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Santiago Peña apostó muy fuerte al principio de su mandato por la ley que crea una Superintendencia de Jubilaciones y Pensiones, al punto de utilizar contra viento y marea su mayoría parlamentaria para hacerla aprobar en tiempo récord pese a la airada resistencia que provocó en algunos sectores. Su argumento fue la impostergable necesidad de que el Estado asumiera su rol de supervisor de las cajas previsionales establecido en la Constitución Nacional, ante la situación de crisis actual o latente de la mayoría de ellas, lo cual no solo ponía en riesgo la sustentabilidad de las mismas, sino de las propias finanzas públicas. Sin embargo, todo quedó ahí, porque han pasado casi seis meses desde su promulgación y la ley sigue sin entrar en vigencia.
El motivo alegado es que las centrales obreras y las organizaciones de jubilados no han sugerido aún a sus representantes para integrar el Consejo de Seguridad Social, que, entre otras funciones, será el encargado de presentar una terna al Poder Ejecutivo para el nombramiento del superintendente. Este, a su vez, ejercerá funciones de contralor de todo el sistema y de cada caja en particular, como ocurre con el sector financiero, se supone que conforme a parámetros de administración y solvencia previamente reglamentados y en línea con estándares internacionales.
El propio ministro de Economía, Carlos Fernández Valdovinos, reconoció amargamente que desde su cartera están presionando a tales centrales y organizaciones, pero que ni siquiera se han definido todavía las modalidades para la elección, lo que sugiere que la ley está muy lejos de la implementación, con lo que todo el discurso sobre la extrema urgencia de la reforma cae en saco roto.
El Consejo de Seguridad Social es una concesión populista del Gobierno para atenuar el costo político y dar una fachada de participación. Los consejos de este tipo, de corte corporativista, heredados históricamente del modelo fascista de Benito Mussolini, generalmente no sirven para nada más que para repartir privilegios, alimentar al monstruo burocrático, diluir responsabilidades y amortiguar críticas de los gremios.
Una muestra de ello es el Consejo de Administración del Instituto de Previsión Social (IPS), calcado del que crea esta nueva ley, que supuestamente representa a los distintos sectores, pero que en la práctica es poco más que un simple órgano validador, incapaz de imponer buenas prácticas y de impedir que el IPS sea un antro de ineficiencia y corrupción, con un Fondo de Jubilaciones y Pensiones que entró en déficit veinte años antes de lo previsto y un Fondo de Salud que acumuló una deuda ¡de 3.300 millones de dólares!, según se acaba de revelar.
Los consejos no son instancias superiores e independientes, como los quieren presentar. Todos los miembros son nombrados y se subordinan al Poder Ejecutivo, que es al que verdaderamente responden para conservar sus puestos. Tres de los seis del nuevo Consejo de Seguridad Social ya están nominados y pertenecen al gabinete económico: el citado Fernández Valdovinos, el presidente del Banco Central, Carlos Carvallo, y la ministra de Trabajo, Mónica Recalde, con lo que de por sí se aseguran el quorum y el voto de desempate. Los otros tres saldrán de los propuestos por la Feprinco por el empresariado, por las centrales sindicales y por las asociaciones de jubilados “legalmente constituidas”, pero siempre con la venia y nombramiento del Gobierno, igual que en IPS.
Cabe mencionar, además, sin ahondar en los posibles conflictos de intereses, que hay un serio problema de representatividad. La Feprinco es un gremio importante, pero ni se acerca a nuclear a las decenas de miles de empresas que aportan como empleadoras a la seguridad social. Peor aún es lo que ocurre con las asociaciones de jubilados. Solamente el IPS tiene 80.000 y ni una pequeña fracción de ellos forma parte de las múltiples organizaciones existentes. Y ni hablar de los cientos de miles de trabajadores y aportantes, que difícilmente se sientan representados por las débiles, fragmentadas y enfrentadas centrales sindicales.
En síntesis, lo del Consejo de Seguridad Social es un pretexto que el Gobierno debería poder resolver fácilmente si realmente se lo propusiese, mientras, en contrapartida, en la Caja Fiscal se incrementa el déficit galopante, en el IPS se avizora una crisis de enormes proporciones y hasta asistimos a hechos como el del autor confeso de un incendio por encargo para quema de archivos en la Caja Municipal.
Si el Gobierno verdaderamente cree que la supervisión es crucial y perentoria, como tanto lo ha proclamado y como creemos que lo es, entonces que asuma el liderazgo y el poder que le otorga la Constitución, que lleve de una vez adelante la reforma sin más demoras y que se haga cargo de las responsabilidades, como corresponde. Es hora de hechos, no de tantas palabras.