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En lo que va del año, nueve operaciones policiales realizadas en Brasil, Argentina y Uruguay incautaron grandes cargamentos de cigarrillos contrabandeados desde nuestro país. A estas alturas, el dato no resulta sorprendente, pues bien se sabe que el Paraguay se ha vuelto un importante “exportador” de esos productos elaborados, sobre todo, por la firma Tabacalera del Este SA (Tabesa), de la que el expresidente Horacio Cartes dice haberse desprendido de modo formal tras haber sido declarado “significativamente corrupto” por el Gobierno de los Estados Unidos.
Los hechos referidos no inquietan en absoluto a Julio Martínez, el jefe de Operaciones Anticontrabando de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT): “Nuestra Dirección se ocupa más del ingreso de productos que de la salida (...) lo que ingresa es lo que perjudica”, dijo hace unos días, coincidiendo con la cínica opinión emitida en junio de 2022 por el presidente Santiago Peña, en aquel entonces precandidato a la presidencia de la República. Según sus palabras, quienes deberían preocuparse por el contrabando de cigarrillos son los brasileños y no los paraguayos. A ambos les tiene sin cuidado que el Código Aduanero incluya en el delito de contrabando, penado con hasta cinco años de cárcel o con multa, “las acciones u omisiones, operaciones o manejos, que tienden a introducir al país o extraer de él, mercaderías o efectos de cualquier clase, en violación de los requisitos esenciales exigidos por las leyes”. Así, según la misma normativa, también implica contrabando la salida de cigarrillos por las fronteras del país sin la documentación legal, en compartimientos secretos o de doble fondo o en una unidad de transporte en horas o por lugares no habilitados.
El 15 de agosto de 2023, Santiago Peña juró por Dios, por la Patria y por su honor “cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes de la República”, de modo que debería cambiar de parecer para no convertirse en un perjuro, y ordenar por ende a la DNIT, dirigida por Óscar Orué, que también controle la salida de productos nacionales, como los cigarrillos de Tabesa y de otras empresas, aplicando el Código Aduanero. Seguramente el jefe de Estado tendrá mucho que agradecerle al expresidente, pero se debe primero a un país que no puede seguir siendo la fuente del contrabando en gran escala dirigido a otras naciones. Es intolerable que las leyes aduaneras sean violadas gracias a la inacción del Gobierno paraguayo, obligado incluso por su propia normativa a impedir que las mercaderías salgan ocultas o por sitios no autorizados.
La cuestión sube de punto si se consideran los lazos entre el contrabando de cigarrillos y el crimen organizado transnacional, de los que trata un estudio del analista Guillermo Holzmann, recientemente publicado en Chile: allí, al menos el 81% del tráfico ilícito de cigarrillos estaría asociado al de armas y al de drogas. Por cierto, el año pasado, un canal de televisión reveló que la mitad de los cigarrillos ingresados de contrabando en dicho país provenía del Paraguay. Viene al caso volver a recordar, hablando de vínculos internacionales, que en 2014 el diario colombiano El Tiempo publicó una nota titulada “Mafia y FARC lavan fortunas con cigarrillos del presidente de Paraguay” y que en mayo de 2022 un sospechoso avión perteneciente a una firma iraní sancionada por el Gobierno norteamericano llevó a la isla de Aruba una carga de cigarrillos nacionales valuada en 755.000 dólares. El aparato luego fue retenido en la Argentina.
En este orden, vale la pena mencionar el informe más contundente en la materia, emitido en agosto de 2021 por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), una organización intergubernamental creada para combatir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo, que señaló al contrabando de cigarrillos como un factor facilitador de esas dos grandes actividades delictivas internacionales.
En la conclusión del mencionado informe, y que debe interesarnos específicamente como país de donde sale inmensas cantidades de contrabando de cigarrillo, expresa textualmente: “Las bajas tasas de detección, los bajos niveles de persecución a los responsables, el fácil pago de multas (...), la falta de cooperación, coordinación y comunicación entre gobiernos y la falta de un ímpetu estratégico común actúan como factores que deben considerarse facilitadores del tráfico ilícito de tabaco y el lavado de dinero o financiamiento del terrorismo resultantes” (las negritas son nuestras). Parece que el DNIT no piensa lo mismo, o no ha leído el mencionado informe por lo que le da tan poca importancia al voluminoso contrabando de cigarrillos que sale de nuestro país.
Por el contrario, lo referente al tabaco parece que tiene una consideración especial en las esferas oficiales de nuestro país. Hace poco más de un mes, y por razones obvias, la Cámara de Diputados, con votos de una mayoría cartista, rechazó un proyecto de ley que aumentaba en un 2% el impuesto selectivo al consumo de tabaco, que tenía el loable objetivo de financiar el tratamiento de los pacientes con cáncer. Evidentemente, para esos legisladores la salud importa mucho menos que los ingresos de las tabacaleras. Puede pensarse así que el poder fáctico tiene en el Congreso y en otros órganos estatales unos súbditos muy fieles, pero en absoluto desinteresados por los asuntos de interés ciudadano.
Así que, las autoridades aduaneras de los países vecinos se las aguanten, si no cuidan sus fronteras: las nuestras están abiertas para ciertos negocios bien apadrinados. No les importa que el Paraguay aparezca como el centro regional del contrabando tabacalero.
Es vergonzoso para el país que las cosas estén así en este ámbito: aplicar sin temor el Código Aduanero, con la intervención del Ministerio Público, sería una buena manera de empezar a cambiarlas. Pero, quien se anima a ponerle el cascabel al gato.