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El brutal dictador venezolano Nicolás Maduro es un viejo conocido en nuestro país. Siendo entonces canciller de su mentor, Hugo Chávez, en junio de 2012, llegó durante una crisis política a Asunción, oportunidad en que tuvo la osadía de arengar a militares paraguayos a alzarse contra la Constitución, la que por suerte fue desoída por los jefes castrenses. Hoy al frente del régimen chavista, quiere seguir por la fuerza pese a que ya no puede disimular una contundente derrota electoral, cuya evidencia salta en todas las formas. Hasta sus aliados de antaño, como Lula da Silva y Pepe Mujica, que apoyaban al régimen bolivariano, le retiraron su apoyo ante las evidencias de violaciones de los derechos humanos de los venezolanos.
En efecto, el último masivo fraude electoral cometido por el desfachatado autócrata bolivariano, régimen que a lo largo de un cuarto de siglo ha causado el éxodo de más de siete millones de venezolanos, equivalentes al 20% de la población, ha merecido el repudio de la comunidad internacional, con las comprensibles excepciones de las dictaduras de China, Rusia, Irán, Cuba, Nicaragua y de unas pocas naciones más. Las diversas fechorías perpetradas antes, durante y después de los comicios por los esbirros de este grotesco personaje ligado al narcotráfico, que incluyeron la persecución y encarcelamiento de dirigentes opositores, la expulsión de periodistas y de observadores políticos extranjeros en épocas de elecciones, entre otras arbitrariedades, han merecido las críticas más allá de las fronteras ideológicas.
Un ejemplo de lo afirmado es que el presidente chileno, el socialista Gabriel Boric, dijo que “el régimen de Maduro debe entender que los resultados que publica son difíciles de creer. La comunidad internacional y, sobre todo, el pueblo venezolano (...) exigimos total transparencia de las actas y el proceso, y que veedores internacionales no comprometidos con el Gobierno den cuenta de la veracidad de los resultados”. El lunes, siete Gobiernos iberoamericanos, entre ellos el nuestro, hicieron bien en expresar en un comunicado su “profunda preocupación por el desarrollo de las elecciones”, exigieron “la revisión completa” de sus resultados y pidieron “una reunión urgente del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) que salvaguarde la voluntad popular”. El encuentro fue convocado para hoy por el secretario general, Luis Almagro, quien desde ya exhortó al exponente del “socialismo del siglo XXI” que acepte la derrota y se abstenga de usurpar un tercer mandato consecutivo.
Las protestas pacíficas desatadas tras lo ocurrido el último domingo –una reedición de los comicios amañados de 2018– ya arrojaron más de 700 detenciones y 12 muertes provocadas por la Policía y por las fuerzas paramilitares del delirante tiranuelo que llegó a decir, entre otros múltiples disparates, que habló con Hugo Chávez reencarnado en un pajarito y que Jesús fue un palestino antiimperialista.
La corrupción y la ineptitud del chavismo provocaron una catástrofe migratoria de enormes proporciones, sin precedentes en Latinoamérica, en el rico país petrolero de otrora. Si a ello se suma que el régimen sigue inspirándose en una doctrina totalitaria fracasada en todo el mundo en el siglo XX, no debe extrañar que Venezuela se haya convertido en un páramo controlado por las bandas a sueldo de unos grandes delincuentes empotrados en el aparato estatal.
El poder forjado por el chavismo, hoy ejercido por un charlatán de feria y que acaba de proclamarse también “peronista y evista” (sic), se valió de la asesoría de miles de agentes del castrismo, a cambio de la provisión de petróleo. Pero ya no le servirán de mucho si el pueblo venezolano sigue mostrando coraje, como lo está haciendo, para recuperar sus libertades, con el apoyo del mundo democrático. Es lamentable que en nuestro país aún haya quienes apoyen a Maduro y sus secuaces, por considerarlos quizá compañeros de ideales. Por ende, hizo bien el senador Eduardo Nakayama al abandonar el “bloque democrático” de la Cámara Alta, porque “el fraude electoral, la violencia política, la tortura y la violación de los derechos humanos y la amenaza del uso de la fuerza militar para mantener un régimen ilegítimo, autoritario y criminal” no pueden ser convalidados por quienes dicen compartir valores democráticos.
Tanto la OEA como el Mercosur y otras organizaciones multinacionales tienen “cláusulas democráticas” que impiden la membresía a los países gobernados por dictadores, violadores de los derechos humanos y que conculquen las libertades de sus ciudadanos. Las mismas deben ser activadas con firmeza para impedir que regímenes como el de Maduro nunca más contaminen tales organizaciones, para buscar una América libre, democrática y promotora del desarrollo de sus pueblos.