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El pasado 7 de noviembre, en ocasión de la presencia en Asunción del canciller y del ministro de Minas y Energía del Brasil, Mauro Vieira y Alexandre Silveira, el gobierno de Santiago Peña anunció que a partir de ese momento se harían “reuniones semanales”, tanto presenciales como virtuales, para cumplir el plazo del 31 de diciembre de 2024 mencionado en el acuerdo tarifario de mayo para la renegociación del Anexo C del Tratado de Itaipú. No se sabe qué pasó después. Si esas reuniones se realizaron, se hicieron a espaldas de la ciudadanía y de la opinión pública, lo cual es muy sospechoso, por decir lo menos, en un tema tan sensible para los intereses y los sentimientos nacionales. Mientras tanto, sigue como si nada el statu quo en favor del Brasil y en detrimento del Paraguay.
Periodistas de nuestro diario trasladaron la pregunta a la Cancillería, donde les dijeron que “ese tema lo lleva el Ministerio de Industria y Comercio”, cuyo titular, Javier Giménez, a la vez miembro del Consejo de la binacional, había declarado que haría “un esfuerzo por socializar” el curso de las anunciadas reuniones semanales. Nuestros periodistas entonces recurrieron al MIC, donde les indicaron que “todo lo referente a Itaipú es con Itaipú”. Se dirigieron, por tanto, a Itaipú, donde les comunicaron que “la Cancillería es la que coordina eso” y que Itaipú “no participa en forma directa de las tratativas”.
Este “pase de pelota” sugiere dos inquietantes posibilidades, ambas con el mismo resultado. La primera es que tales reuniones no existen ni hubo nunca intención de que existieran y que todo fue una formidable cortina de humo del Gobierno para disimular su propia inoperancia. Recordemos que el plazo de revisión del Anexo C ya se cumplió el 13 de agosto de 2023, dos días antes de que Santiago Peña asumiera la Presidencia, y en más de un año no hizo ni consiguió absolutamente nada para restituir los derechos paraguayos en la binacional. De hecho, el propio Giménez, poco antes de la visita del canciller, había señalado que no ha habido ninguna negociación formal sobre la cuestión.
La segunda es aún peor, pero es algo que la gente tiene derecho a sospechar, tanto por el proceder histórico de Brasil como por el llamativo comportamiento de la actual administración paraguaya. Y es la posibilidad de que, en realidad, haya algún tipo de pacto, sea explícito o tácito, de dejar todo como está por el mayor tiempo posible, a cambio de pequeñas concesiones que no suponen ningún cambio estructural, como lo fue el tan celebrado acuerdo tarifario de mayo, que lo único que les permite, tanto a Paraguay como a Brasil en partes iguales, es contar con una diferencia en forma de “gastos sociales”, pero manteniendo todo el resto inalterado.
El hecho principal en Itaipú es que, en virtud del Anexo C, Brasil se apropia de la parte paraguaya sobrante a cambio de una ínfima “compensación”, totalmente divorciada del valor de mercado de esa energía. Desde que la usina comenzó a generar, Brasil se ha quedado con el 90% del aprovechamiento y Paraguay no ha recibido los beneficios que le corresponden por la explotación de su mitad del recurso natural y de la central hidroeléctrica.
El argumento esgrimido en su momento para esta inequidad fue que Paraguay no tenía la capacidad financiera para solventar su parte de la construcción de la central. Se trata de un argumento falaz, ya que Itaipú se autofinanció de punta a punta, a costos financieros exorbitantemente sobrefacturados, también en beneficio del Brasil, pero, al margen de ello, el punto es que la deuda ya está cancelada, pero la situación continúa exactamente igual.
Hasta el día de hoy Brasil se apropia a precio vil de los excedentes paraguayos, que llegan hasta unos 20 millones de megavatios/hora al año, un volumen equivalente a todo el consumo nacional de electricidad, y luego los revende entre operadores privados, quedándose con una enorme renta que legítimamente le tendría que pertenecer a Paraguay.
Cada día que se demore la revisión del Anexo C y la restitución del derecho de Paraguay a un precio justo y a la libre disponibilidad de su parte de la energía, es pérdida para nuestro país y menoscabo de su soberanía. Pero el gobierno de Santiago Peña acepta migajas, que más parecen sobornos, y permite que se le siga dando largas al asunto en favor de Brasil y en perjuicio de nuestro país. Por mucho menos a Mario Abdo Benítez se lo trató de entreguista y se le estuvo a punto de hacer un juicio político.