Cargando...
La Cámara de Diputados trataría hoy un proyecto de ley del diputado Derlis Rodríguez (ANR, cartista) que favorece la impunidad, sobre todo la de los mafiosos y la de los ladrones de fondos públicos, en la medida en que su versión original reduce de cuatro a tres años la duración máxima de un proceso penal de acción pública y fija un tiempo de treinta días, a lo sumo, para que la Fiscalía impute o desestime una denuncia: la norma vigente no establece plazo alguno. Se diría que esta iniciativa responde al mismo espíritu que tuvo la del diputado Yamil Esgaib (ANR, cartista), cuya “devolución premiada” con una reducción de la pena tropezó en mayo con el rechazo unánime del Senado. Es llamativo que iniciativas como estas aparezcan en el Paraguay, país que con frecuencia figura en los peores lugares en las encuestas internacionales sobre corrupción, cuando lo que se necesita son más bien medidas firmes que favorezcan la investigación y la condena de los delincuentes.
Debatida la propuesta en una audiencia pública, el juez penal de Garantías especializado en delitos económicos y presidente de la Asociación de Magistrados, Rodrigo Estigarribia, dijo que disminuir la extensión máxima de un proceso penal conllevaría dar impunidad en los complejos casos del crimen organizado. Por su parte, la diputada Rocío Vallejo (PPQ), exagente fiscal, afirmó que sería imposible cumplir con un plazo tan breve para imputar o desestimar una denuncia, con lo que se generaría un “tendal de impunidad” por la vía de la prescripción de la causa, también en los casos de abuso sexual o de delitos informáticos, dada la insuficiencia de peritos forenses.
Es bien sabido que en nuestro país la justicia penal no es pronta ni barata: las pesquisas y los juicios se dilatan debido muchas veces a la indolencia de los agentes fiscales y de los jueces, espontánea o alentada por el dinero, y a las chicanas sistemáticas planteadas por abogados inescrupulosos, con el fin de lograr que se extinga la acción penal. Pero estas artimañas no son castigadas no por falta de normativas, sino por desinterés de los propios jueces, en el mejor de los casos. A ellas se suma la consabida morosidad judicial, practicada incluso por la Corte Suprema de Justicia, por lo que la iniciativa en estudio agravará considerablemente la situación actual.
En febrero, la máxima autoridad judicial resolvió urgir al Senado el tratamiento de un proyecto de ley “antichicanas”, presentado en 2019 por el ministro Alberto Martínez Simón, que suspende el plazo máximo de duración de un proceso cuando se planteen excepciones o acciones de inconstitucionalidad o se tramiten recusaciones o inhibiciones de jueces penales.
Sería útil que el Congreso se ocupe de una vez por todas de esta iniciativa, en vez de aprobar una que solo favorecería a los litigantes de mala fe, aumentando de paso la inseguridad reinante. Lo que se impone es sancionar a los chicaneros y acabar con la morosidad en el Ministerio Público y en la judicatura, aplicando las normativas en vigor. Como dijo el juez Estigarribia, dirigiéndose a los legisladores: “Piensen en el ciudadano, en las víctimas, en el crimen organizado, en el narcotráfico, en todas estas cuestiones que afectará una simple modificación procesal”. Si es necesario que los agentes fiscales y los jueces sean más diligentes, también lo es que no se favorezca la actuación de grupos criminales infiltrados incluso en el aparato estatal, impidiendo, entre otras cosas, una investigación exhaustiva del narcotráfico y de los delitos conexos, como el lavado de dinero.
Indagar con dedicación, reforzando, si fuera necesario, los recursos humanos y materiales del Ministerio Público, así como sancionar la mala fe procesal y evitar la morosidad judicial, serán actitudes mucho más beneficiosas para combatir el crimen que la promulgación de una ley que solo favorecerá a quienes delinquen en gran escala.