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Las crónicamente deficitarias empresas estatales Compañía Paraguaya de Telecomunicaciones SA (Copaco), Petróleos Paraguayos (Petropar) e Industria Nacional del Cemento (INC) suponen una terrible sangría para el país y los contribuyentes, que no sería controlada en un futuro previsible. Según sus respectivos balances, el año pasado registraron pérdidas por un valor total de nada menos que 405.426 millones de guaraníes, una sideral suma que, sin duda, podría tener destinos mucho mejores.
Lo que con toda franqueza el presidente de la Copaco, Óscar Stark, dijo de ella hace un par de meses en una audiencia pública también resulta aplicable a los otros dos elefantes blancos: “Es un problema para el desarrollo económico del país (...) su rumbo es un rumbo de colisión”, pues el año pasado perdió 174.848 millones de guaraníes, debe 833.000 millones y sus decrecientes ingresos mensuales ni siquiera alcanzan para cubrir los salarios de sus tres mil funcionarios, sin que hasta hoy se conozca un plan de saneamiento financiero; solo se sabe que no existe la intención de privatizarla. Si fuera una firma privada, ya habría convocado a sus acreedores, pero como no lo es, puede seguir perdiendo dinero a mansalva sin que los “accionistas” –el único es el Estado, es decir los contribuyentes– puedan librarse de sus “acciones”.
Su antecesora, la Administración Nacional de Telecomunicaciones (Antelco) debió haber sido privatizada en su oportunidad, hace ya muchos años. Copaco sigue con el monopolio de la obsoleta telefonía fija, pero también su empresa satélite de telefonía móvil –Vox– tiene problemas financieros muy graves, dado que su patrimonio neto negativo supera los 100.000 millones de guaraníes. Según Óscar Stark, ya estaría en “quiebra técnica”, pero la empresa matriz “aún no”, aunque “sigue el mismo camino”; sus cada vez menos usuarios se quejan, pero la Secretaría de Defensa del Consumidor y el Usuario se muestra impotente: multar al sector privado sería “más fácil”, al decir de la secretaria ejecutiva de dicha dependencia, Sara Delia Irún, de lo que se deduce que una empresa estatal puede desatender a sus clientes con toda impunidad.
En 2023, ese otro botín de caza de los mandamases de turno llamado Petropar, que tiene como concesionarios al vicepresidente de la República, Pedro Alliana, al senador Basilio Núñez (ANR, cartista) y a la diputada Jazmín Narváez (ANR, cartista), tuvo un déficit de 153.578 millones de guaraníes; ocurre que habría vendido gasoíl a un precio inferior al costo, cumpliendo con una promesa electoral de quien funge de presidente de la República y apuntando a la vez a desplazar del mercado, mediante la competencia desleal del dumping, a las estaciones de servicio privadas. Por cierto, Petropar es aquí juez y parte, en la medida en que regula el sector y al mismo tiempo compite en él.
Otra muestra cabal del reciente modelo de gestión de su presidente, Eddie Jara, ha sido la fallida compra de gasolina por la friolera de 51 millones de dólares a Andrea Lafarja, una proveedora de alfombras y decorados, a la que terminó demandando el pago de la garantía de 1,5 millones de dólares, sin resultado alguno hasta la fecha. Por cierto, su actual presidente fue denunciado por desfalco en octubre de 2018 por su reemplazante de entonces Patricia Samudio, hoy procesada por el delito de lesión de confianza que habría perpetrado al comprar a alto precio agua tónica para luchar contra la pandemia del coronavirus. En suma, ni el pasado ni el presente de esta empresa estatal son ejemplos de eficiencia y de honestidad.
En cuanto a la INC, que está dirigida por Gerardo Guerrero y monopoliza la producción de cemento a partir del clínker importado, perdió el año pasado 77.000 millones de guaraníes, porque habría comprado a un alto precio el combustible empleado en la planta de Vallemí para fabricar el clínker. Debido a una emisión de bonos del Tesoro Nacional auspiciada por Horacio Cartes, la deficitaria empresa adeuda 80 millones de dólares que habrían sido invertidos en dicha planta y en la de Villeta, con el fin de ahorrar costos en el sistema de combustión: la amortización debió iniciarse en 2020, pero el año siguiente aún no había hecho ningún desembolso por las cuotas vencidas; ahora resulta que los bonos deben ser totalmente pagados en 2050. “Impacta muchísimo la diferencia de cambio”, según el gerente financiero, Luis Ayala.
El desempeño de las empresas estatales, caracterizado por la ineficiencia, el clientelismo y la corrupción, es un verdadero lastre para el desarrollo y para el erario. Es hora de liberarse de tan pesada carga que suponen, empezando por un sinceramiento de su contabilidad, pasando por una evaluación profunda de sus posibilidades y terminando con un detenido examen de la administración interna, incluso desde el punto de vista penal. Cuando una empresa es de “todos”, resulta que de hecho no es de nadie o solo de quienes la dirigen, sin arriesgar su capital sino el dinero público, que sí es de “todos”: no tienen nada que perder, salvo el puesto en el peor de los casos, y mucho que ganar, a través de licitaciones amañadas, entre otras corruptelas.