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Es de pública notoriedad que el narcotráfico mafioso ha echado raíces en el Paraguay, como lo han admitido incluso las más altas autoridades nacionales. La trágica cuestión sale a la luz, una y otra vez, cuando en uno de nuestros “puertos seguros” se incauta un cargamento de cocaína con destino a Europa o cuando lo mismo ocurre en Hamburgo o en Amberes con uno que ya ha sido exportado. También es evidente que el cultivo y la comercialización de la mundialmente famosa marihuana paraguaya, tanto para el mercado interno como para el externo, sustenta a numerosas familias de agricultores del este y del sur de la Región Oriental, comandadas por desalmados acopiadores que campan a sus anchas y actúan de hecho como autoridades locales.
A todo ello se suma la producción y el consumo en gran escala del tan dañino crack, la “cocaína en piedra” que tiene un efecto inmediato y causa una adicción más pronta que cualquier otra droga. En las mayores ciudades del país están a la vista los estragos que está causando, sobre todo entre los menores de edad, sin que se note una decidida campaña de los organismos estatales para desalentar su consumo y perseguir a los promotores. En otras palabras, el narcotráfico no apunta solo a los mercados extranjeros, como lo demuestran las actividades del temible Clan Rotela, que no han disminuido pese a que su jefe fue trasladado a la cárcel de “máxima seguridad” de Emboscada, desde donde, según parece, está en libre comunicación con sus secuaces.
Se cree que ese grupo criminal está librando una sangrienta disputa territorial con el Primer Comando da Capital por el control de la venta de drogas en la Gran Asunción, reflejada en los asesinatos nocturnos a tiros del que fueron víctimas en el barrio San Isidro de Lambaré un adolescente y un joven reclutados por la mencionada organización de origen brasileño, tras haber intercambiado amenazas con miembros de la banda rival a través de una comunidad global de videos cortos. Ocurrió una semana después de que otros tres jóvenes hayan sido ultimados en el Bañado Sur capitalino, en el marco del mismo conflicto mortífero, en el que suelen intervenir, cabe subrayarlo, personas de corta edad. Durante un amplio operativo policial lanzado luego del doble asesinato cometido en Lambaré, fue “demorado” un adolescente que portaba un revólver y reveló que su hermano era uno de los responsables de al menos cinco homicidios perpetrados en el barrio Puerto Pabla de dicha ciudad y en el bañado antes referido.
Estos hechos recientes ocurrieron en un área metropolitana que no tiene una gran población, es decir, no tuvieron como escenario una megalópolis, pese a lo cual la Gran Asunción tiene zonas prácticamente “liberadas” por organizaciones mafiosas volcadas al narcotráfico, sin que hasta ahora puedan erradicarlas la Policía Nacional ni la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad).
Es hora de que no solo el Ministerio del Interior se ocupe seriamente de esta situación tan dramática, sino de que también actúen con mucha mayor fuerza organismos como el Ministerio de Educación y Ciencias, que en 2016 creó un “circuito de atención ante el consumo y/o presencia de drogas en instituciones educativas” y que tres años más tarde firmó un convenio con el de la Niñez y la Adolescencia y con la Senad; todo indica que los resultados han sido magros, por decir lo menos. En febrero de 2023, el entonces ministro del Interior, Federico González, afirmó que el “alarmante” número de drogadictos menores de 25 años era la causa principal del aumento de la delincuencia. A tanto llega la expansión del consumo que ese mismo año la Policía Nacional apartó a docenas de sus efectivos por haberse aficionado a los estupefacientes.
También por aquel entonces entró en vigor una ley que declaró una emergencia nacional de tres años, debido al consumo de sustancias psicoactivas; creó una Mesa Interinstitucional de Prevención de Adicciones en el Ámbito Educativo y encargó tareas específicas, en este orden de cosas, al Instituto Paraguayo del Indígena y al Ministerio de Justicia, todo lo cual al parecer no ha surtido el menor efecto, por culpa de la ineptitud y la indolencia tradicionales. Aparte de las medidas policiales oportunas, es indispensable aplicar otras preventivas para reducir la ingesta de drogas ilícitas, que tanto afecta la seguridad y la salud pública: es necesario concienciar sobre todo a los jóvenes, para que el consumo no los convierta en víctimas ni en victimarios. El Paraguay ya no es solo un “país de tránsito”.