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Santiago Peña suele denostar y por todos los medios intenta diferenciarse de su antecesor, Mario Abdo Benítez, pero el proyecto de Presupuesto General de la Nación que presentó para 2025, hoy ya con media sanción de la Cámara de Diputados, no presenta ningún cambio significativo en relación con los anteriores, y en varios aspectos es peor. Por citar dos ejemplos, contempla otro subsidio estatal para la jubilación vip de los parlamentarios y un incremento neto de 12.000 funcionarios permanentes. La tan mentada “voluntad política” de la que tanto hablan los gobernantes, si no se refleja en el presupuesto, es pura charlatanería.
El Gobierno sostiene que este proyecto de presupuesto es el primero enteramente elaborado por su administración. Esta es, como mucho, una media verdad, pero, si así fuere, no se observa ninguna señal de rectificación sustantiva de la perversa e ineficiente estructura del gasto público, caracterizada por un déficit fiscal por encima del tope legal, alto y creciente endeudamiento sin suficiente retorno, desproporcionado peso del gasto corriente y del gasto fijo y, en contrapartida, retracción y recortes de las inversiones físicas, sobrefacturaciones, planilleros, “nepobabies”, privilegios indebidos. Todo esto sigue exactamente igual o peor, en línea con el retraso de todas y cada una de las reformas estructurales que supuestamente esta gestión iba a llevar adelante y que no han avanzado prácticamente en nada.
Hasta el momento el Presupuesto prevé un gasto total de 17.560 millones de dólares, monto que quieren presentar como nominalmente inferior al de 17.827 millones de dólares que se aprobó para 2024, pero el dato es engañoso, porque simplemente refleja la variación del tipo de cambio. En guaraníes, el gasto previsto para 2025 es de 132,8 billones, superior en casi 15% a los 116,5 billones originalmente aprobados para este año, y todavía falta contrastarlo con la ejecución final del ejercicio.
Peor aún si se lo compara con 2023, año en que se ejecutó un gasto de 101 billones de guaraníes, y eso ya considerando la fuerte ampliación promovida por esta administración, con un salto en el endeudamiento y en el déficit con la excusa de la necesidad de pagar deudas vencidas con proveedores y contratistas, a los que, pese a ello, se les sigue debiendo. Con el monto previsto para 2025, el gasto público se habrá incrementado más de 30% en tan solo dos años, lo cual es muchísimo.
Por lo tanto, el gobierno de Santiago Peña no solamente gasta más que el de Mario Abdo Benítez, sino que gasta mucho más. Si ello tuviera una razonable correlación en más y mejor infraestructura, en más efectivos servicios públicos a la ciudadanía, quizás se podría justificar, pero lo que hay es más burocracia estatal y más derroche a cuenta de los contribuyentes.
Ha habido un aumento considerable de las recaudaciones, algo que el Gobierno se esfuerza en atribuir a su buena gestión tributaria, pero que principalmente se debe al ciclo de crecimiento que atraviesa la economía nacional, que, como su nombre lo indica, es cíclico y en algún momento se va a revertir. Cualquiera sea el caso, el hecho es que se trata de más dinero extraído del bolsillo de la gente, ¿cómo se lo utiliza?
Según el último Informe de Situación Financiera del Ministerio de Economía, el gasto de la administración central de enero a octubre creció 13,8% en comparación con el mismo período del año pasado. Ello no fue por nuevas inversiones, que, al contrario, experimentaron una contracción, sino principalmente por intereses de la deuda pública y aumento de remuneraciones, y en menor medida por compra de medicamentos. El gasto salarial en esos diez meses consumió el 52,4% de los ingresos, pese a que estos últimos se incrementaron en 17,4% en el mismo lapso. En contraposición, la inversión pública cayó 2,8% por debajo de la ejecutada en igual período de 2023.
En más de un año en funciones, el Gobierno nada ha hecho para cambiar estas tendencias. El Poder Ejecutivo terminó presentando proyectos totalmente desnaturalizados para las nuevas leyes de organización administrativa y de la función pública y de la carrera civil, que eran las supuestas piezas claves de la reforma del Estado, con lo cual, solo servirán para que todo continúe igual. Tampoco ha hecho nada para sanear la administración pública ni para contener el descalabro de la Caja Fiscal.
Si se esperaba que alguna buena señal se vislumbrara en el Presupuesto 2025, esa expectativa también ha quedado frustrada. Mario Abdo Benítez por lo menos puede alegar que le tocaron la pandemia y malos años económicos, incluida una sequía que arruinó el 60% de la cosecha. Santiago Peña tiene todo a su favor, goza de más dinero de los contribuyentes, pero es más de lo mismo o peor. Si se hacen las cosas de la misma manera, no se pueden esperar resultados distintos.