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En el Paraguay de hoy, ejercer la función pública es una actividad bastante provechosa: se trabaja poco y el salario no es despreciable, aparte de que puede elevarse notablemente mediante el soborno y el desvío de fondos. Además, existen provechos adicionales otorgados por ley, como los viajes oficiales turísticos, los costosos seguros médicos privados y las jubilaciones de privilegio, solventados por los contribuyentes, inclusive por aquellos que deben soportar las carencias del sistema sanitario, tanto o más graves que las de la educación pública y las de la infraestructura vial. De hecho, los “servidores públicos” se sirven de sus conciudadanos con la conciencia tranquila: creen que no es malo desempeñar un cargo en beneficio propio y en el de los allegados, porque, al fin y al cabo, es parte del botín a ser distribuido por los gobernantes de turno. Por lo demás, cuando se le roba a esa abstracción llamada Estado, no se le robaría a nadie, pues la víctima no es de carne y hueso.
El autoservicio resulta evidente en el caso de quienes disponen del dinero público desde las altas esferas, en la medida en que pueden asignarse envidiables ventajas, sancionando y promulgando el Presupuesto. Sirva como ejemplo el proyecto relativo al del próximo año, que la Comisión Bicameral competente sugirió aprobar con modificaciones, como la inclusión de los 125 legisladores entre los usufructuarios de un seguro médico vip, a un costo mensual de 1.100.000 guaraníes per cápita, lo que supondría un gasto global de 1.650.000.000 de guaraníes en un año. A esta voluminosa suma habrá que sumar, según el dictamen, los cupos mensuales de combustible por valor de 5.000.000 de guaraníes para cada uno de estos afortunados que ganan 32.774.840 guaraníes mensuales por sesionar un par de veces por semana y vacacionar desde el 21 de diciembre hasta el 1 de marzo, pudiendo además ejercer sus respectivas profesiones. Las nuevas erogaciones propuestas en favor de quienes van a decidir en causa propia incrementarán en 9.150 millones de guaraníes el Presupuesto del Poder Legislativo proyectado por el Ejecutivo.
Cabe preguntarse qué se creen estos desalmados para autoadjudicarse tantos beneficios en un país en que gran parte de la población tiene necesidades básicas insatisfechas. Sus aportes al bienestar social distan mucho de ser significativos, salvo que se crea que el fomento ilegal del clientelismo y del nepotismo contribuye a que sus compatriotas “estén mejor”; por algo, sus víctimas han acuñado términos como “nepobabies”, “nepoloros” o “nepobachis” para aludir a los beneficiarios indirectos de la violación de la ley que prohíbe el nepotismo y de la que exige el concurso público de oposición para acceder a la función pública. Es curioso que quienes sancionan las leyes tengan la pésima costumbre de ignorarlas con toda impunidad, como si ellos escaparan a sus dictados; de hecho, se sienten más allá del bien y del mal, al amparo de sus fueros. La deplorable calidad de su labor es la consecuencia lógica de sus falencias morales e intelectuales, así como de su insensibilidad ante los quebrantos de sus conciudadanos.
El último fin de semana, el diputado Jatar “Oso” Fernández (ex Cruzada Nacional, hoy cartista) llevó a su esposa al Hospital Integrado (IPS-MSPyBS) de Ayolas, donde ella dio a luz a una niña. Según el Dr. Abel Feltes, director del nosocomio, el parlamentario quiso demostrar así que se puede confiar en el sistema de salud pública, sobre todo en el interior del país. Se trata de una excelente noticia, siendo ahora de esperar que, tras la satisfactoria experiencia, Fernández se oponga tenazmente al seguro vip de los parlamentarios e inste a sus colegas a que recurran a los hospitales públicos, como el “común” de los paraguayos. Sería interesante que lo hiciera, pues de esa forma tomarían nota sobre el terreno de los sufrimientos de la población ante la falta de remedios, de especialistas, de insumos, de equipos, de camas y de turnos. Se darían también cuenta que para tomar un turno en IPS, por ejemplo, deben esperar tres o cuatro meses, a veces más.
Desde luego, los contribuyentes, que en su enorme mayoría están muy lejos de tener un ingreso mensual tan elevado como el de los legisladores, no tienen por qué cubrir los costos de su seguro médico. Ni la Constitución ni las leyes les otorgan a los parlamentarios el derecho de estar sobre el ciudadano común. Sus acciones son irritantes, y el hecho de que cada día se autoasignen más privilegios solo puede acarrear resquemores en la población, lo que puede tener consecuencias imprevisibles.