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La prensa representa el derecho de la gente de conocer las cosas y de exponer sus inquietudes. La mayoría de las veces no es amiga de los gobernantes, o estos no la consideran amiga, sino todo lo contrario, porque creen que los periodistas les persiguen cuando simplemente actúan de voceros de las preocupaciones ciudadanas. El gobierno de Santiago Peña ha asumido hace ya más de un año –un año y medio desde la victoria electoral–, como nunca echando pestes del que le antecedió y anunciando metas que tardan bastante en materializarse. Por el contrario, parece que las cosas, antes que mejorar en aspectos como salud, educación y seguridad, han sufrido francos retrocesos, lo que ha motivado protestas y reclamos. Por supuesto, la prensa libre no puede quedar indiferente ante tales inquietudes, lo que el Jefe de Estado considera evidentemente “atacar” a su gobierno. Y comienza con una serie de aseveraciones que suelen formularse cuando un gobernante no tiene respuestas, como que esos “ataques” provienen de una prensa que responde a “grupos empresariales”. En vista de que las inquietudes ciudadanas van en aumento, no por culpa de la prensa sino por las crecientes carencias en los hospitales, por las corruptelas, la creciente inseguridad, la prepotencia de quienes mandan y las arbitrariedades que no tienen respuestas de la Justicia, es probable también que los medios de prensa libres aumenten su cobertura de los hechos. Frente a esto, es preocupante la reacción del Primer Mandatario, que hacen temer situaciones que han proliferado en países como Venezuela, Nicaragua, Cuba, de intentar “matar al mensajero” antes que buscar solucionar las causas que motivan la reacción de la gente.
En efecto, Santiago Peña creyó oportuno pedir a los medios de comunicación “encontrar un equilibrio”, porque “la polarización, el populismo y la posverdad han hecho daño a muchos países”. En verdad, es ajeno a su investidura que pretenda marcar pautas en una cuestión que mucho tiene que ver con la libertad de prensa, inherente al sistema democrático de gobierno. Entre las atribuciones constitucionales del jefe del Poder Ejecutivo no figura la de sugerir cómo ejercerla, para no molestarlos a él ni a sus subordinados: los mejores jueces de la calidad de las noticias y de las opiniones periodísticas son los lectores, los radioescuchas y los televidentes, que premian o castigan según su leal saber y entender. Solo faltaría que, en breve, desde el Palacio de López se envíen a los medios de prensa minuciosos consejos sobre el modo de hallar el “equilibrio” mentado, que tal vez consistiría en atenuar en gran medida las críticas a la gestión gubernativa.
Dado que al Presidente de la República le disgusta “la confrontación mediática”, podría inferirse que prefiere una peligrosa prensa uniformada, propia de un país totalitario, lo que sería coherente con su velada crítica de que “los medios de comunicación responden a grupos empresariales”, como si ello fuera pecaminoso. Afirmó que “no puede ser que (...) estemos viviendo con visiones tan diferentes”, así que es de temer que desee UNA PRENSA A SU MEDIDA. Nuestro diario siempre ha considerado que la existencia en una sociedad de medios de prensa con distintas visiones, que permiten a la opinión pública elegir la que le parece más creíble, fortalece a la democracia. Así que, nuestro Presidente confunde las discrepancias con la “polarización”, como si este país estuviera al borde de una guerra civil por culpa de un inexistente extremismo periodístico. Debería saber que los inevitables disensos no dañan la salud democrática, sino que más bien la vigorizan.
El uso del neologismo “posverdad” para censurar tácitamente a los medios de comunicación resulta aún más grave, pues significa, según la Real Academia Española, la “distorsión deliberada de una realidad, que manipula creencias y emociones con el fin de influir en la opinión pública y en actitudes sociales”. Al tratar a la prensa en general de fraudulenta, el Jefe de Estado negó de hecho, entre otros males evidentes, que la corrupción desaforada persiste, que el crimen organizado sigue tan campante, que la inseguridad está a la orden del día y que tanto la salud como la educación públicas continúan siendo desastrosas. Por lo demás, vio la paja en el ojo ajeno y no la viga en el suyo: en agosto de 2024, el periodista estadounidense Laurence Blair denunció que un artículo suyo fue alterado por la Agencia de Información Paraguaya, dependiente del Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación, pues le atribuyó citas falsas, como la de que “Santiago Peña es un ejemplo de liderazgo y visión” y la de que sus viajes al exterior “subrayan el enfoque proactivo del Gobierno en fortalecer la posición del país”.
Las insensatas expresiones del Primer Magistrado están de acuerdo con la llamativa medida adoptada el lunes por el senador Dionisio Amarilla (ex-PLRA, cartista), presidente de la Comisión Bicameral de Investigación sobre el lavado de activos, el contrabando y delitos conexos, al concluir la “rendición de cuentas” de su colega “oenegero transparente” Gustavo Leite (ANR, cartista). Por haber hecho preguntas incómodas y tras pedirles que revelen el medio de prensa al que representaban, Dionisio Amarilla hizo que guardias de seguridad del Senado acompañen a dos periodistas de este diario, Juan Jara y Orlando Bareiro, hasta abandonar el Palacio Legislativo. También este hecho muestra que el Gobierno y sus sostenedores quieren una prensa sumisa, vil pretensión que ABC Color no está dispuesto a satisfacer en modo alguno. Todo lo contrario, se mantendrá en la brecha contra los autoritarios y los corruptos, mal que les pese a quienes aspiran a la paz de los sepulcros.