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So pretexto de transparentar su gestión financiera, el Senado aprobó un proyecto de ley, hoy en estudio en la Cámara de Diputados, que apunta a restringir arbitrariamente las actividades de las organizaciones sin fines de lucro, entre las que figuran las llamadas “no gubernamentales” (ONG). Varias de ellas administran fondos de origen extranjero, que cooperan con entidades públicas en la ejecución de proyectos sociales, conforme a un modelo promovido en las últimas décadas por los países desarrollados. Según confesaron los promotores de la iniciativa, se busca que los fondos extranjeros no sean empleados para pervertir la cultura paraguaya, promoviendo tal vez la ideología de género, entre otras cosas. Así, puede pensarse, importaría menos que se robe, sino que se agreda nuestro estilo de vida, incluyendo el de uno de los senadores proyectistas, Erico Galeano (ANR, cartista), procesado por presunto lavado de dinero del narcotráfico.
En cuanto al dinero público de origen nacional, no faltan controles para impedir que sea malversado con la complicidad o el encubrimiento políticos, sino la voluntad de implementarlos. Pero qué mejor que argüir un descontrol en las organizaciones sin fines de lucro para intervenir y estar al tanto de los movimientos de algunas ONG que quieren “crear problemas” a ciertas instituciones estatales, dando a conocer, por ejemplo, cifras que desmientan o cuestionen las proporcionadas por el Gobierno, o que critiquen a las autoridades.
Se suponía que la tercerización a través de las ONG iba a atenuar al menos la corruptela y la ineficiencia, propias en la gestión estatal directa, pero la experiencia recogida hasta hoy resulta lamentable, cuando están en juego fondos públicos nacionales, debido al habitual contubernio público-privado, incluso con la intervención de simples testaferros de los instalados en el aparato estatal. Dan cuenta de la corruptela, por ejemplo, los más de 200 pozos de agua abiertos por el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra y los desmanejos en los fondos recibidos durante la emergencia sanitaria por seis Gobernaciones, entre ellas la del departamento Central, durante la administración del conocido animador Hugo Javier González, al margen de la “engorrosa” Ley de Contrataciones Públicas. Pero para la intervención ante presuntos desmanejos como los mencionados existen leyes e instancias apropiadas, sin hurgar en cuestiones propias de las organizaciones privadas.
En el caso mencionado del Departamento Central, que está siendo dilucidado en sede judicial, las serias ilicitudes, presuntamente cometidas mediante ONG “amigas”, fueron constatadas por la Subsecretaría de Estado de Tributación, la Secretaría Nacional Anticorrupción y la Auditoría General del Poder Ejecutivo. También pudo haber intervenido la Contraloría General de la República (CGR), que tiene la facultad de requerir informes sobre la gestión fiscal y patrimonial a las entidades privadas que administren fondos, servicios públicos o bienes del Estado, las que deben entregarle la documentación exigida, dentro de un plazo de cinco a veinte días. Por cierto, en 2016 fue incapaz de averiguar qué uso le dio la Organización Paraguaya de Cooperación Intermunicipal (la famosa Opaci) –una ONG manejada entonces por el clan del senador Basilio “Bachi” Núñez (ANR, cartista)– al dinero que cobra a las municipalidades por administrar el registro de conductores y que, curiosamente, también integra ahora el Consejo de Alimentación Escolar.
El infeliz proyecto de ley, propio de regímenes autoritarios como los de Nicaragua y Venezuela, no protege contra las supuestas amenazas a la paraguayidad; más bien atenta contra el derecho a asociarse con fines lícitos, complementando la acción gubernativa, con recursos propios, mediante el principio de subsidiariedad, que “favorece la democracia participativa y pluralista”, según declaró hace poco la católica Coordinadora Nacional de Pastoral Social: “El Estado debe prestar ayuda a los miembros del cuerpo social, pero no destruirlos y absorberlos”, sostuvo. Ante la inoperancia estatal, conviene que los ciudadanos se unan para ayudarse a sí mismos, sin ser obstruidos por los responsables de su abandono, so pretexto del control financiero y de la cultura nacional.
La Cámara de Diputados debe rechazar esta iniciativa que ataca a la sociedad civil, cuya libertad es inherente al sistema democrático. El Estado paraguayo no hace ni quiere dejar hacer, como el perro del hortelano; lo menos que se le puede exigir es que efectúe los controles legales previstos para que las ONG hagan buen uso del dinero público que administren, y que dejen a cargo de ellas ejercer sus respectivos controles internos. De lo contrario, estaremos en presencia de un peligroso intento del Gobierno de copar hasta las entidades privadas.