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Si ayer nos referimos a las ambulancias ministeriales olvidadas en una calle y en un taller mecánico de Asunción, hoy debemos ocuparnos de otro indignante caso de negligencia en la gestión sanitaria: el abandono de siete locales previstos para servir como Unidades de Salud de la Familia (USF) en el departamento de Paraguarí. Las obras aún inconclusas –financiadas con un préstamo del Banco Mundial– tuvieron que ser entregadas en marzo de 2023 por la firma MES Ingeniería SA, cuyo contrato de 2022 está en vías de rescisión, tras haber cobrado –presuntamente– gran parte de la suma acordada de más de 7.300 millones de guaraníes.
Según la coordinadora regional de Atención Primaria de la Salud, Mercedes Montiel, los trabajos terminarán recién en febrero de 2025, tras un nuevo proceso licitatorio. Según la funcionaria, los locales no estarían abandonados, sino “parados”, aunque las malezas y las suciedades salten a la vista. Uno de ellos –el de Acahay– hace de establo.
A estos ejemplos de grave indolencia administrativa, el último de los cuales afecta a dos Gobiernos sucesivos, se agrega el reciente deceso de un enfermo oncológico en el Hospital Regional de Ciudad del Este: falleció sentado en una silla, porque no pudo obtener una cama para ser internado. Un amigo suyo se preguntó “hasta cuándo va a morir la gente así, en los pasillos de los hospitales”. La respuesta deberían darla, en primer lugar, las autoridades sanitarias, que no se inquietan por la falta de medicamentos, de insumos, de equipos o de instalaciones adecuadas.
Son gravísimas las carencias de los centros de salud, de los hospitales regionales o del Instituto Nacional del Cáncer, pero el Gobierno de Santiago Peña planifica erigir el Gran Hospital de Asunción, en un terreno de once hectáreas, empleando fondos de la República de China (Taiwán). Debe admitirse que el impacto propagandístico inmediato será considerable –que es lo que buscan generalmente los gobiernos populistas–, mucho más que el de dotar a las instalaciones sanitarias existentes de los recursos humanos y materiales que requieren para cumplir con su normal cometido. Es útil desatar la cinta inaugural de un gran sanatorio, aunque luego no pueda funcionar por falta de equipamiento.
Es evidente, entonces, que no se trata solo de la insuficiencia de fondos públicos, sino también –y sobre todo– de la indiferencia ante la suerte de los necesitados. Podrá aumentar notablemente el presupuesto del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, pero servirá de poco mientras impere la dejadez, a la que se agrega la ineptitud que impide, entre otras cosas, la buena planificación presupuestaria para reparar vehículos indispensables, tener dispensarios a tiempo o disponer de camas para terapia intensiva. Desde luego, también la corrupción y el derroche son falencias estatales de consecuencias dramáticas. Será difícil erradicarlos, dada la creencia tradicional de que el dinero público cae del cielo para bien de sus administradores y de sus familiares, pero habrá que intentarlo con vigor en defensa del bien común.
A la hora de fijar prioridades, el interés general queda relegado, lo que suele llevar al nacimiento de elefantes blancos, como los cinco edificios levantados en la zona portuaria asuncena, por iniciativa del Gobierno del expresidente Horacio Cartes, para asiento de oficinas gubernamentales. La gran mayoría de ellos, cuyo costo final superaría los cien millones de dólares, sigue desocupada.
Lo ocurrido con las siete USF es simplemente vergonzoso y desnuda la inoperancia, por decir lo menos, de un aparato burocrático que malgasta con impunidad el dinero de los contribuyentes. Una lección más de que el Estado paraguayo necesita –usando una terminología médica– una cirugía mayor para servir a la gente y no para estar a merced de quienes lo manejan.