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Tras la operación policial que culminó con la muerte del diputado Eulalio “Lalo” Gomes (ANR, cartista), el fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, aconsejó cautela frente al crimen organizado, porque sus “tentáculos llegan a las más altas esferas”. En efecto, a estas trágicas alturas, no sorprendería que se extendieran a los palacios que acogen a los poderes del Estado y a otras sedes que asientan a organismos encargados de combatir el narcotráfico. Para no ir más lejos, en 2014, una comisión senatorial acusó a un grupo de legisladores, con nombres y apellidos, de estar ligados al narcotráfico, entre ellos al entonces diputado Freddy D’Ecclesiis (ANR, cartista), hoy gobernador de San Pedro. Poco después, el vicepresidente de la República, el “significativamente corrupto” Hugo Velázquez (ANR, FR), reveló que la mafia había penetrado en los tres poderes estatales, algo que el exjefe del Ejecutivo Mario Abdo Benítez repitió varias veces en términos similares y con efectos insignificantes.
Por su parte, el presidente actual, Santiago Peña, en la mayoría de las veces se ha referido en términos generales a la situación y difuminando la responsabilidad de combatir ese problema a través de nuestras propias instituciones, reclamando la ayuda internacional. Según el periódico británico Financial Times, a principios de este mes el mismo “ha instado a los países europeos a hacer más para ayudar a América del Sur a luchar contra el crimen organizado”. Según el citado medio, el Mandatario paraguayo sostuvo que “este no es problema de un país, sino de muchos países, por lo que todos tenemos que trabajar juntos”.
Este tipo de manifestaciones tienen un tufo de hipocresía y coliden con la realidad, ya que los grandes casos relacionados con el crimen organizado que han sacudido a nuestro país pudieron y pueden ser combatidos localmente. Todo lo contrario, cuando algún pez gordo de la política aparece mencionado en algún gran asunto de droga o lavado de dinero, los altos cargos gubernamentales, legisladores y políticos nunca salen a pedir el pronto esclarecimiento del caso o el apartamiento de sus cargos de los involucrados, sino realizan una velada defensa de los afectados, mientras el Poder Judicial tarda una enormidad en pronunciarse, para todo lo cual no se necesita “trabajar juntos” con los otros países, como reclama el Presidente. Un caso concreto es el del recientemente fallecido diputado Eulalio “Lalo” Gomes, sobre quien ya existían informes de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) en la Fiscalía y en el Congreso por lo menos desde el 2021, pero sus integrantes no han movido un dedo para impulsar la investigación correspondiente. Por el contrario, ahora que ha fallecido en un oscuro episodio, en el que participaron fiscales y policías, importantes integrantes del oficialismo colorado se han indignado, han exigido el esclarecimiento del episodio y hasta han sugerido un juicio político para el fiscal general del Estado. ¿De qué hubiera servido en este caso la colaboración de los demás países que reclama Santiago Peña? Un pobre argumento para justificar la falta de compromiso en la lucha contra el crimen organizado.
Por otra parte, se diría que la sociedad ya está curada de espanto, tanto como que dos familiares directos del opulento legislador fallecido, señalado como lavador de dinero o bienes del narcotraficante brasileño Jarvis Chimenes Pavão, condenado en su país, trabajan precisamente en la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad): uno como jefe de un grupo operativo y otro como director, según el ministro del Interior, Enrique Riera. Por lo demás, una hermana de Lalo, Egidia Gomes Batista fue fiscala de Villa Elisa, hoy jubilada, en cuyo despacho se habría sustituido un depósito de cocaína por bicarbonato de sodio. En este aspecto, el fiscal general del Estado habló de “intereses de narcotraficantes vinculados con el Gobierno, con las Cámaras”, al referirse a que se eluden los controles ruteros por filtraciones. El hecho de que haya revelado los lazos entre los Poderes Ejecutivo y Legislativo, por un lado, y el crimen organizado por el otro, debería provocar una conmoción política en un país que por poco no se ha convertido ya en un narcoestado. Salvo que vengan a imponer sus leyes o a intervenir con sus fuerzas militares, poco o nada pueden hacer los otros países cuya participación reclama Santiago Peña. La podredumbre está aquí.
La situación es tal que, antes de que las cosas se aplaquen, más bien existe el peligro de que se salgan aún más de control, pues todo indica que las instituciones han perdido el respeto que deberían tener. Así puede pensarse a partir de que, pese al lapidario informe de la Seprelad de 2021 sobre el fallecido Lalo Gomes, una respetable organización, como la Asociación Rural del Paraguay, Regional Amambay, lo reeligió presidente en 2022. Al año siguiente fue elegido diputado. El abogado Felino Amarilla reveló hace unos días que el mismo le habría dicho en una feria ganadera que podría hacer matar a su hermana, la senadora Celeste Amarilla (PLRA). Por su lado, el ministro del Interior, Enrique Riera, habría recibido mensajes de una hija de Lalo Gomes, en los que le expresaría que no descansará hasta que el destinatario “pague” por lo ocurrido con su padre. No es raro, en consecuencia, que en el sepelio del fallecido realizado en Pedro Juan Caballero, haya aparecido un vehículo con un eslogan atribuido al famoso narcotraficante colombiano Pablo Escobar: “Plata o plomo”. El augurio no es nada bueno. Deben actuar con firmeza las autoridades nombradas para el efecto, sin esperar que otros países nos salven.
En este contexto también se puede recordar que, en estos días, fue detenido por narcotráfico un exchofer de la Cámara Baja, hermano del diputado Benjamín Cantero (ANR, cartista). Mientras tanto, los procesos seguidos por lavado de dinero del narcotráfico y asociación criminal al senador Erico Galeano (ANR, cartista) y el exdiputado del mismo partido Ulises Quintana avanzan a paso de tortuga, como si nadie quisiera comprometerse en la cuestión.
La dramática circunstancia de que los tentáculos mafiosos lleguen a “las más altas esferas” pone a nuestro país en una situación de emergencia. Es intolerable que un Gobierno sea influido por el crimen organizado, tal como lo sugiere el propio fiscal general. Más allá de pedir auxilio desde afuera, sería bueno saber qué piensa hacer Santiago Peña para empezar a limpiar la casa, de modo que el Paraguay deje de ser un oprobioso narcoestado.