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El 2 de septiembre, el Poder Ejecutivo presentó al titular del Congreso un muy importante proyecto de ley “que establece el régimen nacional de integridad, transparencia y prevención de la corrupción”. La iniciativa, derivada para su análisis a cuatro comisiones asesoras del Senado, alienta la participación ciudadana y otorga a la Contraloría General de la República (CGR) más facultades que las previstas en su ley orgánica. Camilo Benítez, la máxima autoridad de este órgano extrapoder de origen constitucional que vigila las actividades económicas y financieras del Estado, así como las de los Gobiernos departamentales y municipales, informó que el documento es el “fruto de la cumbre de poderes”, realizada el 24 de agosto de 2023, en la que se firmó un acta de compromiso en la lucha contra la corrupción.
Es plausible que el gran encuentro haya tenido un año más tarde un resultado concreto que merecerá un amplio estudio en sede legislativa, pues una de las tareas más serias que debe encarar el país es combatir ese flagelo tan extendido y arraigado. La ley propuesta, que designa a la CGR como el órgano rector y coordinador del régimen antes mencionado, será aplicable a todo el aparato estatal, incluso a la fuerza pública y a las sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria. Siguiendo los lineamientos de la CGR, cada entidad tendrá una Unidad de Transparencia y Anticorrupción, cuyo jefe dependerá directamente de quien la dirija; podrá recibir denuncias ciudadanas sobre casos de corrupción o de faltas administrativas y remitirlas a la CGR, la que tras el descargo del denunciado dará intervención al Ministerio Público si halló indicios de delitos y a la autoridad respectiva para la apertura del sumario administrativo si advirtió irregularidades; además, la CGR debe habilitar un portal para registrar las denuncias, incluso las anónimas.
Estas disposiciones son novedosas, ya que no existen normativas que regulen la recepción y el tratamiento de las denuncias contra los funcionarios públicos en general; el ciudadano ignora cómo y dónde presentarlas, en tanto que las entidades y la CGR no están obligadas a seguir un determinado procedimiento dentro de ciertos plazos, con la consecuencia de que las revelaciones pueden caer en saco roto. El decreto que en 2012 creó la Secretaría Nacional Anticorrupción (Senac), dependiente de la Presidencia de la República, solo dice que deberá “recibir denuncias contra funcionarios públicos de cualquier orden, derivarlas a la autoridad competente y hacer el seguimiento respectivo a los fines estadísticos y analíticos pertinentes”.
La promulgación de la ley sugerida hará que se extinga este órgano, que no ha tenido una labor destacada y no solo porque sus funciones se superponen en buena medida con las de la Auditoría General del Poder Ejecutivo, sino también porque, entre otras cosas, le costaría bastante echar un ojo a las fechorías perpetradas en el Palacio de López o en los diversos ministerios, aunque su misión sea liderar políticas de transparencia de gestión y lucha contra la corrupción en todas las instituciones de dicho Poder y solo en ellas. Como dice el contralor general, “no se puede luchar contra la corrupción desde el órgano que es evaluado”. Es evidente que esa lucha puede y debe librarla un órgano que, como la CGR, no depende de ningún Poder del Estado, al que pasarán las partidas presupuestarias de la Senac, incluido el anexo de personal, de modo que el aumento de sus atribuciones no supondrá el de sus gastos.
En tal sentido, se espera que tampoco conlleve mayores erogaciones la creación del Consejo Nacional Anticorrupción, integrado por representantes de los Poderes del Estado, del Ministerio Público y de la CGR, cuya principal función será concebir, aplicar y monitorear la Estrategia Nacional Anticorrupción. El asesor jurídico de la Presidencia de la República, Roberto Moreno Rodríguez, acierta cuando afirma que “con una ley no se resuelven todos los problemas de la noche a la mañana; no vamos a dejar de tener hechos de corrupción”, sobre todo, cabe agregar, si el Ministerio Público y la judicatura no cumplen con su deber de sancionar a los sinvergüenzas presupuestados, por someterse a los poderes político y económico. Ahora mismo, con las leyes existentes, estas instancias pueden hacer mucho más si dejan de lado la sujeción mencionada.
Por cierto, en mayo de este año, la CGR gastó casi 234 millones de guaraníes en viáticos para 76 funcionarios, que viajaron a 31 ciudades del interior y a una del exterior (Brasilia), en virtud de 16 órdenes de trabajo: el derroche también puede entenderse como una variante de la corrupción, si los viajes realizados no son indispensables. Viene a cuento aquí la eterna pregunta de quién controla al controlador. En nuestro caso, el Congreso –que hasta puede realizar un juicio político–, si muchos de sus miembros no estuvieran tan averiados y desprestigiados. Nadie debe estar fuera de control.