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Uno de ellos tuvo como escenario la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac), encabezada por Édgar Melgarejo Ginard, sobreseído en segunda instancia con otros tres acusados debido a una supuesta indefensión en la causa abierta por la compra de tapabocas a precios excesivos. Por ser una decisión “ilegal y arbitraria”, que causaría “una mayor sensación de corrupción pública”, la sentencia fue atacada ante la Corte Suprema de Justicia, la que aún no se ha expedido.
Otro escandaloso caso afectó a Petróleos Paraguayos (Petropar) y tuvo que ver con la compra de agua tónica y de otros productos que no habrían ingresado en la empresa estatal: la extitular Patricia Samudio y su esposo, José Costa Perdomo, devolvieron los 359 millones de guaraníes que habrían sido malversados, pero, en su oportunidad, la entonces agente fiscal Liliana Alcaraz se opuso, con buen criterio, a la extinción de la causa.
La última noticia sobre los tremendos desmanejos administrativos durante la pandemia alude a los del grotesco intendente asunceno, Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR, cartista), el mismo de los 500.000 millones de guaraníes que se esfumaron como por arte de magia y se resisten a aparecer. También este personaje habría aprovechado la oportunidad brindada por el coronavirus para incurrir, según el Ministerio Público, en los delitos de lesión de confianza y asociación criminal, junto con veintiún funcionarios, entre los que figura Nidia Rosa López, la exdirectora de Gestión y Reducción de Riesgos de Desastres y actual directora general de Correos.
La imputación refiere que se constataron “hechos penalmente relevantes, que se traducen en groseras sobrefacturaciones de compras de (...) detergentes, saturómetros, toallitas desinfectantes” y otros bienes, hechas desde marzo de 2020 a “empresas de dudosa constitución”.
Se habría creado, en fin, “una estructura delictiva” para defraudar el patrimonio municipal, mediante nombramientos y contratos, entre otros mecanismos, habiéndose favorecido en varias contrataciones a las mismas firmas, “en forma sistemática”.
El imputado tuvo la desfachatez de alegar que el delito de lesión de confianza se le atribuyó solo por haber firmado resoluciones de transferencia o autorización: “No puedo rehuirme a no firmar” (sic), sostuvo, intentando lavarse las manos, olvidando que él es el ordenador de gastos de la Municipalidad, y que como tal tenía el poder hasta de vetar una ordenanza. Este impresentable, que tanto ofende la inteligencia de la ciudadanía, niega que exista algún faltante, por la simple razón de que ¡su auditoría interna no lo detectó! Los comentarios huelgan.
Se espera que esta imputación fiscal sea seguida muy pronto por una similar en torno al presunto desvío del fruto de los bonos emitidos para obras de infraestructura, no ejecutadas, ya advertido en parte por la Contraloría General de la República. Entretanto, parece que por fin el presidente de la Junta Municipal, César “Ceres” Escobar (ANR, cartista), se da cuenta del desastre que existe en la Municipalidad y reconoce la necesidad de intervenirla. En verdad, lo es porque no debe seguir siendo administrada por quien ha venido dando sobradas muestras de anomalías, por así decirlo, en el empleo del dinero de todos.
Sin duda, la pandemia –época en que, por su parte, el entonces jefe de Gabinete de Nenecho, Wilfrido Cáceres, se construyó una fastuosa mansión– fue un gran negocio para numerosos desalmados que confiaron en que la impunidad reinante les permitiría acrecentar sus respectivos patrimonios sin correr muchos riesgos.
La vileza exhibida es un buen ejemplo de la falta de escrúpulos de los corruptos: los centros sanitarios estaban saturados y la gente se moría, pero ellos vieron un “nicho” en el mercado estatal, del que supieron sacar provecho.
Es presumible que el Ministerio Público solo llegó a conocer la punta del iceberg: la gran mayoría de los sinvergüenzas, incluidos los del sector privado, pasa desapercibida, sin que tan siquiera les remuerda la conciencia. En suma, hay que seguir investigando, antes de que se opere la prescripción, al menos en los casos más escandalosos, siendo de desear que la acción fiscal no esté dirigida al blanqueo de los responsables.