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Si alguna muestra más faltaba de desvergüenza y provocación, la Cámara de Diputados terminó de sancionar la autoasignación de un subsidio de 3.500 millones de guaraníes para la jubilación vip de ellos mismos y de sus colegas senadores en apenas ¡seis minutos! Solo dos miembros opinaron brevemente en contra y la moción fue aprobada por 41 votos a 4. Todas las fuerzas y corrientes políticas, más allá de banderías e ideologías, estuvieron de acuerdo en ambas cámaras, lo que prueba que, para beneficiarse, rápidamente encuentran consenso. Ha habido muy aisladas excepciones, pero, a no ser que exista algún caso que no haya trascendido, nadie ha renunciado al privilegio.
Los senadores y diputados “aportan” mensualmente el 22% de sus dietas al Fondo de Jubilaciones y Pensiones para Miembros del Poder Legislativo de la Nación, más conocido como Caja Parlamentaria, y, a cambio, con tan solo dos períodos, es decir, escasos diez años, ya acceden a una pensión vitalicia del 60% del promedio de todo lo percibido en los últimos cinco años, incluyendo gastos de representación. Si el legislador en cuestión cumple tres períodos, o quince años de “contribución”, la pensión se eleva al 80%. Si no alcanza el tiempo mínimo u opta por no acogerse al beneficio, tiene la posibilidad de retirar el 100% de todo lo aportado.
Para expresarlo en números y a valores actuales, mensualmente a un legislador se le descuentan 6,5 millones de guaraníes para la Caja Parlamentaria, de una dieta de 29,6 millones de guaraníes por mes. Con los gastos de representación, sus remuneraciones básicas (sin contar combustible y otros extras que reciben para realizar sus actividades generalmente autoasignadas) ascienden a 32,7 millones de guaraníes, por lo que, al cabo de solo diez años, se hace feliz acreedor de una jugosa pensión de alrededor de 20 millones de guaraníes mensuales de por vida, que crece a 26 millones con tres períodos, o, si lo prefiere, puede retirar de una vez un monto equivalente a todo lo descontado.
Con un “aporte” total de 780 o 1.170 millones de guaraníes, según el caso, por cada diez años más de vida ese legislador recibirá de la Caja 2.400 millones o 3.120 millones de guaraníes, respectivamente. Además, si el legislador jubilado fallece, su cónyuge e hijos menores o discapacitados siguen cobrando el 70% de sus haberes hasta que ellos mismos fenezcan o adquieran la mayoría de edad, con lo cual la brecha se agranda mucho más aún.
Por supuesto que en estas condiciones la Caja Parlamentaria es absolutamente infinanciable, pero en vez de ajustarse a las posibilidades, ya sea aumentando los aportes, extendiendo los años de contribución o adecuando los beneficios a la realidad, los parlamentarios simple y llanamente le cargan el fardo a toda la ciudadanía, sin ruborizarse, en sesiones de seis minutos. Al subsidio de 3.500 millones de guaraníes aprobado en esta oportunidad para el ejercicio 2024, se suma otro por el mismo monto incluido subrepticiamente en el proyecto de Presupuesto 2025, y el agujero negro a cubrir será cada vez mayor.
En contrapartida, un trabajador formal del sector privado tiene que aportar durante 25 años y cumplir 60 años de edad para poder acceder a una jubilación completa, o contribuir durante 30 años para retirarse a partir de los 55 con jubilación parcial. En el sector público, donde también hay jubilaciones de privilegio y alto déficit, solo los policías y militares se pueden jubilar con diez años, con la diferencia de que los montos son mucho menores y el universo de aportantes, mucho mayor. Los docentes, por ejemplo, si bien tienen la prerrogativa de jubilarse a cualquier edad, para ello deben completar un mínimo de 20 años de aportes.
Peor aún, el 80% de la fuerza laboral en Paraguay está fuera de cualquier sistema de seguridad social, lo que significa que no tiene en perspectiva recibir jubilación alguna, pero sí de contribuir con sus impuestos para financiar la que se autoadjudican los parlamentarios.
La reforma previsional es uno de los enormes desafíos que tiene el país. Hay que reformar la Caja Fiscal de los funcionarios públicos para contener su exponencial saldo rojo, hay que restablecer la viabilidad financiera del Instituto de Previsión Social y hay que universalizar las contribuciones a la seguridad social para desactivar la “explosión de la deuda pública” de la que han advertido los organismos internacionales para los próximos quince o veinte años. Si Santiago Peña pretende conservar algo de autoridad moral para pedirle al pueblo los necesarios sacrificios que estos cambios implican, ineludiblemente tiene que comenzar por vetar, preferentemente en menos de seis minutos, esta nueva ofensa de la clase política a la gente. Y si insisten, entonces no quedará más remedio que salir a escrachar, dentro de lo que permite la ley, a los traidores de la confianza ciudadana.