Cargando...
Una avería en la planta de tratamiento de Viñas Cue hizo que la estatal Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay SA (Essap) prive de 140 millones de litros de agua, desde la noche del miércoles al menos hasta ayer, a decenas de miles de vecinos de Asunción y de municipios cercanos. La reanudación del servicio fue parcial, pues solo había llegado a 50 millones de litros, siendo de temer que la historia se repita en igual o mayor escala, con el quebranto consiguiente de los usuarios de la firma que hasta septiembre de 2023 tenía unos 2.400 funcionarios y contratados, de los cuales solo 150 trabajaban en las calles para reparar cañerías a menudo rotas: el resto del personal se dedicaba al ocio oficinesco, en el improbable caso de que asistieran todos a su lugar de “trabajo”. El actual presidente, Luis Fernando Bernal, se libró de 590 de los 700 incorporados bajo la gestión del actual senador Natalicio Chase (ANR, cartista), lo que supuso un plausible ahorro mensual de 1.500 millones de guaraníes, si es que no los haya reemplazado por sus partidarios. Empero, el exconcejal de Asunción no pudo elevar la eficiencia de la Essap. Hasta la depuración referida, la empresa estatal gastaba 700.000 millones de guaraníes anuales y recaudaba 580.000 millones, aunque necesite invertir capital en al menos 300 kilómetros de cañería. De hecho, la Essap está en bancarrota, lo que augura un negro panorama para los asuncenos, cuando recién está comenzando la época de calor.
Se encuentra en situación similar otra estatal, la Compañía Paraguaya de Comunicaciones SA (Copaco), que en 2023 perdió 174.848 millones de guaraníes y hasta junio de este año debía 833.000 millones de guaraníes. Sus ingresos no bastan siquiera para abonar los salarios de los tres mil funcionarios, hasta el punto de que su presidente, Óscar Stark, llegó a decir que ya está en “quiebra técnica” y que su rumbo es de “colisión”. Sus clientes van disminuyendo y no solo por el auge de la telefonía móvil, sino también por la frecuente incomunicación causada por el robo de cables, según la empresa. Los usuarios que reclaman deben tener muchísima paciencia para ser atendidos. A todo ello se suma que también su firma “satélite” de telefonía móvil Vox tiene un patrimonio neto negativo de más de cien mil millones de guaraníes, pero no se conoce ningún plan de saneamiento financiero, pese a las promesas gubernamentales: solo se sabe que no existe la intención de privatizar este inútil elefante blanco, heredero de la corrupta y superpoblada Administración Nacional de Telecomunicaciones (Antelco).
El Estado empresario también tiene la Industria Nacional del Cemento (INC), hoy presidida por Gerardo Guerrero, que no puede aumentar su producción con el clínker importado que monopoliza, con el resultante desabastecimiento del mercado. Perdió el año anterior 77.000 millones de guaraníes, por haber pagado de más el combustible para su planta de Vallemí; un grave error que no cometería una empresa privada, que ya se hallaría en bancarrota si operara como la cementera estatal. Pero eso no ocurre, porque las pérdidas no afectan el bolsillo de quienes la dirigen sino que sencillamente son trasladadas a los contribuyentes. Esto ocurrió, por ejemplo, con los 80 millones de dólares generados por la emisión de bonos en 2014, cuya amortización debió iniciarse seis años más tarde para concluir en 2050. Tampoco se sabe de planes para sanear la INC, así que la sangría continuará por tiempo indefinido, a costa de todos.
Otro apetecible botín es Petróleos Paraguayos (Petropar), que cuenta entre sus concesionarios con el vicepresidente de la República, Pedro Alliana. El año pasado, la empresa estatal, que compite en el sector que ella misma regula, perdió 153.578 millones de guaraníes, por haber vendido gasoíl a un precio inferior al costo para desplazar mediante el dumping a 2.500 estaciones de servicio privadas. Si durante el Gobierno anterior de Mario Abdo Benítez y bajo la gestión de Patricia Samudio se incurrió allí en un repugnante negociado aprovechando la pandemia, lo que llevó a la condena de esta última por lesión de confianza, el actual presidente, Eddie Jara, denunciado en 2018 por su antecesora debido a un supuesto desfalco, se ha destacado por la compra frustrada de gasolina, a un costo de 51 millones de dólares, a la vendedora de alfombras y decorados Andrea Lafarja, a la que luego reclamó judicialmente el pago de la garantía de 1,5 millones de dólares. Ahora surgió otra compra también con un precio “milagroso”, hecha por la estatal a una empresa de “Catar”, pero el combustible sigue sin aparecer.
Otro fiasco del Estado empresario resulta Ferrocarriles del Paraguay SA (Fepasa). Aunque parezca extraño, sus 31 ociosos empleados, que consumen 147.653.000 guaraníes mensuales, no se ocupan de transportar cargas ni pasajeros, sino de administrar un par de museos, teniendo como jefa administrativa a una psicóloga. Aunque resulta una gran necesidad, ni siquiera llegan a concretar el viejo proyecto del tren de cercanías Asunción-Ypacaraí, y ni qué pensar en emprendimientos más ambiciosos. Ahora se presentó otro dudoso proyecto de ley, que busca subconcesionar el desarrollo del ferrocarril a empresas privadas, pero excluyeron las leyes de concesión y de Contrataciones Públicas en el plan normativo.
Y allí está también la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), que irrita a los consumidores con los frecuentes cortes de energía apenas se produce un fenómeno atmosférico de cierta intensidad, en un país que comparte dos de las mayores represas hidroeléctricas del mundo. Su gerente comercial, Hugo Rolón, reveló que se pierde el 28% de la corriente eléctrica debido a “razones técnicas”, a las “granjas” de bitcoins y a las conexiones clandestinas. El robo de la energía costaría entre 50 y 60 millones de dólares a los contribuyentes. En contrapartida, sus miles de funcionarios viven muy bien gracias a numerosos privilegios conseguidos en sus contratos colectivos de trabajo.
El funcionamiento de las empresas estatales, signado por la corrupción, la indolencia, el derroche y la ineficiencia, es una carga para el Tesoro y para los contribuyentes, así como una traba para el desarrollo. Sus defensores suelen afirmar que son del pueblo, es decir, supuestamente pertenecen a todos. Pero en la práctica son antros de prebendarismo que solo benefician a quienes las manejan y a los Gobiernos de turno. Se debe buscar la forma de liquidarlas o desprenderse de ellas, porque no se justifica que se sigan cargando sobre las espaldas de Juan Pueblo.