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Primero dijeron que el acuerdo con Brasil en Itaipú habilitaba “de inmediato” al Paraguay a comercializar su energía en el mercado brasileño. Luego tuvieron que aclarar que la mención en el documento solo se refería a la energía de terceras fuentes y, dentro de ese marco, el presidente Santiago Peña anunció la colocación de 100 megavatios de la usina de Acaray. Ahora resulta que tampoco eso está aprobado y que todo lo que está preparando la ANDE, según admitió su titular, Ing. Félix Sosa, es ad referéndum de la autorización del Ministerio de Minas y Energía del Brasil, previo cumplimiento de una larga lista de requisitos, que incluye hasta una auditoría de una institución brasileña a una institución paraguaya.
Sosa dijo que en menos de un mes estarán listos los términos de referencia para la subasta de esos 100 MW, pero que allí se hará constar que todo está a instancias del otorgamiento de los permisos y de la “aprobación de los procedimientos” por parte del Gobierno brasileño a través del Ministerio de Minas y Energía y otros entes del sector, lo cual difiere de lo que con bombos y platillos se había informado con anterioridad. Señaló que “es una situación nueva para ambos países” y que, si bien Brasil importa energía eléctrica de Uruguay, Argentina y Venezuela, no lo hace para el mercado libre, “sino para el mercado de oportunidades, es decir, a cortísimo plazo”.
Según se filtró, entre los requisitos que se tendrían que cumplir figuran el de someterse a una auditoría de la Agencia Nacional de Energía Eléctrica (ANEEL) del Brasil y a la supervisión del Operador Nacional del Sistema Eléctrico, así como compartir toda la información con la Cámara de Comercio de Electricidad, con datos tales como cantidad recaudada por hora, origen de la energía vendida e identificación de los compradores.
Igualmente, absorber las pérdidas en la línea de transmisión entre el punto de medida y el punto de entrega, las cuales son fijadas unilateralmente por la ANEEL. Asimismo, se exige que la ANDE contabilice por separado los ingresos, gastos, costos incurridos con la actividad de importación autorizada, como también que pague la Tasa de Inspección de Servicios de Energía Eléctrica (TFSEE) y los cargos de conexión y uso de sistemas de transmisión y distribución, a la par de cumplir con todas las obligaciones tributarias, aduaneras y cambiarias del Brasil.
Es curioso que el titular de la ANDE arguya que esta es una situación nueva y que insinúe que Brasil no tiene experiencia en importación de energía eléctrica, cuando en los últimos cuarenta años, desde que empezó a generar la primera turbina de Itaipú, el vecino país ha importado el 100% de los excedentes paraguayos en la central, con la única diferencia de que no ha pagado por ellos o, por lo menos, no los ha pagado en la medida de su valor real, aunque sí los ha revendido en el mercado y obtenido las rentas que le deberían corresponder a Paraguay.
Por otro lado, Brasil lleva ya muchos años con el sistema eléctrico desmonopolizado, con la participación en su mercado de más de 150 operadores, la gran mayoría privados. Además, la compraventa de bloques de energía eléctrica no es algo que se esté inventando, sino una práctica ya muy habitual en el mercado internacional, no mucho menos que la de cualquier mercadería. Esto significa que Brasil no tiene que “aprobar procedimientos” para el Paraguay, sino que los mismos ya están absolutamente establecidos, probados y plenamente vigentes, iguales para todos, ya aplicados y cumplidos de manera corriente desde hace tiempo.
Pero, al margen y más importante que todo esto, Paraguay tiene que vender su energía en Paraguay, con las normas y las leyes paraguayas, no brasileñas. Son los compradores/importadores los que tienen que adecuarse a las reglas y costos locales del mercado de importación, no el vendedor/exportador, que solo ofrece el producto y negocia el precio.
La venta de 100 MW de Acaray no es un gran negocio para la ANDE ni para el Paraguay, menos todavía teniendo en cuenta que esta usina, con alto grado de obsolescencia y reiteradas detenciones, no puede ofrecer energía firme, por lo que no se espera obtener muy buenos precios. Según alegaron, el objetivo es “ejercitarse” para cuando Paraguay pueda efectivamente comercializar sus excedentes de Itaipú, desde 2027, tras la revisión del Anexo C. Supuestamente ese es el espíritu de lo acordado, pero si ya se ponen estas trabas por un volumen que representa menos del 3% de la disponibilidad nominal del país en la central, no hay que ser adivino para imaginarse qué va a pasar cuando verdaderamente se quiera entrar a competir en el mercado regional.