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El plazo de revisión del Anexo C del Tratado de Itaipú se cumplió el 13 de agosto de 2023, dos días antes de la inauguración del Gobierno de Santiago Peña, que se pensaba le daría máxima prioridad a un asunto tan crucial para los intereses del país. Lejos de ello, pasaron un año y tres meses para que se realizara la primera conversación específica sobre el tema con Brasil, en ocasión de la reciente presencia en Asunción de su canciller, Mauro Vieira, y de su ministro de Minas y Energía, Alexandre Silveira, el pasado 7 de noviembre. Supuestamente, todo lo que no se hizo en este tiempo se hará de aquí a fin de año, cosa muy difícil de creer, salvo que, una vez más, se terminen aceptando pequeñas concesiones a cambio de mantener todo esencialmente como está en detrimento del Paraguay.
Se dijo que a partir de ahora se harán “reuniones semanales”, algunas presenciales y otras virtuales, para alcanzar un trato antes de la fecha límite del 31 de diciembre de 2024 que se había propuesto en el acuerdo tarifario firmado el 7 de mayo. Como coordinador paraguayo se designó al ministro de Industria y Comercio, Javier Giménez, el mismo que el mes pasado había reconocido la inexistencia de negociaciones formales sobre el Anexo C y que hace tan solo unos días había hablado de una prórroga de por lo menos seis meses.
Más importante aún, Javier Giménez había dicho que “el tema central” de las discusiones sería, de nuevo, la tarifa, lo cual da un inquietante indicio de cuál es el objetivo del Gobierno. Como ya lo hizo la vez anterior, tal parece que Santiago Peña buscaría obtener alguna “ventajita” por diferencia tarifaria que le permita contar con algún monto extra de “gastos sociales”, en contraprestación de lo cual Brasil se aseguraría seguir disponiendo de la parte paraguaya sobrante de la energía de Itaipú, pagando apenas una compensación de aproximadamente 10 dólares el megavatio/hora.
Aunque se esfuerzan por convencer a la ciudadanía de lo contrario, la tarifa de Itaipú no es, ni mucho menos, un tema fundamental para el Paraguay ni tiene que ver con las grandes reivindicaciones paraguayas, que son principalmente la libre disponibilidad de su parte de la energía y un precio justo por sus excedentes. Todo el resto es secundario y solo sirve para desviar la atención y postergar la restitución de la soberanía y de los derechos nacionales sobre el aprovechamiento del potencial energético del río Paraná.
La tarifa es lo que cobra Itaipú tanto a la ANDE como a la empresa eléctrica estatal brasileña, actualmente ENBpar, por la contratación de potencia. Como la binacional es una entidad sin fines de lucro, su tarifa debe reflejar estrictamente el precio de costo. Al terminar de cancelarse en 2023 la (exorbitante) deuda por la construcción de la central, ese costo disminuyó drásticamente y, con ello, debió hacerlo la tarifa. Pero, en vez de priorizar la renegociación del Anexo C, el Gobierno de Santiago Peña puso todo su énfasis y esfuerzo en negociar una tarifa más alta que el costo básico, con el fin de dividirse con Brasil la diferencia en partes iguales en forma de “gastos sociales” en ambas márgenes.
Hábilmente, Brasil se resistió al principio, pero terminó consintiendo esa pequeña concesión, que le resulta prácticamente insignificante. En contrapartida, logró algo mucho más importante para sus intereses, que es postergar más de un año la revisión del Anexo C y mantener el statu quo, que le es ampliamente favorable.
Paraguay tiene hasta 20 millones de MWh de excedentes en Itaipú (equivalentes a todo el consumo nacional) y seguirá teniendo grandes sobrantes por lo menos por otra década más. Sin embargo, no puede disponer de esa riqueza que legítimamente le pertenece, mucho más ahora que la deuda está pagada y la central amortizada, sino que la tiene que “ceder” a su socio por una “compensación” arbitraria, divorciada de cualquier valor de mercado.
Brasil, en cambio, se queda con la parte paraguaya a precio de costo, más la mencionada compensación, y la revende a precio de mercado entre unos 150 operadores privados en su desmonopolizado sistema eléctrico. Desde su punto de vista, cuanto más tiempo se mantenga esta situación, mejor.
Entonces, la renegociación del Anexo C, que debió comenzar mucho antes, debe estar centrada en alguna de estas dos opciones: o Brasil le paga a nuestro país el valor real por su energía o permite que disponga libremente de sus excedentes y sea Paraguay, no ENBpar, el que los comercialice y se quede con las rentas correspondientes. Sin embargo, este Gobierno ya una vez puso esto en segundo plano y los indicios apuntan a que podría volver a hacerlo.
El ministro Javier Giménez dijo que va a “hacer el esfuerzo de socializar” lo que se trate en estas anunciadas reuniones semanales. No es suficiente. El pueblo paraguayo merece total transparencia. De lo contrario, después de cincuenta años de despojos, tiene derecho a sospechar que algo se está “cocinando” con tratos bajo la mesa.