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El 2 de marzo de este año, el entonces viceministro de Transporte, Guido Benza, sostuvo que “tenemos un servicio deficiente, que está sobrepasado por la cantidad de pasajeros”, lo que a su criterio crearía la “sensación” de las “reguladas” chantajistas en el área metropolitana de Asunción. Resulta así que, como en el caso de la inseguridad, sus víctimas solo tendrían una impresión subjetiva de la existencia de tales delitos. No obstante, es plausible que se haya admitido al menos el hecho innegable de que el sistema de transporte público es defectuoso, por decir lo menos. También lo es que el actual viceministro, Emiliano Fernández esté “socializando” un vasto plan de reforma (“El bus que viene”) que apuntaría a reducir el tiempo de espera y de viaje, así como el costo del pasaje, y a garantizar traslados seguros y de calidad durante todo el día.
El proyecto de ley respectivo iba a ser presentado en julio, pero ahora se anuncia que habrá que esperar hasta inicios de octubre, a lo que debe sumarse el tratamiento parlamentario, de modo que, dadas la tradicional parsimonia estatal y la resistencia de los intereses creados, es probable que ni siquiera se pueda esperar que el plan esté en plena ejecución dentro de cuatro años, como se dijo hace una semana. Ojalá nos equivoquemos, pero en estas condiciones es muy dudoso que el presidente Santiago Peña cumpla su deseo, expresado el 13 de mayo, de abandonar el cargo dejando –”con o sin los empresarios nucleados en Cetrapam”– un sistema de transporte que sea “mucho mejor” que el actual “colapsado y, sobre todo, inviable”. Por cierto, en la misma ocasión dijo que el proyecto sería entregado al Congreso “en los próximos días” y que deseaba “tener la ley aprobada antes de junio”. Ya estamos acercándonos a octubre. Un ejemplo más de las dilaciones habituales que, cabe insistir, influirán en el calendario de la reforma.
Por de pronto, el proyecto de ley de Presupuesto no incluye fondos para dicho efecto, aunque la ministra de Obras Públicas y Comunicaciones, Claudia Centurión, haya dicho en este contexto, también en mayo, que el Estado comprará en fecha incierta al menos mil buses, que serían concesionados a los “empresarios” del sector que, por lo demás, no compiten entre sí y quieren una ganancia asegurada. Así, no se lograría lo anunciado por Santiago Peña de renovar prácticamente todo el sistema, que el año anterior contaba con 1.688 buses que deberían haber estado operando. Es de agradecer que el Gobierno de la República de China (Taiwán) haya decidido donar al país 30 buses eléctricos que llegarán el próximo año, aunque constituya apenas una pequeña porción de la flota asuncena. Debe recordarse también el anuncio hecho en agosto último por el MOPC que el plan de transformación del transporte demandará una inversión inicial de 340 millones de dólares, que según la Dirección de Comunicaciones de la institución, el presidente Santiago Peña “aseguró” que provendrían de la “exitosa negociación sobre Itaipú”.
El proyecto del Presupuesto 2025 incluye que los chantajistas de siempre reciban la friolera de 302.760 millones de guaraníes (40 millones de dólares), lo que supone un aumento del 15,2% con respecto al Presupuesto vigente. El plan concebido mantiene el subsidio, financiado por los contribuyentes de todo el país.
Tal como se ven las cosas, los usuarios deberán seguir teniendo tanta paciencia como la que muestra el Viceministerio del área frente a quienes prestan un servicio público indispensable con vehículos destartalados y, para peor, someten a los indefensos usuarios a las infames “reguladas”. Aunque se deba esperar mucho aún para la ejecución de la reforma, el transporte de pasajeros ya mejoraría bastante si existiera hoy mismo la voluntad de cumplir y de hacer cumplir las leyes existentes, como la que lo califica de servicio “imprescindible”, la que ordena que el concesionario lo brinde en forma continua y la que cancela la licencia, el itinerario y el subsidio de las empresas infractoras, aparte de calificar de hecho punible que extorsionen a órganos estatales. El Gobierno de Santiago Peña muy bien puede comenzar por aquí.
En efecto, la reforma no servirá de nada si no se aplican las normativas vigentes para proteger a los usuarios de los abusos a los que están habituados los “empresarios” de este ámbito, en el que la connivencia entre los chantajistas y las autoridades es moneda corriente. Mientras esto persista, será del todo inútil confiar en la modernización del sistema.