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Cuando se discutió y se aprobó la llamada “ley de bicicleteo” del Instituto de Previsión Social a fines de 2022, que le autorizó al Fondo de Enfermedad y Maternidad, o Fondo de Salud, a tomar préstamos para ponerse al día con sus proveedores y normalizar el flujo de medicamentos, se hablaba de una deuda vencida de 230 millones de dólares. Dos años después, la provisión de medicamentos sigue tan carente como siempre. Pero ahora, junto con otros saldos, se habla de una deuda vencida de 900 millones de dólares. Este solo dato indica a las claras que esta situación no puede continuar.
Decimos “se hablaba” y “se habla” porque, justamente, uno de los gravísimos problemas es la falta de transparencia. No se sabía a ciencia cierta entonces y no se sabe ahora cuánto se debe, a quién se le debe, en qué concepto, cuál era la real necesidad y pertinencia de esas compras y contrataciones, si se auditaron las cuentas, cuánto ya se pagó, si se le pagó más a este que a aquel y por qué. Todo eso entra dentro de un enorme agujero negro con un espacio demasiado amplio para la discrecionalidad y, por ende, la corrupción.
Nadie informa con precisión cuánto ya se ha desembolsado ni cuánto falta desembolsar y ahora nos enteramos de que parte de las deudas fueron transferidas a bancos de plaza, por al menos 60 millones de dólares, por lo cual el IPS tendrá que pagar 3,4 millones de dólares adicionales solo en comisiones.
Tal es el descontrol que la mencionada ley, también conocida como “ley Samaniego” por haber sido impulsada por Lilian Samaniego, senadora con una historia de vínculos con proveedores del IPS, insólitamente no estableció montos, ni estimación de gastos, ni proyecciones ni topes. Simplemente se le dio carta blanca al Consejo de Administración para negociar con bancos y acreedores, algo inaudito en Derecho Público Administrativo, ni más ni menos que un cheque en blanco con el dinero de los aportantes.
Si esto es de por sí irregular y peligroso, lo es mucho más en el IPS, donde la mala administración ha sido la regla, que es la segunda gran raíz de la crisis. El instituto está gobernado por un Consejo de seis miembros nombrados por el Poder Ejecutivo, tres de ellos en dudosa “representación” de los empleadores, los trabajadores y los jubilados, presidido por un funcionario, a menudo médico, que puede ser muy competente en su especialidad, pero que normalmente no tiene ni la idoneidad ni la experiencia administrativa para manejar una entidad tan compleja.
En el sector privado a nadie se le ocurriría dejar una empresa que maneja 100 millones de dólares mensuales en manos de un directorio que no reuniese probadas aptitudes, y en ningún caso la pondrían a cargo de gente que nunca estuvo al frente de un negocio mínimamente comparable. Pero en el sector público eso pasa permanentemente y las consecuencias están a la vista.
Como ejemplo, el IPS tiene 26.000 funcionarios, más que casi cualquier otra entidad pública o privada en el país, incluyendo las municipalidades y las binacionales, exceptuando solamente los ministerios de Salud, Educación y la fuerza pública. Destina el 7% de las recaudaciones brutas a “gastos administrativos”, lo cual es una enormidad, y eso sin considerar el pago del personal de blanco. Con ello se reparten los aportes de los afiliados, con contratos colectivos lesivos y totalmente alejados de la realidad, refrendados por un Consejo de Administración inoperante, lleno de privilegios, que funciona poco menos que como simple órgano validador.
Al margen de todo ello, también hay cuestiones estructurales que tienen que ver con la propia viabilidad y sostenibilidad del sistema, y que nadie se anima a abordar. El 80% de los asegurados del IPS aporta sobre el sueldo mínimo, debido a una generalizada subdeclaración ante la cual el Consejo de Administración hace la vista gorda. Ya con el aporte patronal, eso significa que el 80% paga menos de 280.000 guaraníes mensuales (450 dólares al año) por un seguro médico universal para el aportante y sus familiares dependientes (más todos los que entran por la ventana) con un amplio abanico de servicios médicos, desde consultas hasta internaciones y terapia intensiva, intervenciones quirúrgicas, tratamientos de patologías de alta complejidad, con medicamentos incluidos. Es imposible que dé abasto.
El IPS se está yendo rápidamente a la quiebra, y no solamente el Fondo de Salud, sino también el Fondo de Jubilaciones y Pensiones, con sus propios saldos rojos y factores de crisis. Es alarmante la pasividad con la que tanto los gobiernos de turno como amplios sectores de la sociedad, incluyendo los gremios empresarios y centrales obreras, asisten a este descalabro.