Cargando...
Convocados por la Junta Municipal de Asunción, al fin interesada en conocer el paradero de alrededor de 500.000 millones de guaraníes que debían invertirse en obras de infraestructura, el impresentable intendente Óscar Rodríguez (ANR, cartista) y su Gabinete admitieron que la sideral suma ingresada mediante la emisión de bonos fue desviada hacia otros derroteros, sin que haya sido informada la Superintendencia de Valores del Banco Central, como mandan la Ley N° 5810/17 sobre el mercado de valores y su reglamento general. Por cierto, este organismo puede suspender o cancelar una oferta pública ante indicios de que las negociaciones fueron fraudulentas, tal como habría ocurrido porque el propósito real fue muy distinto.
Se contaba con 728.404 millones de guaraníes, pero solo se ejecutaron 230.000 millones. La circunstancia de que al menos 12 de las 24 obras previstas no hayan sido construidas implica que el objetivo de la emisión de los bonos fue lisa y llanamente ignorado, violándose así la resolución que la autorizó. Tratando de justificarse, el principal responsable de la grave irregularidad invocó una vez más la llamada “cuenta única”, una suerte de bolsa común en la que habrían desembocado los fondos para financiar el normal funcionamiento de la Municipalidad.
Sin embargo, el art. 197 de la Ley Orgánica Municipal (LOM) prohíbe realizar operaciones de crédito público para financiar gastos corrientes, tal como ha realizado Nenecho. Es cierto que el art. 198 no considera “deuda pública municipal” las operaciones en el marco del financiamiento temporal de caja, pero es notorio que el dinero recaudado no sirvió para financiar déficits temporales, sino permanentes. Se trató, pues, de un vulgar “bicicleteo”, como el de todos los años, siendo de temer que se vayan colocando bonos para pagar a los actuales tenedores. De hecho, la Junta Municipal aprobó en abril una emisión por valor de 380.000 millones de guaraníes, de nuevo para solventar obras físicas, sin haberse interesado en la ejecución de los fondos obtenidos por esa vía desde 2020.
En cuanto a las obras de infraestructura supuestamente construidas, el jefe de la administración municipal tuvo el descaro de mencionar la estación de buses y el desagüe pluvial en la avenida Molas López, iniciadas bajo la gestión del intendente Mario Ferreiro, según señaló la edil Rossana Rolón (ANR); en cambio, omitió referirse a las que debían financiarse con la emisión cuestionada, entre ellas la red contra incendios en el Mercado N° 4, el mirador de Itapytãpunta, seis desagües pluviales y la revitalización de diez plazas. Al cabo de años, varios trabajos planeados ni siquiera se han iniciado.
Dada la franca confesión del intendente y de sus altos funcionarios, la concejala Fiorella Forestieri (PLRA) preguntó qué se hará para reponer el dinero ya empleado en otros menesteres. Nenecho respondió que se cobrará a los contribuyentes morosos, recurriendo incluso al embargo y al remate de sus inmuebles. En este punto se le debe recordar que es su deber constante perseguir la evasión tributaria, pero también respetar la LOM y la que crea la Superintendencia de Valores. Apelar al cobro compulsivo para tapar el tremendo agujero abierto por violar groseramente estas normativas es una medida desesperada a todas luces.
El intendente tuvo que haber atendido los destinos específicos de los fondos recaudados; al no hacerlo así, también se burló de los muy serviciales (o cómplices) ediles, que son personalmente responsables con sus bienes, según las leyes civiles y penales, por los daños causados a la Municipalidad por actos y operaciones que autoricen contra las normas legales vigentes, salvo que hayan hecho constar su disidencia en el acta de la respectiva sesión o hayan estado ausentes con permiso previo: lo dice el art. 276 de la LOM, para lo que hubiere lugar.
La vaga “rendición de cuentas” tuvo la importancia de revelar de primera mano lo que ya se presumía, es decir, que el dinero ingresado no sirvió para financiar determinadas obras de infraestructura, sino, en el mejor de los casos, para cubrir gastos corrientes, como el pago de dietas y de sueldos. Se ha facilitado así el trabajo de la Contraloría General de la República, cuyo pronto dictamen se espera. En suma, la emisión de los bonos habría sido un verdadero fraude, que debe tener consecuencias, como la intervención de la desastrosa Municipalidad capitalina. Para los asuncenos, el destino del dinero sigue siendo tan oscuro como hasta ahora, por lo que es necesario redoblar los reclamos para que aparezca y no haya caído en el profundo agujero negro de la corrupción.