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Aparte de instalar a su parentela en el Congreso, de otorgarse cupos de combustible y de trasladar a los contribuyentes el costo de un seguro médico o de un viaje de placer al extranjero, ganando 32 millones de guaraníes mensuales por trabajar muy poco, los legisladores paraguayos suelen exhibir la soberbia del mediocre que se cree superior al común de los mortales por el mero hecho de ocupar un cargo. Así, en los últimos meses se han conocido los casos de la senadora Zenaida Delgado (ex Cruzada Nacional, hoy cartista), que tuvo un percance con un vehículo que le fuera otorgado por la Cámara de Senadores, que estaba al mando de su pareja; de los escándalos de la senadora Norma Aquino, alias Yamy Nal (también ex-Cruzada, hoy cartista); del también tránsfuga de Cruzada y hoy cartista Jatar “Oso” Fernández, cuestionado por la supuesta ocupación de un terreno en Ayolas, o de la senadora Noelia Cabrera (expulsada del PLRA), pillada haciendo compras con un vehículo a cargo de la Senabico.
No sorprende, pues, que la aparente inconducta exhibida ahora por la diputada Liz Cristina Acosta (ANR, cartista) cuando su camioneta polarizada, en la que viajaba con su hermana y el chofer, fue interceptada en Ciudad del Este por cuatro agentes del Departamento de Investigaciones de la Policía Nacional que investigaban un homicidio. Lo grave es que el vehículo tenía balizas encendidas, un dispositivo de uso prohibido para vehículos civiles, no así para los de organismos de seguridad. La parlamentaria se identificó en tal carácter, se negó a bajar la ventanilla e impidió el cateo del rodado, para luego denunciar en una comisaría local que los policías “actuaron en todo momento con mucha prepotencia”, según se lee en el acta no firmada por la declarante.
Por de pronto, los agentes fueron apartados de sus cargos y enviados a la capital a la dependencia de Asuntos Internos, lo que podría concluir con alguna medida disciplinaria a causa de quien en 2003 fue procesada y condenada en primera instancia en Foz de Yguazú por narcotráfico, siendo absuelta después en virtud del principio de que en la duda hay que estar a favor del reo. El incidente hace recordar que en diciembre de 2023, según publicó en marzo de este año el medio digital brasileño Campo Grande News, el fallecido diputado Eulalio Gomes Batista empleó su camioneta para facilitar la fuga de un narcotraficante del Comando Vermelho; al ser detenido por agentes de la Secretaría Nacional Antidrogas, habría invocado su inmunidad parlamentaria para impedir la revisión del vehículo. El paralelismo es importante para explicar el recelo de los intervinientes en situaciones parecidas. Sin embargo, a raíz de lo ocurrido es para pensar que quienes cumplían con su trabajo serán quienes posiblemente sufrirán alguna consecuencia.
Es obvio que la inmunidad invocada por la parlamentaria para exhibir la actitud poco menos que de intocable frente a las autoridades no correspondería en este caso. El art. 191 de la Constitución solo dispone que “ningún miembro del Congreso podrá ser acusado judicialmente por las opiniones que emita en el desempeño de sus funciones”. Agrega que ningún senador o diputado “podrá ser detenido... salvo que fuera hallado en flagrante delito que merezca pena corporal”. La norma citada no prohíbe en absoluto que la fuerza pública detenga el vehículo de una legisladora para inspeccionarlo durante un procedimiento contra delincuentes o por violar alguna prohibición relativa al tránsito: también ella está obligada a respetar las leyes, como cualquier otra persona. La chapa del Poder Legislativo no habilita a transgredir reglas de tránsito ni la investidura autoriza a cometer delitos. Reconforta que el comisario Wilfrido Maldonado, jefe de Investigación de Delitos en el Alto Paraná, haya dicho que sus subordinados no cometieron ningún hecho punible, si es cierto que actuaron según el manual de procedimiento. Sería inadmisible que sufran alguna sanción por haber cumplido con su deber, mientras que un legislador pueda circular como se le antoje, pudiendo incluso transportar cargas ilícitas sin temor a que su vehículo sea eventualmente inspeccionado por la fuerza pública. Si la diputada de marras se sale con la suya, habrá que temer que sus colegas se atrevan a algo más que circular por calles y rutas como les dé la gana. Es, además, un pésimo mensaje que se dirige a los agentes del orden público, de tener que mirar para otro lado y no intervenir cuando está de por medio una chapa legislativa o alguna credencial de alto nivel, aunque exista peligro de la comisión de algún delito.
Liz Cristina Acosta es una exponente de gran parte del Congreso, en el sentido de que enloda la banca para obtener beneficios personales y buscar el castigo para quien aplique alguna regla contraria a su interés. Y todo sin ningún problema de conciencia, como si estuviera más allá del bien y del mal. Por lo demás, es presumible que su notoria afinidad con el expresidente de la República y hoy titular del partido gobernante, Horacio Cartes, y con el presidente Santiago Peña –según surge del profuso material gráfico que exhibe con los mismos– le dé la certeza de que es intocable para el “común” de los ciudadanos.
A este paso solo cabe preguntar hasta cuándo la ciudadanía va a continuar soportando los abusos de muchos integrantes del Poder Legislativo quienes, además de ser mantenidos con el dinero de los contribuyentes, someten a estos a abusos y humillaciones. Pero los ciudadanos ya no deben aceptar todo pasivamente, sino manifestarse contra ellos con firmeza y perseverancia, dentro de lo que permite la ley, para demostrarles su repudio ante tanta ignominia.