Cargando...
Tras las críticas y movilizaciones que generó el proyecto anti-ONG primeramente en la versión de los senadores, la relatora especial sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación Gina Romero, la relatora especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión Irene Khan y la relatora especial sobre la situación de los defensores de derechos humanos Mary Lawlor enviaron una carta conjunta al Gobierno nacional, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, expresando su preocupación por ser dicho proyecto contrario a los estándares internacionales en materia de libertad de asociación y respeto a los derechos humanos a los cuales el Estado paraguayo se ha comprometido. Indicaron en dicha misiva que el proyecto de ley podría restringir indebidamente los derechos a la privacidad, la libertad de expresión, la libertad de reunión pacífica y la libertad de asociación, protegidos por los artículos 17, 19, 21 y 22 del Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos (PIDCPA). Sin embargo, luego de la reciente sanción en la versión remitida por la Cámara de Diputados, tras las modificaciones introducidas por Santiago Peña, la relatora especial Gina Romero volvió a tomar contacto con medios nacionales indicando que hasta la fecha, el Gobierno nacional no había remitido respuesta alguna. A juzgar por lo resuelto, más bien había ignorado dichas recomendaciones.
Ante esta nueva intervención de la relatora especial, varios perfiles adeptos a la línea del cartismo empezaron a insultar a la misma, algunos incluso pretendiendo restar legitimidad a los procedimientos de las relatorías especiales, increpando sobre las atribuciones que le están conferidas y sugiriendo que en virtud del principio de soberanía nacional y la autodeterminación de los pueblos, el Sistema Universal de Protección de Derechos Humanos de las Naciones Unidas no puede intervenir en cuestiones de índole interna.
Sin embargo, desde la asunción presidencial, Santiago Peña se ha dedicado a expresar una y otra vez ante la comunidad internacional su compromiso con el respeto de los derechos humanos y los compromisos internacionales del Paraguay plasmados en los Tratados Internacionales, que fuimos ratificando tras la caída del régimen dictatorial en 1989. Así lo hizo en ocasión de la Asamblea General de la OEA, celebrada en el mes de junio en Asunción, y la Asamblea General de la ONU el mes pasado. Se refirió con preocupación a los conflictos armados, a la crisis democrática debida al autoritarismo, los riesgos de la ciberseguridad, la distribución de la riqueza, el cambio climático, las inequidades sociales, entre otras problemáticas comunes. Habló del optimismo en superar los desafíos a través del fortalecimiento del multilateralismo como lucha ante las inequidades y consolidar el respeto a la dignidad humana a través del Estado de derecho y la democracia, a la que llamó “innegociable”. Repudió las violaciones reiteradas a los derechos humanos y las libertades fundamentales. Reconoció como indispensable la cooperación internacional.
Pero muy por el contrario de este discurso, que muestra al Paraguay como un país respetuoso de las libertades, la democracia, el Estado de derecho y la vigencia de los derechos humanos, y por sobre todo, la importancia de la cooperación internacional ante nuestros vecinos y la comunidad de países que conforman la ONU, por casa seguimos soportando discursos políticos que disfrazan un falso nacionalismo para lograr la cooptación del poder total de Estado. Lamentamos escuchar frases como: ¿Qué es la ONU para decirnos lo que tenemos que hacer como nación? ¿Quiénes son los relatores especiales para enviar cartas y recomendaciones? y otras tristes frases que en boca de algunos evidencian un gran desconocimiento del derecho internacional de los derechos humanos y en boca de otros, evidencia un claro interés de desprestigiar la cooperación internacional, en especial la del Gobierno de Estados Unidos por una enemistad personal que debemos cargarla todos los paraguayos.
Paraguay es Estado parte de las Naciones Unidas, ha ratificado la Carta fundacional de dicha organización compuesta por 193 Estados. Entre sus órganos principales se encuentra el Consejo de Derechos Humanos conformado por 47 Estados, siendo Paraguay recientemente nombrado vicepresidente de dicho organismo. La representación es ejercida por los presidentes o los ministros de Relaciones Exteriores, y entre las funciones del Consejo se encuentra el nombramiento de relatores especiales, que se encargan de dar recomendaciones a los Estados respecto del cumplimiento de sus compromisos plasmados en los Tratados Internacionales. Entre estas relatorías especiales se encuentra justamente la de Libertad de Reunión Pacífica y Asociación, es decir, Paraguay como miembro del Consejo de Derechos Humanos ante los ojos de la comunidad internacional ha votado por la elección de quien tiene la potestad de emitir recomendaciones ante las violaciones de derechos humanos, pero a quien, entre cuatro paredes restamos de legitimación y llenamos de insultos.
Por lo tanto, los discursos que da el Gobierno, sentado en alguna silla de Ginebra, Washington o Nueva York no son más que envoltorios sin contenido. Queda claro que en casa a alguien, con mentalidad totalitaria, no le gustan los relatores sobre los derechos fundamentales de los ciudadanos.