Cargando...
El presidente y exlíder de la bancada cartista-oficialista del Senado, Basilio “Bachi” Núñez, destituyó a una directora que había entrado por concurso y asumió en su lugar un seccionalero que llegó a la posición con una larga “trayectoria” de comisionamientos obtenidos como operador del clan Samaniego, por encima de muchos otros paraguayos con capacidad y méritos. Este tipo de atropellos, que distan de ser aislados, demuestran que la urgentemente necesaria reforma del Estado no es en contra de los buenos funcionarios, sino todo lo contrario, es a favor de ellos y de la ciudadanía, para protegerlos de los políticos y de los paracaidistas.
Como no realizan, y menos aún divulgan, evaluaciones objetivas del personal, como correspondería en una institución seria y responsable, no sabemos cuál ha sido el desempeño de la ahora exdirectora general de Desarrollo Institucional y Cooperación Externa, María Liz Sosa Studotti, licenciada en administración y magíster en Asuntos Públicos. Lo que sí sabemos es que ella entró por concurso de oposición en 2015 en un programa de fortalecimiento institucional monitoreado por el Banco Mundial, mientras su sucesor, César David Ortiz Jara, entró por la ventana, mediante la pervertida figura del comisionamiento, presuntamente por su lealtad a sus padrinos Samaniego en la seccional colorada Nro. 12 de la Capital.
El mismo año en que María Liz concursaba legítimamente por un puesto en 2015, César David era comisionado desde el Poder Judicial, donde tampoco consta que haya concursado, a la Municipalidad de Asunción para hacer de mano derecha del entonces saliente intendente Arnaldo Samaniego, a quien siguió luego sucesivamente a la Cámara de Diputados y a la Cámara de Senadores. La ley admite los puestos “políticos” y de confianza, pero deben ser temporales, específicos y caducar inmediatamente una vez concluido el motivo alegado para la contratación y el comisionamiento. En vez de eso, en 2023 el seccionalero César Ortiz fue confirmado como funcionario permanente del Congreso, de más está decir que sin concurso alguno.
Este nuevo caso se suma, entre muchísimos otros, a la reciente destitución de la periodista y cineasta Daniela Candia, quien era directora de Senado TV tras haber sido seleccionada en un concurso entre 40 postulantes, y el nombramiento en su reemplazo de Melissa Prieto, miembro titular de la seccional colorada Nro. 18 y fiel seguidora de Bachi, quien saltó sin escalas de “asesora de producción” a directora, con un salario cuatro veces superior.
Bachi también destituyó al director de la Asesoría Jurídica, Miguel Ángel Brítez Pereira, de reconocida trayectoria, para nombrar a su cuestionado operador Anselmo Duarte Samaniego, y también le otorgó un alto cargo en el Senado a Laura Gómez Cattebeke, hija de Octavio Gómez, todos de su reducto de Villa Hayes.
Todas estas movidas, que son apenas ejemplos, serían claramente violatorias de varias leyes “vigentes”, como la actual de la función pública y la “ley Godoy”, de racionalización del gasto estatal, sancionadas por el mismo Poder Legislativo, si no fuera porque los congresistas deliberadamente se han autoexcluido de manera expresa y sistemática de su cumplimiento con trampas introducidas subrepticiamente en la “letra chica” de las sucesivas leyes anuales de Presupuesto General, la última de ellas en el artículo 61 del Presupuesto 2024, aprobado con Bachi a la cabeza, con la anuencia y promulgación de Santiago Peña, el mismo que dijo durante su campaña que para acceder a un puesto público vale más activar en el Partido Colorado que tener cualquier título universitario.
La rosca armada por la clase política para disponer descaradamente de puestos y salarios en la administración pública, como si los recursos aportados por los contribuyentes fueran parte de su propio patrimonio, está tan profundamente enraizada en los tres poderes que no es sorprendente que la Ley 1626/2000, de la función pública, y otras del mismo tenor sean prácticamente letra muerta, absolutamente bastardeadas por medidas cautelares concedidas por la Corte Suprema y por “excepciones” de hecho y de derecho autoasignadas por quienes juraron ante Dios y ante la Patria cumplirlas y hacerlas cumplir.
Los buenos funcionarios, que los hay y muchos, son las primeras víctimas de esta situación. La reforma que requiere el país no es contra ellos ni es para socavar, ni para restarle fuerza y protagonismo al Estado. Antes bien, todo lo contrario. Es para identificar y potenciar a los honestos, los capaces, los comprometidos, y cerrarles los caminos a los parásitos, los haraganes, los corruptos, los que les deben sus puestos a los peces gordos de la política o del entorno del poder, y les responden a ellos, no al país.