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El senador Derlis Maidana (ANR, cartista) dijo que la jubilación vip de los parlamentarios es un “derecho adquirido” que “no se puede vulnerar”. Señaló que su posición es “como la de cualquier trabajador” y justificó que los legisladores accedieran al beneficio con tan solo dos períodos de aportes “porque no es fácil repetir el rekutu”. El desparpajo de esta gente supera toda capacidad de asombro. “Cualquier trabajador” tiene que aportar 25 años para jubilarse, y eso con mucha suerte, puesto que el 80% de la fuerza laboral del país está fuera de la seguridad social, pese a lo cual toda la ciudadanía tiene que contribuir con sus impuestos para solventar una pensión de por vida a estos caraduras.
Ya tiene media sanción del Senado y está por tratarse en la Cámara de Diputados un proyecto de ley que destina 3.500 millones de guaraníes de dinero público en 2024 a cubrir el déficit del Fondo de Jubilaciones y Pensiones para Miembros del Poder Legislativo de la Nación, lo que se sumaría a otro subsidio por el mismo monto incluido subrepticiamente en el proyecto de Presupuesto 2025. Tal déficit de la Caja Parlamentaria se genera por la sencilla razón de que los congresistas solo aportan una pequeña parte de lo que cobrarán por el resto de su vida, por efecto de un privilegio que ellos mismos se autoasignan a costilla de la ciudadanía.
Con solo dos períodos parlamentarios (diez años) de aportes un legislador ya accede a una jubilación extraordinaria mensual vitalicia del 60% del promedio de todo lo percibido en los 60 meses anteriores, incluidos los gastos de representación. Si “repite el rekutu”, como dice Maidana, y ocupa una banca por tres períodos, el monto se eleva al 80% como jubilación ordinaria. Si no alcanza el plazo u opta por no acogerse al beneficio, tiene la posibilidad de retirar todo lo aportado, y si el legislador jubilado fallece, su viudo o viuda y sus hijos menores o discapacitados siguen recibiendo el 70% de sus haberes.
El descuento establecido es del 22% de la dieta, que actualmente es de 29,6 millones de guaraníes mensuales. Con los gastos de representación, la asignación asciende a 32,7 millones mensuales. Significa que, a valores de hoy, aportando 6,5 millones de guaraníes por mes durante diez años (781 millones en total) podrá cobrar unos 20 millones de guaraníes mensuales desde los 55 años hasta su muerte, más la posible pensión a sus deudos. Y si el aporte es por quince años (1.170 millones), sus haberes serán 26 millones de guaraníes por mes hasta el final de sus días.
Un trabajador formal del sector privado afiliado al Instituto de Previsión Social tiene que aportar, conjuntamente con su empleador, el 25,5% (el 13% si se considera el aporte al fondo de salud, costo de administración y otros conceptos) de todo pago recibido excepto aguinaldo durante 25 años para acceder a una jubilación ordinaria completa, equivalente al promedio de lo cobrado en los tres últimos años de la vida laboral, a partir de los 60 años cumplidos. La edad puede reducirse a 55 años, pero con 30 años de aportes y con el 80% de la jubilación.
Incluso en la Caja Fiscal del sector público, donde también existen jubilaciones de privilegio y se registra un alto déficit, no existe nada parecido a lo de la Caja Parlamentaria para la mayoría de los funcionarios, salvo para policías y militares, con un promedio de haberes muy inferior. Los docentes, por ejemplo, que tienen la prerrogativa excepcional de poder retirarse a cualquier edad, deben completar para ello un mínimo de 25 años de aportes, menos ciertos descuentos hasta por tres hijos.
Peor aún, la enorme mayoría de los habitantes del Paraguay no está contemplada en ningún sistema jubilatorio, pese a lo cual tienen que pagar impuestos (aun si son trabajadores informales, a través del IVA y otros tributos indirectos como consumidores finales) para costear el opulento retiro de los políticos. Precisamente una de las grandes y urgentes reformas que necesita el país es universalizar las contribuciones y la cobertura de la seguridad social, pero ¿con qué autoridad moral estos congresistas van a legislar para exigir aportes previsionales a toda la población si ellos se jubilan de arriba con la plata del pueblo?
La Constitución paraguaya consagra el principio de la igualdad ante la ley, lo cual consiste en que no puede haber ciudadanos de primera y de segunda. Los privilegios y las discriminaciones no son constitucionalmente admisibles. Por lo tanto, la jubilación vip de los parlamentarios, aprobada por ellos mismos, no es un derecho adquirido, ni mucho menos, sino una tremenda e indignante avivada que debe ser suprimida.