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La Asociación Nacional de Asegurados pidió al Poder Ejecutivo que declare de inmediato al ente en estado de emergencia financiera, que los bienes de sus exadministradores sean embargados y que los empresarios que intervinieron en “negociados” sean sometidos a proceso. Los acuciantes reclamos son una consecuencia más de la dramática situación que dicha entidad sufre desde hace largos años, sin que jamás se hayan tomado las medidas necesarias para sanearla a fondo. Los Gobiernos y los Consejos de Administración van y vienen, pero todo sigue igual como si las notorias insuficiencias e irregularidades del IPS fueran del todo incorregibles.
La corrupción y la ineptitud siguen sometiendo a los pacientes y a sus familiares al calvario de soportar, entre otras agudas carencias, la falta de insumos y de medicinas que no pueden costear; los enfermos oncológicos insolventes se ven forzados a recurrir al Instituto Nacional del Cáncer (Incan), conformando allí el 30% de los pacientes e incidiendo, como es obvio, en el Presupuesto del desbordado instituto. Además, a los más de 1.500.000 asegurados descontentos, acaban de sumarse los médicos que exigen mejoras salariales y menos horas de trabajo, de acuerdo a la ley: satisfacer sus demandas costaría 43 millones de dólares, de los que no se dispone. Tampoco se dispone de dinero para saldar la deuda con las empresas farmacéuticas, que ya superaría los 600 millones de dólares (!); ello explicaría que hace un par de meses haya faltado el 40% de los fármacos que debían estar disponibles, según reveló en su momento el doctor Carlos Morínigo, el exgerente de Salud del IPS que luego fue destituido por su exceso de sinceridad.
La gravísima crisis financiera no responde solo a la evasión de los aportes o a la declaración de salarios inferiores a los cobrados, sino también –y sobre todo– a la malversación, al derroche y al clientelismo rampantes. Más prioritario que atender a los asegurados como es debido sería firmar un convenio colectivo inaceptablemente generoso para los funcionarios o contratar a abogados externos, teniendo toda una Dirección Jurídica.
De una distorsión similar de la escala de valores, en lo que atañe a los “gastos operativos”, adolece un proyecto de ley del Poder Ejecutivo que tratará hoy la Cámara de Diputados y en virtud del cual se amplía el Presupuesto del IPS en 1,6 billones de guaraníes (227,9 millones de dólares), a ser destinados casi íntegramente al pago de jubilaciones y pensiones; la suma restante servirá, entre otras cosas, para “gratificar” a los policías de guardia en los diversos servicios del IPS (7.500 millones de guaraníes) y pagar las licencias de Microsoft (14.000 millones).
La mayor parte de la ampliación presupuestaria será financiada con recursos propios de la entidad, que no dejarían margen alguno para la compra de insumos ni de fármacos, según parece. Siendo así, cabe preguntarse qué piensa hacer el Consejo de Administración para al menos evitar que la colosal deuda con las firmas proveedoras siga aumentando y que persista el crónico desabastecimiento farmacológico. Todo indica que allí faltan ideas y sobran intereses creados. Llueven las justas críticas, incluso desde la “clase política”, pero nadie se atreve a poner el cascabel al gato, como si el art. 95 de la Constitución fuera un tabú. Dicha disposición expresa que “Los servicios del sistema de seguridad social podrán ser públicos, privados o mixtos, y en todos los casos estarán supervisados por el Estado”, pero el monopolio forzado del IPS resulta intocable.
Los trabajadores deben poder elegir, dado que ni siquiera pueden confiar en sus propios representantes en el Consejo de Administración, confabulados desde siempre en desmanejos de todo tipo. Allí se trafica no solo con medicamentos, sino también con cargos; el descontrol es tragicómico: el año pasado, una enfermera de la Unidad de Salud de San Antonio obtuvo un permiso de reposo por “absceso de próstata” (!) y otro por “diarrea neonatal” (!).
La muy triste historia del IPS afecta la vida y los bienes de unos asegurados sometidos a una desvergüenza institucionalizada. Cabe preguntar hasta cuándo sus repudiables autoridades seguirán abusando de su paciencia.