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La 54ª Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) que se inauguró anoche en la sede de la Confederación Sudamericana de Fútbol, en Luque, contempla unas deliberaciones centradas, entre otras cosas, en la lucha contra el crimen organizado, pues se trataría del “principal problema que tienen las democracias y los derechos humanos en la región”. Así lo consideró el secretario general de la entidad continental, Luis Almagro, al abogar por enfrentarlo apelando al Estado de derecho y al fortalecimiento institucional, como el de la Justicia, mediante una mayor eficiencia.
Sin haber llegado aún a las situaciones extremas reinantes en ciertos países latinoamericanos, el Paraguay, anfitrión del cónclave, ya está dando desde hace años buenos motivos para compartir la opinión de que el dinero empleado por dicha modalidad delictiva puede sacudir el sistema político, hasta el punto de que el anterior presidente, Mario Abdo Benítez, afirmó más de una vez que la mafia se ha introducido en todas las instituciones del Estado. Suele asociársela con el narcotráfico, pero también se dedica en gran escala al secuestro, a la trata de personas, al contrabando de cigarrillos, al tráfico de armas, a la ciberdelincuencia y no por último al asesinato, de lo que resulta que la gama es bastante amplia.
Estos poderosos grupos criminales operan a veces desde las esferas gubernativas, como se ha visto en el caso del expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, condenado hace dos días en los Estados Unidos a 45 años de cárcel por narcotráfico. Sus acciones han traspasado las fronteras de sus países, por lo que se requieren firmes acuerdos internacionales y no solo declaraciones formales de los organismos multinacionales para combatirlos con algún éxito.
Una modalidad que se ha visto en los últimos años es que los grupos mafiosos actúan desde las cárceles que controlan. El llamado “Tren de Aragua”, hoy en expansión, nació en una penitenciaría venezolana, mientras el Gobierno de Ecuador creyó necesario declarar en enero el estado de emergencia y conflicto interno, pues incluso las prisiones estaban en manos de bandas criminales. Los cárteles mexicanos son de sobra conocidos, al igual que el Primer Comando da Capital y el Comando Vermelho, mafias brasileñas con fuertes ramificaciones en el Paraguay y otros países vecinos. El Salvador habría llegado quizá a una condición tan trágica como la de Haití, si su presidente Nayib Bukele no hubiera enfrentado a las “maras” con mucho rigor pero con éxito, aunque algunos de sus métodos fueron cuestionados por presuntas violaciones de los derechos humanos.
Dada esta situación, sin duda, es necesaria la lucha conjunta contra el crimen organizado, por lo que se espera que de esta reunión que se realiza en Asunción salgan decisiones que sirvan realmente como herramientas para combatirlo con eficacia en forma conjunta, y no meras denuncias –sobre asuntos que ya se conocen– y declaración de intenciones que no aportan nada concreto y efectivo. Esto, independientemente de que cada uno de los 32 Estados miembros de la OEA limpien a la vez sus respectivas casas. Nuestro país tiene mucho que hacer al respecto.
Ya es hora de acabar con las solemnes expresiones de deseos que se agotan en el papel en que están formuladas.