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El fiasco del acueducto chaqueño, que entre 2012 y 2022 ha insumido más de 991.500 millones de guaraníes (130 millones de dólares), triplicando casi el costo inicial previsto, sigue insoluble en perjuicio del fisco y de los pobladores regionales. Pese a la enorme suma invertida en él, se trata de un elefante blanco, fuera de servicio desde hace casi dos años, que no ha servido para enfrentar con éxito las crisis recurrentes que sufre el Chaco central debido a la insuficiencia de lluvias y de fuentes hídricas. Pasan los Gobiernos sin que se tomen medidas que reparen de una vez por todas las deficiencias de un proyecto mal concebido y peor ejecutado, ni que los responsables de las chapucerías sean penal o civilmente sancionados.
A los reiterados reclamos de las víctimas de la falta de agua potable, causada por la indolencia, la ineptitud y la corruptela, se acaba de sumar el de la Junta Municipal de Boquerón (Colonia Neuland), que pidió auxilio al presidente Santiago Peña ante “la angustiosa situación que atraviesa cada año el Chaco paraguayo por la falta de agua”, que afectaría gravemente la calidad de vida y la salud de miles de familias, muchas de ellas indígenas. No se trata, pues, de una emergencia repentina, sino de una situación permanente, que aún no ha sido revertida pese a la multimillonaria suma arrojada al inservible acueducto, durante las gestiones ministeriales de Enrique Salyn Buzarquis, Ramón Jiménez Gaona y Arnoldo Wiens.
Si el acueducto funcionara algún día como es debido, quizá ya no sería necesario que la Comisión Nacional de Defensa de los Recursos Naturales vuelva a estudiar como hoy un proyecto de ley que declara en estado de emergencia ambiental los departamentos de Boquerón y Alto Paraguay, afectados por la sequía y los incendios forestales. Aparte de los ediles de Boquerón, también el gobernador Harold Bergen (ANR, cartista) creyó oportuno instar a que se arreglen los primeros cien kilómetros de la obra, que conforman la fase I, que se extienden desde Puerto Casado y estuvieron a cargo del Consorcio PS, representado por Óscar Soler.
El último 22 de abril, el senador chaqueño Orlando Penner (ex-PPQ) presentó con otros colegas un proyecto de ley que concesionaba la construcción y explotación de un canal de agua a cielo abierto en el Chaco y autorizaba al Poder Ejecutivo a firmar el contrato respectivo por treinta años con una sociedad anónima integrada por tres cooperativas menonitas: la iniciativa no fue tratada. Pese a todo, el pasado 5 de julio, día del cumpleaños del expresidente y titular de la ANR, Horacio Cartes, Penner se afilió al coloradismo y, en un acto que rozaba la abyección, fue a entregar su afiliación al que parece ser el nuevo “único líder”. Presuntamente pretendía impulsar los proyectos en beneficio de la zona y reveló que la parálisis de su propuesta respondía a un obstáculo político que no especificó: se limitó a decir que “no está exenta la política que hace daño al país”, tanto, cabría agregar, como la traición al electorado.
Entretanto, los actores públicos y privados que intervinieron en el fracasado acueducto siguen impunes: nadie ha sido tan siquiera investigado por el Ministerio Público, como si el daño infligido al erario saqueado y a los chaqueños engañados fuera insignificante, pese a que la ingeniera Claudia Centurión, ministra de Obras Públicas y Comunicaciones, llegó a afirmar el 18 de octubre de 2023 que “los responsables de haber faltado a su deber en el tramo crítico (fase I) tendrán que responder”. Conste que se quedó corta, pues el viceministro José Espinosa, quien renunció el 15 de marzo de este año por “motivos personales”, había apuntado la inutilidad de los 203 kilómetros de cañerías entre Puerto Casado y Loma Plata.
Además de las consecuencias penales y civiles emergentes de los perjuicios causados, entre ellas las que deberían sufrir también los fiscales de obras que avalaron los trabajos mal hechos y no verificaron la calidad de los materiales usados, la ciudadanía tiene derecho a saber en qué consisten las trabas políticas que afectarían la solución propuesta al interminable drama del ruinoso acueducto. ¿Hay acaso intereses más fuertes que el de los chaqueños de contar con una provisión regular de agua potable, para lo cual ya se ha invertido muchísimo dinero, quizá con sobrecostos? La angustiosa situación anual de los damnificados requiere un pronto y definitivo remedio, para lo cual es imprescindible aplicar la ley penal y la de suministro y contrataciones públicas, para que los responsables del desastre vayan a parar a la cárcel, lo que servirá de ejemplo para, al menos, disminuir el enriquecimiento ilícito a costa de los contribuyentes. Una vez más, en Paraguay existen delitos, pero no delincuentes.