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Según señala un mensaje del Poder Ejecutivo al Congreso, el proyecto de ley de Presupuesto General de la Nación para el año 2025 es el primero elaborado enteramente por esta administración. Al margen de que esta afirmación es una verdad a medias en el mejor de los casos, claramente indica que el Gobierno, y Santiago Peña en persona, con mayoría parlamentaria en ambas cámaras, ahora sí se hacen plenamente responsables del planeamiento, contenido, ejecución y objetivos prometidos a la ciudadanía con el uso de sus recursos. Se acabaron las excusas.
Se lee en el mensaje que el proyecto presentado refleja las prioridades del Gobierno, con criterios de racionalidad y optimización en la asignación y distribución de los recursos “para mejorar la calidad de vida de la población”. Con un total de gastos previstos de 132,9 billones de guaraníes, supuestamente se priorizarán la salud, la educación, la seguridad, el fortalecimiento de la protección social y las inversiones en infraestructura. Ya veremos.
Al Ministerio de Salud se le asignan 9,5 billones de guaraníes, lo que implica, de acuerdo con el mensaje, una inversión significativa “para garantizar que todos los ciudadanos tengan la atención médica que merecen”.
Se indica que se previeron 3 billones de guaraníes para la adquisición de medicamentos esenciales, “incluyendo aquellos para tratamiento del cáncer”, así como 194.000 millones para el financiamiento de atención médica de alta complejidad y de alto costo.
Asimismo, se promete la puesta en funcionamiento de dos hospitales, uno en Coronel Oviedo y otro en el sur, con una inversión de 270.000 millones de guaraníes, “asegurando que las instalaciones cuenten con los recursos y la tecnología necesarios para ofrecer una atención de calidad, promoviendo así el acceso equitativo y efectivo a la atención médica integral”.
En cuanto a la educación, con un presupuesto total de 9,7 billones de guaraníes para la cartera del ramo, se promete “un plan robusto” para mejorar la calidad educativa. Se menciona un monto de 226.000 millones de guaraníes para kits escolares, la implementación de un programa especial de lectoescritura denominado Ñe’êry, y un incremento del salario de los docentes con un costo de 233.186 millones de guaraníes. Además, se reitera la promesa de dotar de alimentación balanceada para alumnos de los 263 distritos, con un presupuesto de 2,3 billones de guaraníes para el programa Hambre Cero en las Escuelas.
En seguridad se menciona la compra de 1.000 tobilleras electrónicas para convictos o imputados por delitos que representen un riesgo para la sociedad y en protección social continuarán las transferencias a través de los programas Tekoporã Mbarete, Atención a la Primera Infancia, así como pensiones para Adultos Mayores, con 30.000 nuevos beneficiarios, para un total de 360.000, lo que demandará un monto de 2,8 billones de guaraníes, bastante más que Hambre Cero.
Entre los proyectos de infraestructura se cita un monto de 3,2 billones de guaraníes para desarrollo y modernización de rutas y pavimentos, rehabilitación y pavimentación de calles y caminos vecinales. Se asignan 195.435 millones de guaraníes a la construcción de sistema pluvial, cloacal y avenida Costanera en Pilar. También se promete la concreción de 8.101 “soluciones habitacionales” y un plan de apoyo para vivienda de la clase media a través del programa Che Róga Porã.
Estos son algunos de los lineamientos presentados. Más allá de cualquier observación puntual, lo importante es que los recursos de la ciudadanía se utilicen para la ciudadanía y para el desarrollo nacional, no para beneficiar a minorías de privilegiados o parásitos, tanto en la burocracia estatal como entre contratistas y proveedores del sector privado que medran con los caudales públicos mediante sobrefacturaciones y adjudicaciones amañadas en conexión con la clase política y con funcionarios venales.
De acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Estadística, más del 80% de la fuerza laboral, de la gente que produce, ya sea como asalariados, trabajadores independientes, cuentapropistas, formales o informales, pequeños o grandes empresarios, no tiene ninguna relación con el Estado ni sus ingresos dependen del presupuesto público, pero es esa gran mayoría la que sostiene el funcionamiento del sector público, a cambio de contraprestaciones que dejan muchísimo que desear en todos los ámbitos.
El encargado de administrar el Estado es el Poder Ejecutivo, ejercido unipersonalmente por el presidente de la República, Santiago Peña, conforme a la Constitución. Tendrá en sus manos 17.558 millones de dólares al tipo de cambio presupuestado, una cifra enorme para el Paraguay, equivalente al 37% del PIB nominal, incluidas las binacionales. Él dice en su mensaje que este será su primer Presupuesto. Al final del ejercicio habrá que hacer las evaluaciones y comparaciones, y solo allí se verá hasta qué punto honra su compromiso con la República.