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Aparte de que parece manejar el Poder Ejecutivo por control remoto, el expresidente Horacio Cartes presuntamente recurre al Poder Judicial y al Legislativo para vengarse de sus adversarios políticos y acallar las críticas de un periodismo independiente. Es que ha de ser frustrante tener un descomunal poder económico, estar al frente del partido político más fuerte del país, desde donde prácticamente puede dirigir su destino, pero no poder disponer libremente de sus bienes ni asomar con tranquilidad sus narices fuera de nuestras fronteras, lo que permite pensar que busca dirigir toda su artillería contra la gente que no le canta loas o da a conocer lo que se publica o se opina sobre él dentro y fuera del Paraguay. Es que los antecedentes del exjefe de Estado no lo ayudan mucho, ya que se publican informaciones sobre él no solamente en nuestro país, sino también en el exterior, al punto de que se sabe que en Estados Unidos, hoy la principal piedra en su zapato, es investigado desde hace más de 15 años.
Así que parece ser que el cartismo busca golpear a todos los que le parecen enemigos. Aunque no apele a procedimientos tan bárbaros como el que en 2017 causó la muerte del joven Rodrigo Quintana durante un asalto policial a la sede del PLRA, resulta infame apelar a querellas o a una “comisión garrote” para que órganos constitucionales satisfagan un rencor mezquino, manteniendo en “cháke” permanente a la ciudadanía crítica. El copamiento de las instituciones en función del personalismo rampante atenta contra el Estado de Derecho, en el que las leyes rigen tanto para gobernantes como para gobernados, mal que les pese a los autoritarios en marcha, alentados por el dinero.
Los sinvergüenzas no tienen convicciones, sino billeteras ávidas, así que se permiten dar instrucciones vía “chat” a un agente fiscal por encargo de un patrón denunciante. Es oportuno recordar que en 2023, según un “chat” que cobró estado público, el abogado Pedro Ovelar, al parecer en presencia del presidente formal Santiago Peña (“Estoy con Santi acá. Estamos en el camino correcto”), en el marco de la causa abierta a los ya imputados Arnaldo Giuzzio y Mario Abdo Benítez, entre otros, sobre denuncia falsa y revelación de secretos de servicio con respecto a los manejos financieros de Horacio Cartes, instruccionó a un fiscal. El caso tiene que ver con ciertas actuaciones de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes, de cuyo ámbito de competencia se ocupará ahora, supuestamente, una transitoria comisión del Congreso, cuya creación, a iniciativa del diputado Rodrigo Gamarra (ANR, cartista), tuvo el voto favorable, entre otros, del senador Erico Galeano (ANR, cartista), imputado por lavado de dinero.
Partiendo de la declaración de algunos legisladores, entre ellos la del titular de la Cámara de Senadores, Basilio “Bachi” Núñez (ANR, cartista), en realidad, lo que se pretendería es perseguir de modo indirecto a este diario poniendo bajo la lupa al grupo empresarial editor y continuar acosando a las “organizaciones sin fines de lucro”, luego de que la Cámara Alta haya dado media sanción a un proyecto de ley que “establece el control, la transparencia y la rendición de cuentas” de las mismas.
En lo que atañe a ABC Color, vaya por delante que los investigadores al servicio del cartismo no habrán de amedrentarle: amparado por la Constitución, no renunciará al ejercicio de las libertades de prensa y de expresión, como siempre, para defender la democracia, combatir el latrocinio del dinero público y promover tanto la sanidad como la educación, entre otros asuntos que hacen al bien común.
Como este diario nada tiene que ocultar, dará las respuestas adecuadas a las indagaciones de quienes creyeron oportuno disimular sus perversos propósitos, sin perjuicio de negarse a tolerar mansamente que los derechos y garantías constitucionales sean ignorados. Aunque les disguste, los mandamases de hoy deben saber que seguiremos bregando por la patria, a la que no confundimos con una firma tabacalera sancionada por el Gobierno estadounidense, porque su dueño de hecho sería “significativamente corrupto”. Es francamente lamentable que se haya llegado a identificar sus intereses monetarios particulares con la soberanía del Paraguay, como si este país le perteneciera.
Para decirlo una vez más, los autoritarios de nuevo cuño no habrán de acallarnos. ABC Color seguirá denunciando sus groseras arbitrariedades, como la de expulsar a una senadora insobornable. Felizmente, son muchos los ciudadanos de bien que se rigen por ciertos valores morales, incomprensibles para los que hacen del servilismo un estilo de vida bien retribuido. Dado que no todo está en venta, recurren al garrote envuelto en una sentencia, en una ley o en una comisión investigadora, para golpear a quienes se niegan a inclinar la cerviz. Hay que mantener, pues, la guardia alta y poner siempre en evidencia a los jueces y a los legisladores que caen en la ignominia de postrarse ante el poder del dinero. En última instancia, se trata de una cuestión de dignidad nacional, que tampoco entienden quienes carecen de la personal, para empezar. El cartismo progresa solo gracias a ellos, de modo que es necesario desenmascararlos, allí donde se encuentren.