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Se informó que el Gobierno autorizó la gestión de un nuevo préstamo para la pavimentación del tramo Cruce Centinela-Mariscal Estigarribia, lo que se suma a un paquete de endeudamiento de 1.400 millones de dólares que tiene el Poder Ejecutivo en carpeta, parte de ello ya remitida al Congreso, por encima de los 553 millones de dólares anteriormente aprobados para emisión de bonos en el Presupuesto 2024, más los 600 millones de dólares computados al Presupuesto 2023 para pagar a proveedores y contratistas. Con esto, el saldo de la deuda pública con esta administración por primera vez superará largamente la barrera del 40% del PIB, cuando hace tan solo una década era del 10%. Endeudarse hasta cierto límite no es malo en sí mismo. El problema es cuando se rifa y se roba la plata, que es exactamente lo que ocurre en Paraguay.
La lógica del endeudamiento es que, si se utiliza el dinero para invertir en infraestructura, en potenciación de los recursos humanos, en capacidad productiva, con todo ello se generará un retorno superior a la tasa de interés que se verá reflejado en el crecimiento de la economía, con lo cual el porcentaje de la deuda en relación con el producto interno bruto, que es el valor de todos los bienes y servicios producidos en el país en el año, se tendría que mantener más o menos estable.
Claramente, eso no ha ocurrido ni remotamente en Paraguay. Entre 2013 y el primer semestre de 2024 el saldo de la deuda estatal dio un salto de 325%, de 4.174 millones a 17.759,1 millones de dólares, mientras que todo el crecimiento económico acumulado en el mismo período, ya considerando la proyección de este año, ha sido de solo del 33,4%, diez veces menos. Y estos son solamente los préstamos con garantía del Tesoro. No se contemplan, por ejemplo, las deudas contraídas por las municipalidades o por varios entes descentralizados y autárquicos, como podría ser el Instituto de Previsión Social.
El motivo de este amplio desfase entre el endeudamiento y el crecimiento es muy simple: la mayor parte del dinero se despilfarra en gastos improductivos, se desvía en sobrefacturaciones y sobornos, se pierde en la maraña de la ineficiencia estatal. Si como muestra vale un botón, baste mencionar los famosos 500.000 millones de guaraníes de la Municipalidad de Asunción, cuya aplicación y destino siguen sin aclararse.
Otro gran factor por el cual el endeudamiento no se ve reflejado en el crecimiento económico es el ya crónico “bicicleteo”. Gran parte de la deuda es en realidad tomada para pagar deudas anteriores, comúnmente solo los intereses, lo cual va agrandando inatajablemente la bola de nieve.
De acuerdo con las planillas publicadas en el portal del Ministerio de Economía y Finanzas, en la última década el Estado paraguayo ha recibido desembolsos por préstamos y por colocación de bonos soberanos (una vez más, solamente considerando lo garantizado por el Tesoro) por 20.000 millones de dólares, y en el mismo lapso ha pagado a los acreedores 9.230 millones de dólares, pese a lo cual el saldo de la deuda a junio de 2024 era de 17.759 millones de dólares, equivalentes al 39,2% del PIB, prácticamente el mismo monto que el total de lo recibido.
Las sumas contraídas son cada vez mayores. En la década del 2000 se tomaban préstamos por 200 a 400 millones de dólares al año; en la década de 2010 el promedio se elevó a 1.041 millones de dólares al año; en la década de 2020, ya saltó a 2.500 millones de dólares anuales. En lo que va de 2024 ya se recibieron desembolsos por empréstitos por 1.709 millones de dólares y todavía falta medio año.
También es cada vez mayor el costo financiero. El servicio de la deuda pasó de 428 millones de dólares en 2010 a 1.679 millones de dólares en 2023, cifra que tiende a crecer exponencialmente. Este año en un semestre ya se pagaron casi 900 millones de dólares solamente en intereses.
El país todavía tiene capacidad de pago, que en definitiva es lo que se ha tenido en cuenta para otorgarle el grado de inversión. Pero no es solo que se pueda pagar, sino que esas deudas sean realmente en beneficio de la ciudadanía y del desarrollo nacional, y no para seguir alimentando a la casta de privilegiados y millonarios vinculados a la política y a los negocios con el sector público, mientras que la cuenta la tiene que pagar la gran mayoría de la población que no vive ni directa ni indirectamente del Estado, pero que contribuye para mantenerlo con sus impuestos y con sus aportes y tarifas por servicios de pésima calidad.