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Resultó casi grotesco escuchar las intervenciones del presidente Santiago Peña, de la ministra de Obras Públicas, Claudia Centurión, y de otros exponentes del Gobierno en la IX Semana de la Energía, con discursos tan grandilocuentes como vacíos sobre integración y diversificación, cuando ya llevan más de un año en el poder y no han movido un dedo para recuperar la plena soberanía sobre la mayor riqueza energética del Paraguay ni para cambiar absolutamente nada estructural en la política nacional en el sector, al punto de que la mayor fuente de energía del país sigue siendo la biomasa, es decir, la leña.
El artículo VI del Anexo C del Tratado de Itaipú establece que sus disposiciones “serán” revisadas al cumplirse 50 años de su vigencia, hecho que se consumó el 13 de agosto de 2023, dos días antes de la inauguración de Santiago Peña como Presidente de la República. En todo este tiempo no ha avanzado ni un centímetro, y lo peor es que ni siquiera se ha ocupado en absoluto de ello, como si existiera un entendimiento secreto con Brasil al respecto.
En una mención marginal del acuerdo tarifario firmado en mayo se señala que la negociación estará concluida antes del 31 de diciembre de 2024, pero estamos en noviembre y no se hizo ni una sola reunión, no digamos ya discusión, por lo que es impensable que se alcance esa meta.
El ministro de Industria y Comercio y consejero de Itaipú, Javier Giménez, declaró a ABC, luego de la sesión inaugural de la IX Semana de Energía, la probable extensión del plazo para la revisión del Anexo C del Tratado de Itaipú, inicialmente fijada para antes de finalizar este año, como señalamos. De acuerdo con Giménez, Paraguay y Brasil están considerando una ampliación de seis meses para llevar adelante el proceso de negociación, aunque esta extensión aún no fue confirmada oficialmente.
Esta admisión y la suma de los indicios apuntados, a simple vista, salvo que nos demuestren lo contrario, permiten sospechar que el Gobierno, lisa y llanamente, se dejó sobornar por Brasil.
Con la habilidad que lo caracteriza, nuestro socio primero se puso firme en que la tarifa debía reflejar estrictamente los costos de Itaipú, como establece el Tratado, y luego terminó cediendo un poco para permitir un margen de “gastos sociales” hasta 2027, casi hasta el fin del mandato de Peña, algo que para Brasil es insignificante y que el Gobierno de Paraguay, irrespetuosamente, presentó como “el mayor logro de la historia” en la binacional, nada más alejado de la verdad.
Desde luego, el problema no es la consecución de un monto anual de plata dulce para gastar a discreción al margen del presupuesto público, que, dicho sea de paso, no es tan considerable como lo quisieron hacer creer y que deberá ser financiado parcialmente por la ANDE, o mejor dicho, por los consumidores paraguayos de electricidad, con el pago de una tarifa más alta por la contratación de potencia. El problema es que, tal como se temía, por una cuestión secundaria que no hace a los grandes intereses nacionales, se dejó completamente de lado, y al parecer por tiempo indefinido, lo principal, que es la restitución de los legítimos derechos paraguayos en Itaipú.
Aunque ambas binacionales han sido fuentes de grandes fortunas personales en Paraguay, ya sea por contratos sobrefacturados o por altísimos sueldos y beneficios para el entorno del poder, para el país la realidad es que en 40 años desde que empezó a producir la primera turbina de Itaipú, y 30 en Yacyretá, el país aprovechó apenas el 10% y el 7%, respectivamente, de la hidroelectricidad generada por el tremendo potencial energético del río Paraná, pese a ser dueño de la mitad de ese valiosísimo recurso natural. Todo el resto de lo que en justicia le correspondía y le corresponde lo ha tenido que ceder a sus vecinos a precios irrisorios, una situación que persiste hasta el día de hoy como si nada.
Si en su momento el pretexto para semejante iniquidad fue que Paraguay no tenía la capacidad financiera para hacerse cargo de su parte de la construcción de la central (argumento falaz, ya que Itaipú se autofinanció de punta a punta), desde 2023 la superinflada deuda ha quedado totalmente cancelada, la usina está 100% amortizada, se acabaron las excusas, pese a lo cual pasan los meses y todo sigue exactamente igual.
Entretanto, en los papeles, Paraguay es dueño de dos de las mayores hidroeléctricas del mundo y el mayor productor percápita de energía renovable, pero, en los hechos, solo poco más del 20% de la matriz energética es eléctrica, el resto lo comparten en porciones iguales el carbón y la leña, y los derivados de petróleo, 100% importados. Por lo que ha mostrado este Gobierno hasta el momento, no se pueden esperar cambios importantes.