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El ambicioso programa de alimentación escolar (Hambre cero), que llevarán a cabo durante tres años el Ministerio de Desarrollo Social (MDS) y quince Gobiernos departamentales, insumirá durante tres años más de 3 billones de guaraníes (406 millones de dólares), lo que significa que, según la triste experiencia, podría resultar muy tentador para la comisión de grandes negociados. Por de pronto, es saludable que la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) haya abierto sendas investigaciones, respondiendo a denuncias formales recibidas. Es de esperar que sean exhaustivas y arrojen conclusiones en la brevedad.
Dado el frecuente contubernio entre jerarcas de una entidad convocante y los oferentes o contratistas, reflejado en las licitaciones públicas direccionadas, en los sobrecostos y en el descontrol de la ejecución, es necesario que la ciudadanía siga de cerca el bombástico emprendimiento gubernativo; en especial, los padres de los alumnos beneficiarios deberían atender que el almuerzo sea puntualmente proveído, de acuerdo a los estándares de calidad exigidos, pues está en juego incluso la salud pública. No es absurdo presumir que son muchos los interesados en valerse del programa para llenarse los bolsillos al margen de la ley, tal como ha acontecido, más de una vez, desde la introducción del Programa de Complemento Nutricional en las escuelas en 1999.
Aparte de la DNCP, también la Contraloría General de la República tiene que prestar mucha atención al programa en cuestión, tal como lo hizo hace poco más de un año al constatar serias irregularidades cometidas en 2021 y 2022 en el departamento Central, siendo gobernador Hugo Javier González (el “número dos”), hoy acusado de lesión de confianza y otros delitos. Entre otras cosas, señaló que faltaban porciones, tanto en el plato de comida como en los “kits” retirados por los padres. La DNCP ya hizo varias observaciones a los actuales pliegos de bases y condiciones elaborados por los Gobiernos de Amambay, Caazapá, Guairá, Canindeyú y Paraguarí, todos dirigidos por representantes del cartismo. En los dos últimos casos, por ejemplo, objetó un aspecto que podría resultar “limitante/excluyente”, es decir, reflejar el propósito de orientar la licitación pública hacia algún oferente, violando el principio de “igualdad y libre competencia”, del que habla la Ley N° 7021/22.
No está de más insistir en que la alimentación escolar no debe dar pie a una canallesca “comilona” de fondos públicos, mediante procedimientos contractuales amañados, en perjuicio del erario y quizá hasta de la sanidad de los destinatarios. Es preciso, pues, que la ciudadanía vigile la ejecución del programa, realizando denuncias si fueran necesarias, para precautelar los recursos del Fondo Nacional de Alimentación Escolar y “garantizar la seguridad alimentaria y nutricional y la preeminencia del bien común sobre el particular”, tal como dice la ley sobre el “Hambre cero”. Ella ordena que los alimentos sean “de calidad y nutricionalmente aceptados”, pero se ha denunciado ante la DNCP que las “necesidades dietéticas especiales” son ignoradas en el pliego de bases y condiciones de la licitación pública para Asunción y los departamentos Central y Presidente Hayes, que habría sido concebido por el MDS sin estudios técnicos ni estadísticas alimentarias.
Los órganos de control y la población deben poner el programa bajo la lupa, para evitar que los aprovechados de siempre lleguen a “estar mejor”, gracias a un laudable objetivo.