Baja condición moral e intelectual del común de los legisladores

La senadora tránsfuga Norma Beatriz Aquino (ex Cruzada Nacional, hoy cartista), más conocida como Yamy Nal, que respondió con un gesto soez a una periodista de este diario que le hizo una pregunta sobre su presunto “planillerismo” como funcionaria del Poder Judicial, dijo luego que se abstuvo de darle una bofetada, pero advirtió que “la próxima le irá peor”, pues se siente “amenazada y violentada”. Aparte de que el Código Penal castiga con hasta un año de cárcel o con multa a quien amenace a otro con un hecho punible contra la integridad física, los exabruptos referidos confirman, por si aún hacía falta, la baja condición moral e intelectual del común de los legisladores. Aunque la Constitución no exija que sean idóneos y honorables, es deseable que al menos sepan leer mejor que el senador Hernán Rivas (ANR, cartista) o que el Ministerio Público no los acuse por lavado de dinero y asociación criminal, como a su colega Erico Galeano (ANR, cartista). Duele admitirlo, pero el nivel de este Congreso no parece más elevado que el de la última dictadura.

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La senadora tránsfuga Norma Beatriz Aquino (ex Cruzada Nacional, hoy cartista), más conocida como Yamy Nal, que respondió con un gesto soez a una periodista de este diario que le hizo una pregunta sobre su presunto “planillerismo” como funcionaria del Poder Judicial, dijo luego que se abstuvo de darle una bofetada, pero advirtió que “la próxima le irá peor”, pues se siente “amenazada y violentada”. Aparte de que el Código Penal castiga con hasta un año de cárcel o con multa a quien amenace a otro con un hecho punible contra la integridad física, los exabruptos referidos confirman, por si aún hacía falta, la baja condición moral e intelectual del común de los legisladores. Aunque la Constitución no exija que sean idóneos y honorables, es deseable que al menos sepan leer mejor que el senador Hernán Rivas (ANR, cartista) o que el Ministerio Público no los acuse por lavado de dinero y asociación criminal, como a su colega Erico Galeano (ANR, cartista).

Duele admitirlo, pero el nivel de este Congreso no parece más elevado que el de la última dictadura, según se desprende también de la composición del órgano bicameral que está acosando a las organizaciones no gubernamentales (ONG) y por extensión a este diario, so pretexto de investigar los lavados de activos contra el patrimonio estatal, el contrabando y otros delitos conexos. Una clara señal de que la mayoría parlamentaria se distingue por sus desvergüenzas es que la comisión sea presidida por el senador Dionisio Amarilla, expulsado en 2019 de la Cámara Alta por el uso indebido de influencias y este año del PLRA por su notorio cartismo, que lo llevó a promover la inicua destitución de la senadora Kattya González (ex-PEN); por lo demás, está integrada, entre otros, por el senador “oenegero transparente” Gustavo Leite (ANR, cartista) y el también tránsfuga diputado Jatar “Oso” Fernández (ex Cruzada Nacional, hoy cartista). Leite –alguna vez acusado por el exsenador Juan Carlos Galaverna de haber pedido una jugosa coima como ministro de Industria y Comercio– tiene como esposa a la presidenta de una ONG, aún no convocada por los investigadores, en tanto que Fernández fue denunciado por haber invadido dos inmuebles y empleado para tareas domésticas a su jefe de despacho, entre otras presuntas ilicitudes.

Un lamentable ejemplo adicional de la inmoralidad de los “representantes del pueblo” es que la Comisión Bicameral de Presupuesto haya acogido una propuesta del Poder Legislativo de volver a asignarles –ya existían antes y fueron eliminados– un seguro médico vip y la suma de 5 millones de guaraníes para combustibles, mientras gran parte de la población sufre penurias. El pavoroso contraste con la realidad es que lo asignado a los legisladores en los dos conceptos mencionados, asciende a casi 10.000 millones de guaraníes, mientras que, de acuerdo a los datos, la XVII Región Sanitaria del Alto Paraguay recibirá solo 15.181 millones de guaraníes. También un dato brindado por la enfermera Nelly Giménez, del Hospital Pediátrico Acosta Ñu, ilustra la aberrante iniquidad: mientras el cupo de combustible y el seguro médico privado para cada uno de los 125 congresistas costarán al erario 5 millones y 1.100.000 guaraníes mensuales, el personal de enfermería de dicho nosocomio gana poco más de 4 millones de guaraníes al mes, desde hace una década. No decimos que debería caérseles la cara de vergüenza a los legisladores, porque es evidente que para muchos de ellos “la caridad empieza por casa” y carecen de ese sentimiento.

No está demás recordar las palabras del exdiputado liberal Carlos Portillo, vertidas en 2018 al tratarse precisamente el tema de la jubilación privilegiada de los legisladores: “Jamás se puede comparar la situación de un parlamentario con una persona común”. Por lo visto, ese pensamiento es el mayoritario entre los desvergonzados “representantes del pueblo”.

Pero no contentos con los despojos permanentes que ocasionan a la economía del resto de la población, mediante privilegios como el seguro vip y los combustibles gratis que se autoasignan, muchos legisladores demuestran una conducta agresiva, falta de educación, como la exhibida por Yamy Nal. Tanta caradurez ya resulta insoportable.

Es de esperar que los paraguayos vayan anotando en sus agendas estas bofetadas que reciben en forma de verdaderos abusos de poder, para recordarlos en el momento de votar en las próximas elecciones. Ya no deben conformarse con las migajas que caen de la mesa de los banquetes en que nuestras autoridades se distribuyen los bienes que les pertenecen a todos los ciudadanos.

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