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La Contraloría General de la República (CGR) presentó al Ministerio Público un amplio y demoledor dictamen que confirma, como era de esperar, que en los dos últimos ejercicios el intendente asunceno, Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR, cartista), desvió presuntamente alrededor de 500.000 millones de guaraníes de los fondos obtenidos mediante la emisión de los bonos G6, G7 y G8 para construir obras de infraestructura. El principal obstáculo con que tropezó el órgano contralor habría consistido en que no fueron atendidos todos los requerimientos hechos a la Municipalidad el 9 de mayo de este año, lo que se corresponde con las maniobras evasivas a las que apeló el principal responsable desde que estalló el escándalo. Es que había mucho que ocultar, tanto que creyó oportuno darse una escapadita a Madrid con la vana pretensión de que se calmen las aguas.
Empezando la serie de presuntas irregularidades detectadas, la CGR señala que el plan de inversión, aprobado por la Ordenanza N° 28/22, no especificó los montos asignados a cada una de las obras, aunque ellas debían ser aprobadas hasta el monto previamente establecido, ni contempló “la construcción de desagües pluviales en las cuencas Aviadores y Bartolomé de las Casas, obras sí descriptas en la citada ordenanza”. Nenecho invocó más de una vez la “cuenta única”, creada por la Ordenanza N° 175/18, que contendría fondos para urbanizar, retribuir a proveedores, prestar servicios, saldar deudas o pagar sueldos. Citando al Ministerio de Economía y Finanzas, la CGR dice que el régimen de “cuenta única”, creado por la Ley N° 5097/13, solo es aplicable “al gobierno nacional o, quizá, para los poderes del Estado que cuentan con excedentes financieros dentro del mismo año fiscal”.
El dictamen tiene seis observaciones, resumibles así: 1) mediante la cuenta única, el intendente pagó 492.000 millones de guaraníes en gastos corrientes, sin adjuntar los documentos de respaldo ni detallar el origen de los fondos empleados, violando la Ley Orgánica Municipal (LOM); 2) la Municipalidad emitió los bonos G9 por 195.000 millones de guaraníes para reestructurar y refinanciar la deuda pública, a una tasa mucho más alta que la comprometida en los bonos rescatados; 3) al cierre de 2022, hay una diferencia de 20.100.487.965 guaraníes entre el saldo contable y el detallado en el extracto bancario y la conciliación bancaria de la cuenta habilitada para los bonos G9; 4) el extracto bancario de la cuenta abierta para administrar los fondos derivados de estos bonos incluye operaciones de débito en 2022 y 2023 por 499.951.298.000 guaraníes, pero la propia Municipalidad informó que al cierre de 2023 “no se realizó obligación ni pago al respecto”; 5) hay una diferencia de 162.000.968.000 guaraníes entre el saldo inicial de caja, “recursos de crédito interno bonos G8″ de la ejecución presupuestaria de ingresos y el saldo inicial del extracto bancario de la cuenta abierta para administrar los fondos en 2023; y 6) en ese año la Municipalidad contrató la construcción del desagüe pluvial de la cuenca del Mercado de Abasto a ser financiada por un monto distinto al previsto en el proyecto de inversión aprobado en 2022.
De entre las graves anomalías apuntadas, “a pesar de la limitada información proveída por el Ejecutivo Municipal”, la CGR señala que este, con el acuerdo de la Junta Municipal en 2018, aplicó la modalidad de la “cuenta única” no autorizada a las Municipalidades y que la LOM les prohíbe “realizar operaciones de crédito público para financiar gastos corrientes”. El dictamen, apoyado también en fallos de la Corte Suprema de Justicia, termina aconsejando correctamente que se remita su resultado al Ministerio Público para una eventual pesquisa, al Poder Ejecutivo, al Congreso, a la Intendencia y a la Junta Municipal de Asunción. En lo que al Congreso respecta, no sorprende que su impresentable presidente, Basilio “Bachi” Núñez (ANR, cartista), se haya apresurado a adelantar que no le van a “soltar la mano” a Nenecho. En cuanto a los ediles que aprobaron los balances generales de 2022 y 2023, se vuelve a recordar que, según la LOM, son personalmente responsables con sus bienes por los daños causados a la Municipalidad, que autoricen contra las normas vigentes. Todo parece indicar que una mayoría de ellos están más que comprometidos en las trapisondas que van surgiendo en la administración municipal. Tarde o temprano se les debe hacer pagar por los perjuicios que ocasionaren.
Quedó en evidencia, en fin, el tremendo desmanejo reflejado, entre otras cosas, en el pago de gastos corrientes sin documentos respaldatorios y en operaciones de débito hechas sin que hubiera obligaciones ni pagos en tales conceptos, según la administración municipal. Se aguarda que el Ministerio Público, el Poder Ejecutivo y la Cámara de Diputados cumplan con sus respectivas obligaciones, en defensa de la ley y del dinero público. Las presuntas operaciones ilícitas no deben quedar impunes. Hasta el momento, los asuncenos no saben aún con precisión dónde está la monumental suma de dinero contratada en su nombre, y que, al parecer, cayó en el insondable foso de la corrupción.
Los responsables de este tipo de operaciones escandalosas y aparentemente fraudulentas están tranquilos y dispuestos a repetir sus tropelías, porque la población afectada no reacciona en defensa de sus intereses. Es hora de despertar y manifestarse con firmeza y perseverancia, dentro de la ley, para repudiar a quienes lucran a sus espaldas con recursos que pertenecen a todos.