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Según reveló la senadora Celeste Amarilla, el contraalmirante (r) Cíbar Benítez, secretario permanente del Consejo de Defensa Nacional (Codena), expuso ante una comisión senatorial que lo había convocado por varios asuntos la existencia de una “desventaja logística del Estado ante bandas criminales”.
La senadora Amarilla se centró en el tema helicópteros, pues el almirante Benítez atribuyó a su falta el ataque realizado la pasada semana contra uno de ellos supuestamente por el narco que controla el departamento de Canindeyú, Felipe Santiago Acosta, “Macho”: La operación durante la que se produjo el ataque debió realizarse con dos helicópteros, pero solo se usó uno, pues hay nada más que tres en estado operacional, según el relato de la senadora de la exposición del militar.
Un relevamiento somero de datos públicos indica que en agosto de 2019 Taiwán donó dos helicópteros Huey, el tipo atacado; luego, ese diciembre, otros tres y en marzo de 2021 otros tres helicópteros similares. Los inventarios a febrero de 2023 realizados por publicaciones especializadas hablaban de doce helicópteros de este tipo.
Unos quince meses después, la senadora Amarilla dice que el almirante Benítez se quejó de tener solamente tres de estos helicópteros. Es de esperar que en la reunión, los senadores le hayan preguntado por los restantes nueve, aunque ninguno habló de ello.
Podría suponerse que estos nueve están comprometidos en otras áreas de vigilancia, pero si ese fuera el caso, no hay razón alguna por la que dichas áreas no deban proporcionar soporte a otra que se encuentra en apremios de combate. Ni la mayor potencia militar del planeta, Estados Unidos, sacrifica la eficacia de sus misiones militares por el dudosísimo criterio de no destinar a ellas los equipamientos originalmente destinados a otras áreas; véase como ejemplo el actual caso de sus portaaviones para la zona de operaciones del Mar Rojo.
Pero podría suponerse también que los otros nueve no están operativos. Que las Fuerzas Armadas no pueden disponer de ellos porque les falta mantenimiento, están descompuestos, parados acumulando polvo.
Hasta donde existe documentación pública, no hay información sobre esta posibilidad, lo cual no garantiza que no esté ocurriendo, sino que puede estar evidenciando un intento de ocultamiento ilegítimo de la situación real.
Si este fuera el caso, el Ministerio de Defensa y el mando de las Fuerzas Militares deberán explicar acabadamente por qué esos helicópteros no recibieron adecuada atención, pues la obligación del Ministerio y el mando es mantener la capacidad operativa de las Fuerzas Armadas, para lo cual el pueblo paraguayo paga un importante presupuesto.
Si no mantuvieron operativos los helicópteros, deberán explicar en qué usaron la plata y quién autorizó ese desvío. Es de esperar también que en la reunión mencionada con los senadores, le hayan preguntado al almirante Benítez sobre esta variable.
Sin embargo, ninguna de las dos posibilidades es aceptable, bajo ninguna circunstancia: Ni la rigidez que impediría brindar soporte a unidades bajo apremio de combate, ni la falta de mantenimiento de los equipamientos puede aceptarse cuando un narco disputa el ejercicio del poder del Estado en un vasto territorio de nuestro país, el departamento de Canindeyú.
Los narcos reclutan a comunidades originarias para imponer órdenes de producción a los agricultores del departamento, para dirigir sus ventas y para cobrar un “impuesto” revolucionario. El Estado paraguayo ha sido reemplazado en una parte de su territorio soberano y, sin embargo, las Fuerzas Armadas son enviadas a las operaciones de reconquista con una precariedad criminal, completa y totalmente injustificada.
Las aclaraciones de parte del Gobierno y del Senado se tornan imperiosas después de estas revelaciones de la senadora Amarilla, porque ponen en evidencia una irresponsabilidad que no merece la defensa de nuestra República. Siempre hay una excusa para justificar la falta de resultados.