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El Centro de Empresarios de Transporte de Pasajeros del Área Metropolitana (Cetrapam) levantó su ilícita amenaza de paro entre el 11 y el 13 de junio, luego de que el Gobierno se haya obligado a entregar los subsidios pendientes y a concluir dentro de tres meses unos estudios que “avalen”, entre otras cosas, el aumento del lucro empresarial del 8% al 14%. No obstante, el viceministro de Transporte, Emiliano Fernández, anunció esta semana que “continuarán los dolores de los usuarios”, mientras la cuestión de fondo no sea resuelta mediante una futura ley de reforma del transporte público.
Esa cuestión podría incluir, por ejemplo, la de si el subsidio, en caso de creerse necesario, debe ser otorgado a unos “empresarios” que no compiten entre sí y quieren una ganancia asegurada o más bien ser recibido en forma directa por los pasajeros. Incluso, habría que preguntarse si es justo que solo beneficie a los del área metropolitana de Asunción, siendo financiado por los contribuyentes de todo el país. Ahora bien, cualquiera sea la decisión adoptada, es presumible que los “dolores” continúen porque en este país se acostumbra que las leyes de diverso orden no se cumplan ni se hagan cumplir. Muchas solo tienen una vigencia teórica, como si su mera sanción conllevara de inmediato la solución de un problema.
Si las normas que regulan el transporte público fueran en verdad aplicadas, los usuarios no serían víctimas de “reguladas” chantajistas ni por ende viajarían en buses atestados, pese a que los subsidios ascendieron en 2023 a 332.550 millones de guaraníes, y de enero a abril de este año a 109.140 millones. Ni al Viceministerio de Transporte ni al Ministerio Público les faltan normativas que invocar para combatir una práctica odiosa, que persiste debido a la impunidad reinante, atribuible también a los estrechos lazos entre los “empresarios” adictos a la extorsión y la “clase política” que emplea sus servicios en tiempos electorales.
La ley que rige la Función Pública califica el transporte de pasajeros de “imprescindible”, pues su interrupción arriesgaría la vida, la salud o la seguridad de la gente. La de concesiones de obras y servicios públicos exige que el concesionario preste el servicio en forma continua; la que cancela la licencia, el itinerario y el subsidio a empresas del transporte público que violan la ley dice además que es un hecho punible extorsionar a órganos estatales relacionados con sus servicios. Los usuarios no seguirían sufriendo “dolores” si estas normativas fueran aplicadas a los causantes, con independencia de la ley anunciada por el viceministro. Como es evidente que no existe la voluntad de hacerlo, sería más honesto derogarlas o modificarlas, en vez de mantener la farsa que supone su inobservancia continua, exenta de sanción.
El viceministro reconoce el padecimiento de quienes sirven de rehenes para imponer demandas, pero nada ha dicho sobre lo que hará para acabar con las canallescas “reguladas”, que prosiguieron incluso tras el levantamiento del paro chantajista. Si es inadmisible que no se tomen las medidas legales para librar de “dolores” a los usufructuarios, también lo es que se negocie con quienes tienen el hábito de cometer un hecho punible, según fuertes indicios. Debe recordarse a las autoridades que el principio de igualdad ante las leyes también vale para los socios del Cetrapam; si delinquen, el solo hecho de que sean “empresarios” de saco y corbata, bien relacionados con el poder, no les hace más honorables que un vulgar motoasaltante.
Poco antes de la última reunión tripartita, el presidente Santiago Peña dijo: “No vamos a aceptar el chantaje”. Es de esperar que dicha actitud también se manifieste ante toda nueva “regulada” y que lleve consigo la aplicación de los castigos legales pertinentes. Es necesaria la reforma del transporte público mediante la aplicación efectiva de una ley a ser promulgada, pero desde ya se impone poner fin al abuso de la paciencia de los vapuleados usuarios, haciendo sentir a los chantajistas el rigor de la legislación vigente. Aunque nuestras autoridades no lo crean, a juzgar por la oronda admisión del viceministro Fernández, “los dolores de los usuarios” no tienen por qué continuar. Para remediar la situación, solo falta que se animen a aplicar la ley.