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En una rauda sesión de media hora, que dedicó cinco minutos al tema que nos ocupa, una gran mayoría de los ediles volvió a confabularse con el intendente Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR, cartista) al autorizarle a malbaratar seis hectáreas del dominio privado municipal, situadas en la Costanera Norte. Por buenos motivos, la subasta pública prevista fue considerada “altamente perjudicial para el futuro” de la ciudad por el Consejo de Desarrollo de Asunción (Codeasu), una alianza interinstitucional que busca cooperar con la Municipalidad, con el empresariado y con organizaciones sociales, en materia de planificación y seguimiento de las obras a ser ejecutadas. Según la entidad, la venta al margen del Plan Maestro de la Franja Costera (1996) que regula el uso del suelo, desarrollado con la ayuda técnica del Banco Mundial y con un crédito ya aprobado de 105 millones de dólares, conllevaría que se recaude una suma muy inferior a la que se lograría en el marco del plan, que contempla la realización de diversas labores de mejoramiento citadas en el extenso informe que la Codeasu entregó a los ediles en septiembre de este año.
Dada la crítica situación financiera municipal, debida a la corrupción y al derroche, es comprensible que el Consejo subraye hoy que “utilizar estos valiosos activos públicos para pagar deudas sería una decisión profundamente irresponsable y errónea”, pues implicaría “sacrificar bienes fundamentales” para el futuro de Asunción “a cambio de una solución momentánea e inadecuada”. El precio base de las dos fracciones llega a un total de 174.862 millones de guaraníes, según el pliego de bases y condiciones. En efecto, si presumiblemente fueron desviados unos 500.000 millones de guaraníes para el pago ilegal de gastos corrientes, en el mejor de los casos, no debe sorprender que el nefasto jefe comunal quiera desprenderse cuanto antes de las joyas de la abuela para cubrir deudas y gastos operativos, como señalaron los concejales Álvaro Grau (PPQ) y Rosanna Rolón (ANR).
Por cierto, en el pliego aprobado se dispone en términos generales, de acuerdo a la propuesta del intendente, que el importe de lo subastado deberá destinarse al servicio de la deuda, a gastos operativos y a gastos de inversión, es decir, el propio Nenecho confesó que en gran medida servirá para tapar agujeros y mantener a la clientela presupuestada. Los concejales le dieron un plazo de sesenta días para detallar el destino de los fondos. No se les ha ocurrido comprometerse a ser más honestos, desprenderse de la burocracia parasitaria ni aumentar la eficiencia de las oficinas recaudadoras. Como todo eso les costaría mucho, prefieren dilapidar inmuebles para ir tirando del carro.
Vale la pena, en el literal sentido de la expresión, transcribir lo que el imputado por lesión de confianza y asociación criminal dijo sobre el motivo de su apuro: “Quiero quedar en la historia de ser quien sembró la semillita para el día de mañana poder ir con mis hijos y decirles que yo fui el loco, el que se arriesgó, el que tuvo los pantalones y los huevos bien puestos para desarrollar ese lugar que nadie se animaba”. En realidad, el olvido no tendría que inquietarle, porque ya entró en la historia como el responsable de la que tal vez sea la mayor malversación de los anales paraguayos, al decir del senador Eduardo Nakayama. Por lo demás, a la ciudadanía le importa poco o nada el estado de su zona genital: le importan más bien el de su cerebro y el de su ética, que no parecen hallarse en óptimas condiciones, al igual que el juicio y la moral de numerosos ediles.
No obstante, todos ellos deberían saber que el art. 192 del Código Penal castiga con hasta cinco años de cárcel o con una multa a quien, en base a una ley, a un acto administrativo o a un contrato, se obligó a proteger un interés patrimonial relevante para un tercero y cause o no evite un daño patrimonial, dentro del ámbito de protección que se le confió; en los casos especialmente graves, la pena de prisión puede llegar hasta diez años.
La Intendencia y la Junta Municipal se burlan de la población sin disimulo. La subasta en cuestión supondrá una notable pérdida patrimonial y económica para la Municipalidad, de modo que la Contraloría General de la República y el Ministerio Público –y una activa participación de la ciudadanía víctima– ya deberían tomar cartas en el asunto para frustrar la eventual comisión del hecho punible de lesión de confianza. Puede que, en vez de entrar en la historia, el uno y los otros entren en prisión, si el Estado de derecho funciona como es debido en nuestro país.