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Una investigación periodística constató que una prima del ministro de Vivienda y Urbanismo, Juan Carlos Baruja, atendía una despensa en Paraguarí y a la vez cobraba 4.500.000 guaraníes mensuales como funcionaria de la Cámara de Diputados, el cómodo albergue de familiares cercanos de varios de sus miembros. Su permanente ausencia en el lugar de “trabajo” no fue advertida por la Dirección de Recursos Humanos, quizás porque su aporte al buen desempeño institucional era absolutamente innecesario, tanto como el de los 484 funcionarios del Poder Legislativo que están comisionados en 171 entidades públicas, entre ellas 81 municipalidades y 12 Gobiernos departamentales. Es probable que los que “prestan servicios” en estas últimas instituciones sean familiares u operadores de legisladores que representan a las respectivas zonas, así ni siquiera tienen la necesidad de alejarse de sus pagos. Es también llamativa la suerte de “cooperación” que existe entre los dos cuerpos colegiados que integran el Poder Legislativo, pues 46 funcionarios de la Cámara de Diputados están comisionados en la de Senadores, y siete de esta en la otra. Estos datos ilustran el caos reinante en materia de personal público, debido al feroz clientelismo político que sacrifica la racionalidad administrativa que pretenden la Constitución y las leyes.
Es notorio que desde que fue creada hace veinticuatro años, la Secretaría de la Función Pública (SFP), hoy absorbida por el Ministerio de Economía y Finanzas, no ejerce su facultad de asesorar a la Administración Central, los entes descentralizados y los Gobiernos departamentales y municipales, acerca de la política de recursos humanos a ser ejecutada. Si lo hace, es ignorada por completo, salvo que aconseje nombrar o contratar sin atender los requerimientos de la eficiencia institucional y de la austeridad presupuestaria. En particular, los comisionamientos no se efectúan, en la gran mayoría de los casos, “por razones de servicio”, tal como manda vagamente la Ley de la Función Pública, sino porque el funcionario tiene algún contacto en otro organismo donde tendrá un sobresueldo, manteniendo el de su entidad de origen, aunque deba ser trasladado a un cargo de igual o similar remuneración. Es elocuente el caso de los funcionarios designados por el expresidente de la Junta Municipal de Asunción Luis Fernando Bernal, a quienes este llevó consigo a la Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (Essap) cuando asumió allí como presidente: uno de ellos, el bachiller Santiago Agüero, se convirtió en “coordinador de la Coordinación de Archivo General” (sic), con una “diferencia de sueldo” de 7.812.210 guaraníes mensuales, que se suman a los 4.680.790 que sigue cobrando como funcionario municipal.
Cuando el comisionamiento se realiza a otro municipio, el agraciado tiene la ventaja adicional de poder “planillear” con mayor facilidad aún, sin que de hecho exista alguno de estos motivos legales exigidos para la mudanza: urgencia por cubrir vacancias, condiciones profesionales que requieran que el funcionario trabaje en cierto municipio o departamento, falta de personal calificado en el lugar de destino o “exigencias de la naturaleza del cargo”. Como muchas veces los comisionamientos se realizan desde una estructura gubernamental con presupuestos de distinto origen, ocurre, por ejemplo, que el contribuyente asunceno debe pagar el sueldo de un funcionario que figura en un Ministerio. Existen comisionamientos hasta de funcionarios del IPS a otras entidades, que así deben pagar salarios extras sin recibir aportes de trabajadores y empleadores. También son frecuentes los comisionamientos a y desde las entidades binacionales, con lo que se completa un caótico circuito muy propicio para ir engrosando las planillas de los distintos presupuestos. Habría que estudiar la legalidad de estos operativos, pero es casi seguro que no existe ningún interés en modificar esta situación, muy conveniente para el clientelismo.
Es de lamentar que el proyecto de ley “De la Función Pública y del Servicio Civil”, que cuenta con media sanción del Senado, no impida estas anomalías en sus tres artículos sobre la “movilidad laboral”. En lo esencial, se limita a decir, como en la ley teóricamente en vigor, que el traslado por razones de mejor servicio tiene que hacerse de un puesto a otro de igual o similar jerarquía y estar debidamente fundado, sin importar que las entidades afectadas pertenezcan a distintos niveles político-administrativos. El caos actual –deliberadamente generado– implicó ignorar la Resolución N° 187/20 de la SFP, que incluye un formulario para que el órgano de destino le presente las “necesidades de dotación de personas para el comisionamiento”, para difundirlas a través del sitio web; consta de seis apartados en los que se debe fundamentar el pedido, identificar el área a ser fortalecida, describir el perfil deseado, detallar las actividades a ser realizadas e informar sobre las condiciones laborales, indicando si los servicios serán presenciales o no y la remuneración adicional, entre otras cosas. Por supuesto, ninguna de estas exigencias son cumplidas, lo que facilita el tráfico de funcionarios entre una institución y otra, presuntamente sin necesidad alguna, más allá de satisfacer a la clientela, en la mayoría de los casos.
En consecuencia, el problema esencial de nuestra superpoblada administración pública radica en el incumplimiento liso y llano de las normativas: podrán ser mejoradas, sin duda, pero mientras persista el desapego impune a la legalidad, ellas solo podrían servir, en todo caso, para dar la impresión a la comunidad internacional de que el Paraguay es un país “moderno”, aunque el común de sus funcionarios no haya participado en un concurso público de oposición porque el patrocinio de un mandamás es condición necesaria y suficiente para ocupar un cargo público.
Los ciudadanos –y los propios funcionarios que verdaderamente trabajan– deben denunciar a los paracaidistas que aterrizan en las instituciones públicas para calentar sillas y sin producir absolutamente nada, con salarios que superan a los de los médicos y enfermeras. Esos parásitos son los culpables de que falten medicamentos en los hospitales y de las escuelas ruinosas que existen en nuestro país.