Cargando...
Al intendente asunceno, Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR, cartista), le costaron horrores poner las cartas sobre la mesa en el colosal escándalo de los 500.000 millones de guaraníes provenientes de la emisión de bonos para construir doce obras de infraestructura, hoy difíciles de demostrar. Aunque se tomó su tiempo para hacer los arreglos burocráticos necesarios para justificar el empleo lícito de los fondos, no entregó toda la documentación requerida por la Contraloría General de la República (CGR), la que terminó emitiendo un demoledor dictamen, también remitido al Ministerio Público.
En consecuencia, este último órgano abrió una causa penal por lesión de confianza y allanó la Municipalidad hace dos semanas para incautarse de comprobantes de pagos. Además, la emplazó para que entregue más facturas de los bonos emitidos y que la Fiscalía hará énfasis en la investigación de los bonos de los años 2022 y 2023, omitiendo, al igual que la CGR, lo ocurrido con la inversión que debía realizarse con los bonos de 2020 y 2021, años de pandemia en los que el exjefe de Gabinete Wilfrido Cáceres, hoy investigado por enriquecimiento ilícito, se hizo de una espectacular vivienda. Se ignoran los motivos por los que la investigación se limitará a los desvíos que se habrían cometido solo en los dos últimos años, lo que supone que, lamentablemente, no serán pesquisados en su totalidad, lo que incidiría en las eventuales responsabilidades penales y civiles.
El intendente entregó la documentación requerida el pasado viernes, último día del emplazamiento fiscal, lo que implica que sus funcionarios necesitaron mucho trabajo para prepararla y ordenarla, por así decirlo. Su comportamiento dilatorio hace suponer, desde ya, que Nenecho recurriría a múltiples chicanas para trabar eventuales actuaciones judiciales, si el Ministerio Público imputara y luego acusara a quien o a quienes habrían delinquido. Como la CGR ya constató que una gran parte de los fondos habrían sido desviados hacia el financiamiento irregular de gastos corrientes, los fiscales Marlene González, Silvio Corbeta y Jorge Arce tienen el camino allanado en gran medida, siendo de esperar que sus investigaciones no sufran notables retrasos.
Este caso resulta emblemático, ya que es habitual que también las municipalidades del interior del país se endeuden para el pago de “servicios personales”, debido al prebendarismo reinante por doquier. La de Asunción, que ya está en “quiebra técnica” por culpa de este arraigado vicio que le hace desviar fondos en pro de la clientela y en perjuicio de los vecinos, sin excluir el enriquecimiento ilícito de sus autoridades, tiene que ser saneada a fondo y sin demoras. Su desastrosa administración financiera no puede prolongarse por los siglos de los siglos: no podría seguir violando la Ley Orgánica Municipal (LOM) una y otra vez, porque el “bicicleteo” por tiempo indefinido es imposible. Ni al intendente ni a la gran mayoría de los concejales se les ocurre alguna idea para poner fin a este sinsentido, porque, por de pronto, les beneficia bastante. Los pésimos servicios públicos y la precaria infraestructura les tienen sin cuidado.
El grotesco desgobierno, tan bien ilustrado por el grosero escándalo de los bonos, es atribuible tanto a la Intendencia como a la Junta Municipal, lo que significa que los asuncenos deben tener mucho más cuidado a la hora de votar. De hecho, sus elegidos se confabulan contra ellos, en beneficio propio y en el de sus allegados, sin que les importen la LOM ni el Código Penal: esperan que sus fechorías sean olvidadas al cabo de unas pocas semanas, para luego continuar con la infame historia de pagar sueldos mediante fondos a ser devueltos con intereses, sin olvidar el enriquecimiento ilícito.
Es vergonzoso que el gobierno de Asunción –”Madre de ciudades”– haya engendrado el que sería el mayor caso de malversación de la historia patria, so pretexto de mejorar las condiciones de vida de sus habitantes: el cinismo de sus autoridades, que bien saben del desastre financiero, es indignante y reclama una pronta intervención del Poder Ejecutivo y de la Cámara de Diputados, fundada en el informe de la CGR. Que, por su parte, el Ministerio Público y la judicatura obren con celeridad para que los protagonistas de este espantoso affaire reciban la sanción legal pertinente. Mientras tanto, los asuncenos siguen esperando conocer con claridad lo que se hizo y se hace con su dinero.