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Las bandas delictivas, cada vez más diestras y violentas, que mucho han aprendido de organizaciones criminales foráneas, se han sumado a los motoasaltantes y a los ladronzuelos, como generadoras de inseguridad. Es tanta la que hoy impera que la Policía Nacional (PN) está siendo claramente derrotada al enfrentarse con atracadores bien pertrechados. En efecto, el 16 de septiembre y tras haber asaltado en la Ruta PY02 un camión con mercaderías, los malvivientes fueron interceptados por una patrullera de la comisaría de Atyrá, pero ¡los agentes fueron reducidos por los criminales! El Ministerio Público sospecha que un suboficial asignado al Departamento de Automotores de la PN fue el cabecilla del robo. El 1 de noviembre y en la misma ruta, a la altura de Juan Manuel Frutos, tres agentes policiales se vieron obligados a huir, dejando la patrullera en manos de los malhechores que los balearon con armas de grueso calibre, luego de asaltar un camión con encomiendas. Estaban tan bien equipados que hasta tenían aparatos para bloquear teléfonos móviles y el sistema de posicionamiento global (GPS). El último fin de semana, media docena de encapuchados asaltaron un camión con mercaderías cerca de Edelira, Itapúa.
Se espera que tengan mejor uso las 250 camionetas compradas con fondos de Itaipú Binacional y distribuidas desde fines de septiembre, también para que las empresas transportadoras no aumenten los recursos destinados a su protección, con la consiguiente alza de sus tarifas. Es que la zozobra generalizada también tiene graves efectos para la economía nacional, según surge de un reciente informe del Banco Interamericano de Desarrollo sobre el impacto en el desarrollo de los fondos destinados a medidas de seguridad, preventivas y reparadoras. En el Paraguay, los costos empresariales respectivos, que se trasladan a los precios de los bienes y servicios ofertados, llegan al 2,07% del Producto Interno Bruto, superando el promedio latinoamericano y caribeño del 1,60%; si se agregan los costos causados por el crimen con relación a los relativos al sector público y al capital humano, el porcentaje paraguayo equivale al 3,65%, en tanto que el regional al 3,44. Es decir, la inseguridad tiene serias secuelas no solo para la vida, la libertad y los bienes de las víctimas individuales directas, razón por la que también el Ministerio de Economía y Finanzas debería inquietarse.
Como no se redujo la delincuencia de menor rango, es entendible que los pobladores de una compañía de Yaguarón, víctimas de los frecuentes robos domiciliarios cometidos por drogadictos, hayan instalado 56 cámaras de vigilancia a un costo global de 40 millones de guaraníes, en su mayor parte financiado por la Municipalidad. Si el Ministerio del Interior, el órgano del Poder Ejecutivo encargado de la seguridad interna, es incapaz de preservar la vida, la libertad y los bienes de las personas, a estas no les quedará más remedio que el de tomar medidas colectivas de precaución. A tanto ha llegado la preocupación por la inseguridad que la comuna yaguaronina haya creado la Policía Municipal, con ciertas atribuciones cuestionables, las que fueron subsanadas luego de una reunión entre el ministro del Interior, Enrique Riera; el comandante de la Policía Nacional, Carlos Benítez; y el intendente local, Luis Rodríguez (PLRA). Por su parte, vecinos de un barrio de Ayolas crearon una “comisión cachiporra”, dada la proliferación de rateros y de drogas, pese a la presencia del promocionado Grupo Lince. El nombre de la comisión obliga a subrayar que las medidas preventivas de la ciudadanía tienen que ajustarse a la ley y que el Estado debe poder garantizar el orden público para que no se llegue al extremo de hacer justicia por mano propia.
En junio, el ministro del Interior se atrevió a decir que nuestro país es uno de los más seguros de Sudamérica, mientras que en octubre, el de Defensa Nacional, Óscar González, sostuvo que en Pedro Juan Caballero el sicariato “disminuyó en un porcentaje altísimo”. Poco después, un doble asesinato, cometido en el curso de una disputa lambareña entre el Clan Rotela y el Primer Comando da Capital, demostró que el crimen organizado está ampliando su campo de operaciones. Los dichos referidos revelan que el Gobierno está bastante satisfecho con el grado de seguridad interna, lo que permite objetar seriamente su percepción de las circunstancias, a juzgar por las noticias diarias y las manifestaciones de la población en las redes sociales.
Puede que la PN necesite patrulleras, chalecos antibalas, armamento moderno, motocicletas y nuevos equipos de comunicación, las que, de acuerdo a la promoción realizada por el actual Gobierno, han mejorado considerablemente. No obstante, es necesario sanear a fondo a la fuerza, según se viene reclamando desde hace años. A la formación técnica y al equipamiento idóneo debe agregarse la depuración del personal para que no siga perpetrando hechos punibles, como asaltar una pizzería en Itauguá, atracar a un cobrador de quiniela en Fernando de la Mora o saquear un camión en la Ruta PY02, fechorías estas cometidas en los últimos dos meses con participación de agentes del orden, de acuerdo a las informaciones difundidas.
La Dirección General de Asuntos Internos y la Dirección General de Inteligencia Policial tienen mucho que hacer para desmantelar las bandas en auge, pues el crimen organizado se dedica a algo más que al narcotráfico; el de armas es muy lucrativo y no se limita a abastecer a la mafia brasileña. Ambas actividades deben ser atacadas sin perder de vista el frente interno, es decir, la confiabilidad del plantel de uniforme. La aplicación urgente de medidas de prevención y de represión exige que el Gobierno deje de subestimar la pavorosa inseguridad, ignorando las amenazas diarias que penden sobre una población desprotegida y sobre los propios uniformados, según surge también de que en la noche del sábado haya sido baleada una caseta de la Patrulla Caminera cerca de Hernandarias, en un aparente acto de venganza donde murió un inspector, habiendo sido detenidos el presunto homicida y su cómplice, ambos con antecedentes policiales. El fácil acceso a las drogas y a las armas comercializadas a gran escala han hecho del país un escenario de reiterados crímenes que, cabe insistir, no afectan solo a las personas físicas, sino también al desarrollo nacional.