realiza quien realice esa cirugía. O será aquella persona que estudió en esa escuela cayéndose a pedazos quien cuidará a sus hijos, conducirá sus vehículos o guardará sus espaldas. Será ese médico que gana mucho menos de lo que merece quien dará los primeros auxilios si se produjera un accidente de tránsito donde cualquiera de esos desvergonzados o sus allegados pudieran resultar víctima.
Ese pueblo hambreado, despojado de igualdad de oportunidades y gobernado por una casta de angurrientos es quien debe pagar los lujos y beneficios políticos de nuestros legisladores, quienes traicionando un mandato popular se autoasignan privilegios que caerán sobre las espaldas de sus víctimas estafadas.
Esta cadena de decisiones inescrupulosas atenta contra la dignidad, la satisfacción de derechos humanos fundamentales y corroe la esperanza de la gente de salir adelante. El ejemplo que dejan nuestros parlamentarios es el de “vamos por todo” no importa el costo, “vamos por más” aunque el pueblo paraguayo se muera de hambre. Y ese pensamiento traducido en su actuar solo despertará rencillas y divisiones, teniendo por un lado a los políticos privilegiados y por el otro al pueblo desesperanzado.
Pero más allá de discutir sobre el monto del aumento, o si en la suma total del presupuesto puede realmente tener un impacto significativo, el incremento de 6 millones mensuales para cada legislador es un hecho vergonzoso, es un mensaje de desigualdad, privilegios e inequidades que se envía cuando existen otras necesidades acuciantes que atender de manera prioritaria. Y es ese mensaje de desconexión entre el discurso parlamentario y los intereses personales de los legisladores con la realidad nacional el que genera el descontento y la indignación, llegando al punto del hartazgo. Pero no se debe subestimar a un pueblo cansado, porque cuando los de abajo se mueven, los de arriba sufren consecuencias.