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En un país donde se respetan los valores morales y las cualidades intelectuales, presidir la República, integrar la máxima instancia judicial o encabezar una Cámara del Congreso supone haber realizado una larga “carrera de los honores”, en la que se van demostrando la honestidad y la idoneidad en el ejercicio de un cargo público: allí, los sinvergüenzas y los ineptos no pueden llegar muy alto. En el nuestro, en cambio, la integridad y la sapiencia son irrelevantes para ir escalando posiciones, tanto que es posible llegar a dirigir un poder del Estado sin contar con experiencia alguna en el manejo de la cosa pública, pero sí con cierto antecedente penal. En efecto, muchas veces el dinero o la protección de un patrón coyuntural bastan para que la indecencia y la mediocridad personificadas vean satisfecha su ambición de mando. Dan vergüenza ajena, pero allí están, gozando de las mieles del Presupuesto y exhibiendo sin pudor sus limitaciones de variada índole.
Un buen ejemplo de esta especie dañina para el sistema democrático es el senador Basilio “Bachi” Núñez (ANR, cartista), el actual presidente del Congreso que reemplazó a su colega Silvio Ovelar (ANR, cartista), el mismo que en 2013, en un “trato apu’a”, tomó en “alquiler” cédulas de identidad para impedir el voto ciudadano: la Cámara que deshonraba lo suspendió por sesenta días, pero diez años después llegó a presidirla, confirmando el amargo dicho de un hombre público paraguayo, de que “en este país no se pierde ni se gana reputación”.
Debe admitirse que Basilio Núñez tiene experiencia en la función pública, pues funge de legislador desde 2018, tras haber sido intendente. Empero, dista mucho de ser impecable el historial del líder del clan que hizo del departamento de Presidente Hayes su feudo y manejó a su antojo la dudosa Organización Paraguaya de Cooperación Intermunicipal (Opaci). Entre otras cosas, siendo “asesor político adjunto” de Horacio Cartes en 2015, recibió en la misma residencia presidencial a Carlos Sánchez (“Chicharõ”), hoy fallecido, en ese momento procesado y con orden de captura por lavado de dinero del narcotráfico. Puede decirse también que difícilmente pudo ignorar que su hermano Ricardo Núñez, siendo intendente de Villa Hayes, vendió lotes del Ministerio de Defensa; para cohonestar el despojo, el senador impulsó en 2023 un proyecto de ley de desafectación, que luego fue vetado por el Poder Ejecutivo. En algunos asuntos particulares da la impresión de que Bachi tampoco parece prudente, pues su morosidad obligó a la Cooperativa San Cristóbal a demandarlo por más de mil millones de guaraníes, por un préstamo que al parecer excedía considerablemente las posibilidades de endeudamiento del hoy titular del Congreso.
En consecuencia, no es llamativo que en su concepción de algunos asuntos de Estado tenga conceptos que rayan con la legalidad. Parecería que, para él, todo se reduce al principio “te doy para que me des”, de modo que las actuaciones constitucionales se convierten en monedas de cambio, independientes de la moral y de las normas. Es como si el chantaje formara parte de las “negociaciones”, según se deduce de su amenaza de que si la oposición pide que la Municipalidad de Asunción –destrozada por el intendente Óscar Rodríguez (ANR, cartista)– sea intervenida, él pedirá que se haga lo mismo con la de Ciudad del Este, dirigida por Miguel Prieto (Yo Creo). En otros términos, a él no le interesa que Asunción se esté cayendo o que en la Municipalidad eventualmente se esté robando a mansalva si él no consigue lo que le interesa. En verdad, es una concepción muy lamentable de la política y de la juridicidad.
Es palmario que el bien común exige que si se dan los requisitos previstos en la Constitución, una municipalidad debe ser intervenida, sin atender la afiliación partidaria del intendente o cómo se esté desenvolviendo la administración municipal de otra ciudad. No obstante, se agradece la franqueza del legislador de marras, porque lo pinta de cuerpo entero. Si este es el pensamiento de nuestros parlamentarios, Asunción puede continuar hundiéndose más profundamente en el fango, sin tener la posibilidad de que una mayoría parlamentaria defienda a sus habitantes.