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Estalló el último 7 de mayo, gracias a una publicación periodística, pero este es el día en que el intendente asunceno, Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR, cartista), quien vive en Lambaré, sigue sin dar cuenta precisa de adónde fueron a parar los 500.000 millones de guaraníes que debieron invertirse en la construcción de obras. El presunto autor del que sería el peor caso de malversación de nuestra historia está siendo investigado por el Ministerio Público, que creyó oportuno allanar la sede de sus funciones, tras un categórico dictamen de la Contraloría General de la República (CGR). No obstante, los ediles prestaron luego su acuerdo, por amplia mayoría, para que el infame “bicicleteo” continúe mediante la contratación de tres nuevos préstamos por un valor total de 279.000 millones de guaraníes.
Este descarado contubernio entre la Intendencia y la Junta Municipal contra el patrimonio público tiene que ser desmontado, sin dilaciones, mediante la rigurosa aplicación del Código Penal y de la ley orgánica pertinente. La pesquisa por lesión de confianza, que entretanto solo afecta al jefe comunal, no debe quedar en la nada; aparte de que los responsables del mayúsculo desfalco deben cargar con las consecuencias penales y civiles que correspondan, habrá que emitir a quienes se vean tentados a incurrir en el robo del dinero de todos el claro mensaje de que no quedarán impunes: la sanción también tiene un efecto disuasivo.
En efecto, los corruptos confían en que el paso del tiempo provoque el olvido de la gente y la prescripción legal del hecho punible, alentando así la comisión de otros en perjuicio de todos: quedan sin castigo, y con ello se invita a otros a consumar sus pretensiones ilícitas. Peor aún, el latrocinio se “normaliza”, diluyendo la conciencia colectiva del delito: los ladrones de guante blanco, entre quienes se destacan los que ocupan cargos públicos, se vuelven incluso honorables, como si el desvío de fondos no causara víctimas. El intendente y el común de los concejales de Asunción esperan gozar de la impunidad resultante de la desidia de los órganos que deberían trabar la prosecución de sus desmanejos.
De algún modo, es comprensible que Nenecho persista en negarse a informar sobre los gastos realizados, mostrando comprobantes que los justifiquen de acuerdo a los fines previstos. No pudo hacerlo ante la CGR, así que le costará mucho hacerlo de cara a la ciudadanía. De nuevo, el jefe de Gabinete de la Municipalidad, Nelson Mora, aseguró que están cumpliendo con los pedidos de la Fiscalía en cuanto a las facturas sobre los bonos, y que si queda algo pendiente tienen tiempo hasta el viernes, en que vencería el plazo para hacerlo. Es de desear que tales evidencias entregadas o a entregar no dejen dudas sobre el uso del dinero de los asuncenos.
El destino de los 500.000 millones de guaraníes concierne a todos: los bolsillos a los que llegaron deben ser conocidos, más temprano que tarde. Todo indica, por de pronto, que aquí hay bastante que ocultar, razón de más para perseverar en el intento de obtener por las buenas que los responsables revelen los detalles del posible agravio al bien común, antes de que lo haga la Justicia penal, a instancias de la fiscalía. No van a sacarla tan barata, si la opinión pública se mantiene atenta para, entre otras cosas, impedir que la Municipalidad insolvente continúe endeudándose al solo efecto de pagar deudas. Poner coto a la presunta corrupción y al prebendarismo, causantes del descalabro financiero, interesa a la población asuncena, en primer lugar. Un informe maquillado no debe ser aceptado en absoluto. Se necesitan cuentas claras para que los asuncenos estén seguros del destino que se da al dinero de sus impuestos.