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Justo cuando el Poder Ejecutivo presenta al Congreso el proyecto de Presupuesto General 2025, en el Senado olímpicamente cajonean la propuesta de incorporar al presupuesto nacional, como corresponde, los fondos extras provenientes de Itaipú por diferencia tarifaria. La evidente intención es seguir utilizando Itaipú como una caja negra para la repartija discrecional del Gobierno de turno y de los políticos del entorno del poder, al margen de las normas y principios elementales del derecho administrativo, mientras se siguen cercenando los legítimos intereses paraguayos en la binacional.
El proyecto fue puesto a consideración del plenario de la Cámara de Senadores, pero ni siquiera corrió su tratamiento, no digamos ya su aprobación o rechazo, por la nada sorprendente ausencia de 23 legisladores oficialistas y la conveniente abstención de sus bancadas satélites. De esta manera, estos ingresos no estarán contemplados en el Presupuesto 2025 y no serán distribuidos conforme a las reglas de una República ni como recursos de todos los paraguayos, sino casi literalmente como fondos reservados de Santiago Peña y de sus principales aliados, que podrán manejarlos a su antojo, prácticamente sin necesidad de rendir cuentas.
Esto explica en gran medida por qué esta administración puso tanto énfasis en el tema secundario de la tarifa en Itaipú, convenciendo engañosamente a propios y extraños de que por poco no se estaban jugando una cruzada nacional, en vez de concentrarse en lo principal, que es la renegociación del Anexo C, cuyo plazo de revisión ya se cumplió hace un año y todo sigue igual, en beneficio del Brasil, que cada día que pasa se sigue llevando la energía paraguaya a precio vil, y en detrimento del Paraguay.
Recordemos que Itaipú es formalmente una entidad sin fines de lucro, por lo cual su tarifa, que es la que le cobra a la compañía estatal eléctrica brasileña (ENBpar) y a la ANDE por contratación de potencia, debe reflejar estrictamente sus costos, ni un dólar más ni un dólar menos. Históricamente, el principal componente de ese costo fue el pago de la exorbitante deuda por la construcción de la central. Al quedar esta deuda cancelada en febrero de 2023, ese costo se redujo drásticamente y, con ello, también debió hacerlo la tarifa.
Brasil sostenía que la misma debía ser de 16,71 dólares el kilovatio/mes o menos, pero el Gobierno de Peña insistió en elevarla por encima del costo real, hasta a 22,60 dólares, con el fin de generar una diferencia para “inversión social y ambiental”, a ser dividida en partes iguales entre los dos países. Hábilmente Brasil aprovechó para ganar tiempo y finalmente terminó aceptando un punto medio de 19,28 dólares, por un plazo de tres años, tras el cual se acaban los “fondos sociales” y la tarifa vuelve al costo básico.
Con ello el Gobierno de Peña se aseguró un monto de “plata dulce” hasta el término de su mandato, de unos 650 millones de dólares anuales en total, parte de los cuales, hay que decirlo, estarán incluidos en las facturas de los usuarios paraguayos de energía eléctrica, ya que la ANDE tendrá que pagar más por la contratación de potencia de Itaipú. Brasil, por su parte, hizo lo de siempre, pequeñas concesiones para que todo siga igual. Las conversaciones sobre Itaipú están interrumpidas, ya se consumió un año y se postergó, por ahora sine die, la negociación principal sobre el Tratado.
Las reivindicaciones paraguayas en Itaipú no tienen nada que ver con la tarifa ni con los fondos sociales, sino con la libre disponibilidad y un precio justo por sus excedentes energéticos, que hoy virtualmente Paraguay regala a cambio de una ínfima “compensación”. Mantener la esencia de este statu quo por el mayor tiempo posible es el objetivo de Brasil. Por el momento lo está consiguiendo y le está costando muy barato.
Esos 650 millones de dólares al año son considerables para el Paraguay, pero insignificantes para el Brasil, equivalentes al 0,007% de su gasto estatal y al 0,001% de su producto interno bruto. Por lo tanto, más allá de cualquier excusa que quieran poner, si estos fondos no entran al Presupuesto como ingresos genuinos del Estado paraguayo, no serán más que un simple y llano soborno del Brasil al Gobierno de Santiago Peña.