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El emperador romano Justiniano I (483-527 d.C), conocido como “El Grande”, había acuñado el término latino “digesto” que significa “distribuido en forma sistemática”, para referirse a una parte esencial del Corpus Iuris Civilis (Cuerpo del Derecho Civil), obra monumental que sería la base en la que se fundarían las legislaciones de todos los Estados modernos. El Digesto integrado por 50 libros escritos por eminentes juristas marcaría un hito trascendental en el derecho romano, del cual deriva nuestro derecho moderno, incluso sirvió como inspiración para el Código de Napoleón en 1804 que sería la base de nuestro actual Código Civil.
Sin embargo, cuando el gobernante no tiene como objetivo buscar el bien común, los inquilinos del poder construyen una sistematización normativa a medida, de manera tal a blindarse jurídicamente en sus objetivos premeditados. Entonces, contrariamente a todo lo que en algún momento nutrió un determinado pueblo o sociedad, basado en el bien común y bajo la guía de grandes pensadores, y que logró trascender siglos, luchas, civilizaciones y pensamientos, tenemos a todo aquello que fuera creado con un interés coyuntural, en beneficio de algún dictador de turno o de unos pocos glotones de paso. Esto genera un daño social que por lo general permea con más fuerza en aquellos más vulnerables.
La ley que encabeza el “Digesto a medida” es claramente la “Ley de Conflicto de Intereses”. Recordemos que como primera obra de gobierno, Santiago Peña había mutilado la ley que se encontraba vigente, y en la cual se garantizaba mayor control y transparencia estatal. Sin embargo, en las modificaciones introducidas por Peña se encuentran la eliminación del concepto de “conflicto de intereses para los intereses personales y del grupo familiar”, la eliminación de las puertas giratorias y la eliminación de la obligación para funcionarios de declarar en qué trabajaron en el sector privado, si pertenecen a una ONG o cargos de grupos familiares dentro del Estado. También se eliminó la indicación de que el incumplimiento de la ley sería considerado “mal desempeño de funciones” y por ende causal de juicio político. Es decir, a pocos meses de asumir la presidencia, Peña se había asegurado de que, en caso de cometer algún hecho calificado por la ley como conflicto de intereses, este no sería considerado como causal de mal desempeño en sus funciones. Esta primera inclusión normativa al “Digesto a medida” ya avizoraba lo que vendría después.
Otro de los más claros ejemplos de los últimos meses ha sido sin dudas la conocida “Ley Garrote”, hoy en manos del Presidente de la República esperando demuestre coraje o sometimiento, vetándola totalmente o promulgándola. Esta ley sancionada por el Congreso de la vergüenza ha demostrado que su único objetivo es perseguir a un grupo determinado de organizaciones consideradas más críticas con el Gobierno, y cuyos temas de investigación, como la lucha contra la corrupción, la transparencia gubernamental, el cambio climático, la educación de calidad, etc., no solo no están en la lista de prioridades del Estado, sino que obstaculizan sus verdaderos intereses. Entonces, integrar el “Digesto a medida” con una ley garrote, garantiza el oscurantismo que permitirá castigar a disidentes y premiar a aquellas organizaciones que trabajen en los temas que resultan convenientes.
Por otro lado, y a tambor batiente, hemos visto ingresar al “Digesto a medida” disposiciones despóticas como la asignación de cupos de combustible por valor de 5.000.000 de guaraníes mensuales para cada congresista, jubilaciones vip para nuestros legisladores, y hasta contrataciones escudadas en el concepto de “cargos de confianza” de bachilleres sin experiencia, sin concurso de méritos y, probablemente, sin méritos. Integran además este “Digesto” resoluciones que refrendan el derroche del dinero público como la validación de viajes de placer y paseos en yates so pretexto de participar como “observadores” de unas elecciones donde no fueron oficialmente invitados. Con esta “hazaña” sin consecuencias legales por la inacción o complicidad del Ministerio Público, aseguran el poder de derrochar el dinero del pueblo paraguayo cuando les plazca.
Por último y como corolario, el día de hoy se tratará en el Congreso otro proyecto de ley también mutilado, la “Ley del servicio civil” que derogaría la actual Ley de la Función Pública. Entre los cambios introducidos se encuentra, estratégicamente, la exclusión del Poder Legislativo como sujeto regulado, lo cual permitirá al Congreso continuar con el festín de repartijas de cargos a hijos bachilleres, novios, amantes, sobrinos, yernos y todos aquellos que tengan por rasgo común, no contar con los méritos necesarios para un concurso.
Cuando el “Digesto” de normas se construye a medida de una casta selecta de privilegiados, es el pueblo quien paga las consecuencias. Nos encontramos ante tiempos muy oscuros, muestra de ello es este compendio de normas que no hace otra cosa más que blindar a sus integrantes, y el legado no será precisamente el de Justiniano, sino el de la corrupción, la impunidad y la pobreza.