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Una de las frases más características de la dictadura stronista siempre fue esta: “Para los amigos todo, para los enemigos garrote, para los indiferentes la ley” y cuando pensábamos que ya habíamos superado estas nefastas prácticas, el garrote de la mordaza, el amedrentamiento y la persecución a la sociedad civil vuelven a ponerse de moda en las esferas del poder político.
La Ley anti-ONG ha sido sin dudas uno de los temas más controversiales de las últimas semanas. Discursos en favor de la transparencia se han apoderado de los micrófonos del Congreso Nacional, sin embargo, quienes se embanderaron de estos discursos, se han visto salpicados de hechos que evidencian la verdadera intención del Poder Legislativo: perseguir a la sociedad civil, o por lo menos, a quienes no consideran “amigos”.
Luego del inconstitucional proyecto remitido por la Cámara de Senadores a la Cámara de Diputados, las modificaciones introducidas por Santiago Peña han sido aprobadas en una sesión exprés, sin tiempo de debate y, tal vez, sin que hayan podido siquiera leer dichas modificaciones. Al decir del “oenegero transparente” Gustavo Leite, las mismas no eran más que “boludeces”. Sin embargo, estas “boludeces” resultaron no ser tales, ya que el proyecto de Peña excluye como sujetos obligados de la Ley nada más y nada menos que a las iglesias y confesiones religiosas, a los clubes de fútbol y a los partidos o movimientos políticos, dejando exclusivamente a aquellas organizaciones sin fines de lucro consideradas “enemigas” de la agenda estatal.
Es decir, si el verdadero propósito de la Ley conciliaba con el discurso de transparencia y lucha contra el lavado de dinero, la exclusión de estas agrupaciones no tiene razón de ser y despierta sospecha, ya que hemos sido testigos de grandes operativos de investigación de redes de lavado de dinero producto del crimen organizado salpicando a las iglesias (caso Tío Rico), los movimientos políticos y los clubes de fútbol como el Deportivo Capiatá, Rubio Ñu y River Plate (operativo A Ultranza, caso Marset). Otra de las modificaciones, que incluso ha sido reconocida por el propio proyectista como inconstitucional en un audio filtrado, ha sido la inclusión como sujetos obligados a aquellas organizaciones sin fines de lucro que reciban o administren fondos privados nacionales o internacionales. Sin embargo, el respeto a la Constitución pareciera ser lo menos importante.
Pero lo más sorpresivo de todo esto ha sido sin dudas la aparición de la ONG Cenáculo del Paraguay, perteneciente a la esposa del proyectista de la Ley anti-ONG, Gustavo Leite, en la cual, el hasta ese momento “oenegefóbico” senador Leite se desempeñaba como tesorero. Este hecho despertó rápidamente la curiosidad de tan contradictoria situación, por lo que horas más tarde, el país descubriría quiénes habían sido algunos de sus principales donantes, entre ellos nada más y nada menos que la empresa sancionada por el Gobierno de Estados Unidos, Tabacalera del Este (Tabesa), con donaciones por importe de casi 300 millones de guaraníes, y la Itaipú Binacional, con más de 230 millones de dinero público.
Ante la sorpresa ciudadana y el reclamo de varios sectores sociales, el senador Leite se vio obligado a rendir explicaciones; es así que convocó solo a medios periodísticos acreditados ante el Congreso para una conferencia de prensa el lunes pasado. Sin embargo, al ser consultado sobre la exhibición de facturas que justifiquen las donaciones, los desembolsos o los pagos por servicios prestados a la Asociación, según el legislador, encargada de la rehabilitación de jóvenes adictos a través de la oración, él mismo no supo satisfacer el reclamo, sino que se limitó a dar respuestas evasivas, indicando que procedería a transparentar su actuar solo si las otras entidades hacen lo propio.
El día de hoy, los senadores nacionales tratarán el proyecto de ley que lo que menos busca es transparentar el actuar de la sociedad civil, sino servir de garrote político para consolidar la hegemonía de poder e impedir que quienes luchan contra la corrupción estatal y a favor de la libertad de expresión, la transparencia, el medioambiente y los derechos humanos lo sigan haciendo. Impedir que la cooperación internacional siga dotando de infraestructura y capacitación a las instituciones públicas olvidadas por el Estado, impedir que las becas de estudio a través de organismos de cooperación puedan llegar a jóvenes que de otra manera verían muy lejos la posibilidad de estudiar en las mismas universidades extranjeras que los hijos de nuestros gobernantes, impedir que tengamos la esperanza de una igualdad real de oportunidades y una vida más digna, impedir que todos estemos mejor.
El día de hoy seremos testigos del regreso de esa frase que la creíamos olvidada: “para los amigos todo, para los enemigos… la ley garrote”.