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En medio de las irregulares actuaciones de la “comisión garrote” del Senado, creada al solo efecto de amedrentar a la sociedad civil, hace unos días hemos escuchado a sus principales representantes, los senadores el “oenegero” Gustavo Leite y Dionisio Amarilla, increpar abiertamente a la agente fiscal María Verónica Valdez y a la fiscala adjunta Soledad Machuca. Estas dos altas funcionarias del Ministerio Público concurrieron ante dicha Comisión, convocadas por sus miembros para ser abiertamente coaccionadas a imputar al grupo ABC.
Tanto Amarilla, quien funge de presidente de la Comisión Bicameral de Investigación (CBI), más conocida como “comisión garrote”, como su vocero principal, el cuestionado Leite, ambos adscriptos al cartismo, en una clara violación del principio constitucional de independencia de poderes, requirieron una inmediata imputación a los directivos del banco Atlas, perteneciente al grupo ABC, “apelando al sentido común” y resaltando que si se toman más de un día para imputar, entonces, no son expertas en lo que hacen.
La agente fiscal explicó que las investigaciones complejas llevan su tiempo, y son analizadas por técnicos cualificados. Asimismo, la fiscala adjunta en una posición más complaciente indicó que “lamenta que todavía no puedan dar las respuestas que esperaban”. Al término de su obcecada intervención, Leite manifestó que esta coacción realizada a una institución del Estado no es una “presión” sino una “sugerencia de lo que resulta evidente”.
Debemos recordar que en un principio, la “comisión garrote” se había conformado para amedrentar a las organizaciones de la sociedad civil, en el marco del plan de sanción de la Ley “anti-ONG”, arrogándose funciones investigativas que no competen al Congreso Nacional a través de ninguna comisión “ad hoc”, exponiendo datos privados al escarnio público y mancillando abiertamente el honor y la reputación de representantes de organizaciones del sector privado. Luego, y como claramente estas violaciones constitucionales no tienen consecuencia alguna para los congresistas, los mismos han dado el siguiente paso, convocando a operadores de justicia para coaccionarlos públicamente exigiéndoles realizar imputaciones inmediatas.
Con el advenimiento de la democracia, una de las primeras garantías contempladas por los constituyentes al momento de la redacción de nuestra Constitución Nacional, fue la de la división de poderes, ya que, en época del dictador, todo el poder se encontraba concentrado en el Ejecutivo. Esta división de poderes, propia de los gobiernos democráticos, busca garantizar la independencia de las instituciones, la imparcialidad en sus decisiones y la competencia en sus actuaciones. Si se quiebra este principio de separación de poderes y se vulnera la independencia de los órganos legítimamente constituidos para una función determinada, se compromete la vigencia de la propia democracia.
El Ministerio Público ha sido la institución creada por nuestra Carta Magna, al cual la misma confiere la autonomía suficiente para el alto rol que desempeña, cual es ser el representante de la sociedad ante los órganos jurisdiccionales en la investigación de hechos punibles de acción penal pública. Por lo tanto, dicha institución debe ser completamente ajena de cualquier tipo de injerencia por parte de otro poder del Estado, más aún, de comisiones parlamentarias creadas con el propósito de perseguir, amedrentar y coaccionar a organizaciones de la sociedad civil, personas y grupos empresariales que no comulgan con el sometimiento de la voluntad popular a la voluntad personal del cartismo.
La CBI ha pasado de ser de una “comisión garrote” a una serial violadora de la independencia judicial y los principios constitucionales. Si unos cuantos senadores y diputados han cedido su dignidad y su representatividad por alguna moneda de cambio, este sometimiento solo les alcanza a ellos, jamás al resto de la sociedad que no se encuentra comprometida con el poder de turno, sino única y exclusivamente con la verdad y el bien común.