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Esto último no se dijo expresamente, pero quedó implícito en el “Foro de Formalización de la Economía: Empleo y Empresas en Paraguay”, realizado en Asunción con la presencia de expertos nacionales y extranjeros, entre ellos el chileno Guillermo Ramírez, director de la filial regional de la Cambridge Business Association, una nucleación internacional de alta gerencia patrocinada por esa prestigiosa universidad británica.
Ramírez observó que en Paraguay está perpetuada una “cultura de validación” y que se debe comenzar por ahí. Por un lado, el proceso de formalización sigue siendo lento, engorroso y costoso, y, por el otro, existe una generalizada tolerancia ante el incumplimiento de la ley. De esa manera, aquellos que están dispuestos a formalizarse se topan con la competencia desleal de quienes no lo hacen y pueden seguir operando tranquilamente. Mientras esto persista, ninguna iniciativa tendrá el éxito esperado.
Sugirió una serie de acciones, todas ellas dirigidas a demostrar a los emprendedores los beneficios de la formalización. Dijo que el primer incentivo debe ser financiero, para permitirles que sigan creciendo, cuidando sus costos fijos y generando empleo de calidad. También planteó apostar a instituciones, gremios o asociaciones internacionales para romper barreras que hoy limitan al Paraguay, “algo que solamente con la formalidad se puede lograr”. Y, finalmente, enviar un mensaje “claro y coherente” desde los niveles oficiales y desde el sector privado a favor de la formalidad, incluyendo mediciones verificadas del impacto positivo de la formalización.
La informalidad tiene muchos y graves efectos perniciosos para la economía y la sociedad. Para empezar, las unidades económicas informales son mucho menos productivas y rentables que las formales, incluso aquellas que aparentan lo contrario si se las compara con sus pares del mismo sector y tamaño en el mercado formal. Esto tiene que ver con varios factores que socavan su capacidad de estabilidad, crecimiento, acumulación de capital y acceso a economías de escala.
Si bien generan ingresos, por lo general estos no son suficientes para posibilitar un ahorro, lo que se suma al hecho de que los trabajadores informales, sean empleados, cuentapropistas o microempresarios, no aportan a la seguridad social ni están adheridos a ningún plan jubilatorio, con las serias consecuencias que ello conlleva en el largo plazo.
Otro efecto obvio es la evasión al fisco, lo que, por un lado, limita la capacidad del Estado de responder a las necesidades de la ciudadanía y, por el otro, recarga injusta y desproporcionadamente el peso del mantenimiento del sector público sobre las espaldas de los que sí se adecuan a las normas.
Asimismo, la informalidad es un poderoso caldo de cultivo para la criminalidad y la inseguridad, lo que tiene un impacto profundo en la calidad de vida de la población, especialmente de los segmentos más pobres. Esto es así por dos razones principales. La primera es que en un ambiente informal prima la ley del más fuerte, tiende a imponerse el más despiadado, no necesariamente el más eficiente y competitivo. La segunda es que el mercado negro es crucial para las actividades criminales. Un ejemplo típico es que no habría robo de celulares, ni asaltantes dispuestos hasta a matar por ello, si no pudieran venderse libremente en puestos del Mercado 4.
Por lo tanto, generar incentivos correctos para formalizar la economía es una necesidad fundamental para el desarrollo del país y debería ser una de las máximas prioridades del Gobierno, que no solo tiene que ocuparse de facilitar la formalización, sino de combatir la informalidad, exigir el cumplimiento de la ley, por ejemplo, con los aportes al IPS, y dar el ejemplo desde arriba para abajo. Sin embargo, no es así. Más allá de los cínicos discursos, en la práctica lo que existe es una olímpica vista gorda, casi siempre por espurios intereses creados.